El Gobierno renuncia a gravar con un nuevo impuesto especial al transporte aéreo ante la situación crítica que atraviesa el sector de la aviación por la pandemia. El Ejecutivo ha dejado en un cajón la creación de ese nuevo gravamen, planteado poco antes de la irrupción del coronavirus.

Un año después, "la situación económica y sanitaria mundial sobrevenida desde entonces no aconseja que se pueda avanzar, en la actualidad, en esta línea", reconoce el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria.

Con las aerolíneas sometidas a una presión extrema y el Estado obligado a salir al auxilio de la segunda compañía aérea española, Air Europa (que prevé fusionarse con Iberia), muchas cosas han cambiado desde que el 28 de febrero de 2020 el Ministerio de Hacienda

Entonces, ya se habían detectado los primeros casos de coronavirus en España, pero pocos imaginaban que apenas dos semanas después llegaría la gran reclusión, el cierre del espacio aéreo y el desplome récord de la demanda en la aviación de 2020, que según la patronal IATA alcanzó el 65,9%, medida en pasajeros por kilómetro transportados.

En España, el tráfico de pasajeros en los aeropuertos se derrumbó el año pasado un 72,4%. Fue el peor ejercicio en la historia de Aena, con 200 millones de pasajeros menos para la dueña de la red española y unas pérdidas que solo entre enero y septiembre alcanzaron los 107,6 millones de euros.

La propuesta de Hacienda se lanzó en paralelo a un nuevo impuesto para los plásticos de un solo uso que, en este caso se introdujo en el anteproyecto de Ley de Residuos aprobado en junio pasado. El Ministerio para la Transición Ecológica espera remitir a las Cortes el correspondiente proyecto de ley este primer semestre.

Hacienda enmarcó la creación de esos dos nuevos tributos en el debate desarrollado a nivel internacional sobre la necesidad de dotar de mayor peso a los impuestos medioambientales para luchar contra el cambio climático, avanzar hacia una transición energética sostenible y promover la implantación y uso de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, así como en las recomendaciones de la Comisión Europea para elevar el porcentaje de ingresos medioambientales respecto al PIB.

España lleva años en el furgón de cola de la UE en fiscalidad ambiental, situación que se intensificó en el año previo a la pandemia. Según Eurostat, en 2019 España cayó al cuarto puesto en el ranking de países de la UE con menor peso de los ingresos derivados de la fiscalidad verde en el PIB, empatada con Alemania. Solo representó el 1,77% del total. La media de la UE fue del 2,37%.

El texto que sacó a consulta el departamento de María Jesús Montero recordaba que los aviones son una importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y que sus emisiones, que se habían duplicado desde 1990 solo en la UE, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, "se incrementarán hasta un 185% en 2040, según estimaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional", señaló entonces Hacienda.

El objetivo de este gravamen, que debía "tener en cuenta el hecho insular", era "fomentar el uso de medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente", servir como incentivo para explorar nuevas tecnologías y carburantes menos contaminantes y favorecer el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España para limitar o reducir las emisiones de efecto invernadero.

Hacienda recordó entonces que "países como Alemania, Reino Unido, Países Bajos o Austria aplican un impuesto sobre el transporte aéreo. También Francia, principal potencia turística del mundo, ha incorporado en su legislación un impuesto de estas características".

El país vecino lo hizo de manera "unilateral", como destacó en su momento la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, en una entrevista en la que calificó de "razonable" la opción de gravar al transporte aéreo y señaló, para disgusto de las aerolíneas, que los viajeros de avión "tienen más recursos o son billetes sufragados por la empresa".