Rafael, empleado público en Almería, tiene un contrato temporal que vence en junio; se lo renuevan cada año desde hace una década. Maica, profesora de secundaria en Vigo, es interina desde hace 32 años y Vicenta, limpiadora en la Comunidad de Madrid, hace 15. Son trabajadores que este sábado se han manifestado la capital para denunciar el "abuso de temporalidad" en el sector público y reclamar que las Administraciones conviertan en fijos a los empleados de larga duración. "Es la única sanción posible", han zanjado los convocantes a la espera de una sentencia de la justicia europea que decida sobre su situación.

"Yo cubro la plaza de una persona que falleció", ha asegurado Jesús, un bombero de Albacete de 35 años. Tiene el mismo contrato temporal desde 2009 y se siente un trabajador "de segunda". "No puedes optar a un traslado y no puedes crecer en tu trabajo", ha lamentado detrás de la cabecera de la manifestación, vestido con traje antillamas y casco. Para él, fue "una apuesta muy grande" ser empleado público, pero se queja de que "no se puede alargar para siempre" la situación de temporalidad. Esperaba opositar al poco de tiempo de entrar a trabajar y que las plazas se cubrieran regularmente: "No ha sido así".

Las miles de personas –12.000, según los organizadores– que han marchado durante tres horas por el centro de la capital, desde el Palacio de Cibeles hasta la Puerta del Sol, se han manifestado para exigir el cumplimiento de la directiva europea 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada. "Si bien España traspuso esta directiva al sector privado, no lo hizo en el sector público", señalan los organizadores.

"Esto que a la empresa privada le costaría una inspección de trabajo, una multa por cada caso y la declaración de esa persona como indefinida, la Administración pública se lo salta y es la primera incumplidora", se ha quejado Israel Fulgencio, portavoz del Colectivo de Empleados Públicos en Abuso de la Temporalidad, creado en enero. Fulgencio ha lamentado que los empleados públicos en esas condiciones estén expuestos al despido "libre y gratuito". "Los casos más sangrantes se dan en la educación, la justicia, las administraciones locales, y la sanidad. Hay gente a la que se da de alta por la mañana y de baja por la tarde", ha señalado.

Dolores, sanitaria, lleva 29 años como interina en Valencia, según ha contado. Un cartel que le colgaba por la espalda lo ha expuesto con ironía: "Interino gran reserva premium". En noviembre, convocaron oposiciones y ella está segura de que se quedará en la calle después del examen. "No puedo competir con personas de 30 años que se preparan en una academia. Tengo 53 años y cargas familiares arriba y abajo", ha explicado. Se siente "maltratada" por las administraciones, a las que acusa de hacer "un ERE encubierto" para cumplir las exigencias de Bruselas: "No se crean plazas nuevas, sino que van a echar a unos para que entren otros".

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF firmaron en 2017 un pacto con el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP) para reducir la temporalidad en la Administración al 8% en tres años. Ese objetivo apenas se ha cumplido. La proporción de trabajadores temporales en el sector público ha crecido hasta llegar a máximos. Uno de cada cuatro empleados del Estado tenían un contrato temporal en el último trimestre de 2019, según los datos de la Encuesta de Población Activa.

Pero es difícil calcular cuántos de esos trabajadores temporales afrontan una situación de "abuso" porque las condiciones son diversas: algunos afrontan durante más tiempo del establecido una relación temporal, otros ejercen funciones estructurales que no les corresponden y también hay quienes están contratados con una causa temporal que no es real.

La organización que ha convocado la marcha ha asegurado en un comunicado leído durante la manifestación que "cientos de miles de personas" de las administraciones locales, autonómicas y nacionales aún están afectadas por esos abusos. Son, según ellos, 800.000.

Para el colectivo, la "única sanción posible" a la Administración por el "abuso de temporalidad" es convertir en fija la relación laboral de los trabajadores afectados con el Estado, sin pasar por una oposición u otro concurso público. "No existe otra sanción efectiva y disuasoria en el ordenamiento jurídico español", han zanjado en un comunicado. Sindicatos como CCOO o UGT, que no han participado en la protesta, defienden, en cambio, que los aspirantes a una plaza fija en la Administración deben pasar por una oposición en igualdad de condiciones.

"Los sindicatos nos han vendido", ha acusado Fernando de 48 años, que lleva 20 como trabajador en el Ayuntamiento de Benicasim. "Nos sentimos desamparados y engañados, porque se van a estabilizar puestos, no personas", ha criticado. A su lado, Sara, de 40 años y 15 como interina, ha agregado "Hay muchos puestos sin cubrir. Esos son para los jóvenes. Que cubran las plazas de los que se jubilan, no los nuestros, que no le quitamos el puesto a nadie".

El colectivo ha marchado este sábado a la espera que la justicia europea resuelva si cinco empleados públicos de Madrid, que denunciaron a la Administración tras más de diez años con contratos temporales, deben ser convertidos en fijos. La abogada general de la UE Juliane Kokott ya respaldó que no haya conversión automática, aunque avaló algún tipo de indemnización tras analizar los casos de esos trabajadores. Su postura, que no es vinculante, será tenida en cuenta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que emitirá una sentencia el próximo 19 de marzo en respuesta a las preguntas de dos tribunales españoles.

La situación que esos trabajadores del Servicio Madrileño de Salud denunciaron ante tribunales españoles y ha llegado al TJUE es la de otros empleados que han recorrido Madrid este sábado con carteles en el pecho y la espalda que exponían los años que llevaban trabajando como temporales: 12, 17, 19, 24, 32, hasta 38. "Ya hemos demostrado que valemos", ha destacado Esther, interina desde hace 37 años en Madrid.

"22 años como logopeda y nos dicen que no tenemos mérito ni capacidad", ha incidido Pilar, de 63 años. "Es una situación angustiosa para acabar la vida laboral", lamenta la profesional, que previsiblemente se jubilará en tres años. "El trabajo es bueno, he disfrutado mucho, los ingresos son buenos, pero con esta incertidumbre llevamos años", explica y aclara: "No ha sido culpa nuestra estar así. Creo que la Administración tiene que aplicarse cierto correctivo".