Una treintena de organizaciones feministas de Chile exigieron este viernes que se extienda el permiso postnatal para las madres mientras dure la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, y calificaron la propuesta alternativa del Ejecutivo, basada en el cobro del subsidio por desempleo, de "maniobra impresentable".
"El proyecto anunciado por el Gobierno sólo profundiza la precarización del trabajo y de los cuidados. Nuestro rechazo es contundente", dijo a Efe Vesna Madariaga, vocera del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Comitiva Feminista 8M.
El debate sobre la necesidad de un subsidio estatal para quienes están a cargo de niños menores ha copado el debate público y político de los últimos meses en Chile, que lleva desde el pasado marzo bajo estado de excepción por la COVID-19.
El país suramericano figura como el séptimo estado del mundo con más contagios por coronavirus, con más de 263.000 casos, y este viernes superó los 5.000 fallecidos.
Un grupo de legisladoras impulsó una iniciativa parlamentaria para aprobar el "posnatal de emergencia", pero fue declarada inadmisible el pasado 17 de junio por el Senado de Chile y está a la espera de que una comisión mixta resuelva su admisibilidad.
La respuesta del Ejecutivo fue anunciar el 24 de junio un proyecto alternativo que establece que las madres, padres y cuidadores cuyo período de postnatal venza durante la pandemia puedan cobrar el subsidio por desempleo, con un incremento adicional del 5 % y con un mínimo mensual en 300.000 pesos chilenos (unos 367 dólares).
Según afirmó el presidente Sebastián Piñera, la ayuda beneficiaría a 850.000 tutores "sin comprometer sus trabajos ni su estabilidad laboral".
"Queremos dar un nuevo paso en favor de la familia, la maternidad, las madres y los niños de Chile", dijo el mandatario desde la sede del Gobierno, el Palacio de La Moneda.
Dicha medida generó el rechazo de distintas asociaciones feministas, que lo definen como una "maniobra impresentable" que tiene el objetivo de que las mujeres "consuman" sus fondos de cesantía y les asegure "un presente de incertidumbre y un futuro de hambre".
"El proyecto perjudica a quienes se les aplica, ya que busca sostener un derecho fundamental en el ahorro individual de las trabajadoras que se verán obligadas a consumir sus propios fondos de cesantía, profundizando la incertidumbre ante el presente y la miseria ante el futuro", criticó la portavoz del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Comitiva Feminista 8M.
Madariaga lamentó que "la única iniciativa del Gobierno en esta materia se produzca transucrridos más de tres meses del estado de catástrofe y con la única intención de oponerse a un proyecto que aunque limitado es más protector y cuya tramitación ya está avanzada".
