Las propuestas del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos para la reconstrucción económica del país coinciden en que debe revisarse en profundidad el Impuesto sobre Sociedades tanto en los actuales tipos nominales como en las deducciones y bonificaciones que contempla.

El documento que ha registrado el PSOE y Unidas Podemos para debatir este jueves en el grupo de trabajo para la reactivación de la economía tras el COVID insiste en una reforma fiscal "justa y redistributiva" donde más aporte el que más tiene, al tiempo que el texto de Ciudadanos aboga por evitar la "ingeniería fiscal" que aplican grandes corporaciones a través del Impuesto de Sociedades.

"Este impuesto debe ser más justo y eficiente para que la recaudación en España se aproxime a la media de la zona euro", señala el documento de la formación naranja, que pide una "revisión en profundidad del Impuesto de Sociedades, no solo de los tipos impositivos que resultan de aplicación, sino también del régimen de deducciones".

Aboga por revisar el régimen de exención por doble imposición de dividendos o el uso de bases imponibles y regímenes especiales, al tiempo que pide una reforma profunda del IVA, tanto de tipos como de exenciones y la eliminación del sistema de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) "que se ha demostrado ser un sistema opaco eficaz para defraudar impuestos y desproporcionado, cuya existencia carece de justificación".

La formación que lidera Inés Arrimadas también promueve la revisión del sistema especial de las sicav.

Se trata de unas propuestas cercanas a las del PSOE y Unidas Podemos, que en su documento conjunto no mencionan explícitamente la subida del IRPF a las rentas de más de 130.000 euros, ni un impuesto a las grandes fortunas, tal como pedía la formación morada.

En este sentido, ERC y EH Bildu si mantienen en sus documentos respectivos un gravamen a los grandes patrimonios.

Las medidas fiscales de Ciudadanos recuerdan al "Acuerdo para un Gobierno Reformista y de Progreso" firmado en 2015 con el PSOE y que resultó frustrado.

Por otra parte, los partidos del Gobierno de coalición han elaborado un texto amplio, de mínimos, abierto a buscar todos los apoyos posibles y sólo incide en que se debe avanzar en términos de mayor capacidad recaudatoria para que los tipos efectivos que paguen las empresas se acerquen a los nominales.

La mayoría de los partidos coincide en una fiscalidad verde, que grave a las multinacionales tecnológicas con un impuesto europeo y que fomente la transición ecológica e incentive la industria.

En el terreno laboral, PSOE y Unidas Podemos no aluden a la derogación de la reforma laboral pero sí a que debe adaptarse a la nueva realidad post COVID-19 y reducirse la precariedad y temporalidad.

"Luchar contra la precariedad y la temporalidad excesiva del mercado laboral que sufre nuestro país, mediante las reformas pertinentes, en el marco del diálogo social", puntualiza el texto.

Objetivos que apoyaría Ciudadanos, que insiste en reducir los contratos a tres tipos (único, de formación y temporal), en la mochila austríaca para que los empleadores constituyan un fondo de capitalización a favor de sus empleados a través de aportaciones periódicas y por el complemento salarial para jóvenes menores de 26 años.

El PSOE y Unidas Podemos quieren negociar condiciones de nuevos ERTE primando los ajustes en términos de reducción de jornada y extender las medidas laborales de flexibilidad interna de forma específica a la hostelería, permitiendo la reincorporación gradual de los trabajadores en función del nivel de recuperación de la actividad.

El PP reitera que los ERTE de fuerza mayor deben prolongarse hasta final de año e, incluso, al primer trimestre de 2021, y aboga por un plan fiscal específico para el turismo, con exenciones, bonificaciones y aplazamientos de impuestos estatales, autonómicos y locales.

También pide en su propuesta bonificaciones fiscales al turismo interior para favorecer la demanda este verano.

Lo cierto es que el grupo de trabajo deberá pactar hoy un documento conjunto sobre el que se debatirán enmiendas la próxima semana y sobre el que el Ejecutivo quiere basar los Presupuestos Generales del Estado de 2021.