La multinacional española del juego Codere sostiene que no hay "evidencia" científica de que la cercanía de casas de apuestas a centros educativos afecte a la protección de los menores de edad, después de que varias comunidades autónomas hayan aprobado normas en los últimos años para fijar distancias mínimas entre colegios e institutos y estos locales, cuya regulación es competencia autonómica.

"La evidencia muestra que la distancia de locales respecto a centros educativos y otros lugares considerados sensibles, así como la distancia entre locales, no es un factor relevante en la protección del acceso de menores, como sí lo es un exhaustivo control de accesos", señala Codere en el informe integrado de 2020 que ha remitido recientemente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Preguntada por los estudios en que se basa, la compañía cita uno realizado en 2020 por un profesor de la Universidad de Extremadura, una reciente nota de la Fundación de Patología Dual (FPD) y otro del Instituto Superior de Sanidad de Italia. 

"Algunos informes sobre comportamiento de los jugadores dicen que los potencialmente patológicos no juegan cerca de casa o del lugar de trabajo" y "lo que no hay es ningún estudio que determine que las distancias son eficaces, o cuál es la distancia adecuada para prevenir. En el caso de los jóvenes, ¿qué sucede entonces el fin de semana?", se preguntan fuentes de Codere.

En los últimos años, la presión regulatoria en ese sentido ha aumentado en varias regiones en paralelo a la alarma social por la expansión de las casas de apuestas y pese a la intensa labor de lobby de las empresas, plasmada en el centenar de reuniones que, según desveló Codere en 2019, llegó a mantener la patronal del sector en 2018 con diferentes responsables políticos.

En Cantabria esa distancia se fijó un mínimo de 500 metros a centros educativos y de rehabilitación de trastorno de juego el 1 de enero de 2020; en Comunitat Valenciana, la distancia mínima se situó en al menos 850 metros con una normativa aprobada en junio que establece una suspensión de nuevas autorizaciones de juego por 5 años; Asturias, Castilla y León y Madrid la han fijado en 100 metros; Galicia, en 150; La Rioja, en 200 y Extremadura, en 300.

El estudio más reciente que cita Codere es una nota publicada en enero por la FPD en la que su presidente, el psiquiatra Nestor Szerman, jefe del Servicio de Salud Mental Retiro del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid), afirma que "no se ha demostrado con evidencias científicas" que la proximidad de centros educativos a locales de juego "influya de forma decisiva en las adicciones de menores, sobre todo si se respetan medidas de control estrictas, como tampoco lo es que los bares que están cerca de colegios fomenten un problema de alcohol, sobre todo si existen medidas restrictivas y de control de acceso eficaces".

"En España tenemos más bares en una manzana que Dinamarca quizás en una ciudad y el porcentaje de alcohólicos es el mismo", razona Szerman en conversación telefónica con elDiario.es. El psiquiatra, que dice que la fundación que preside no recibe "absolutamente" ninguna financiación de empresas del juego, aboga por "apoyarse en evidencias científicas para abordar la prevención" de la adicción al juego, "un trastorno mental como cualquier otro", y rechaza basarse en "medidas coercitivas o moralistas". 

Actualmente, la fundación que preside está desarrollando en el Gregorio Marañón "un centro especializado en el abordaje de adicciones comportamentales centrado sobre todo en el trastorno por juego". En colaboración con el hospital, la Consejería de Sanidad madrileña, la FPD, el Instituto de Adicciones de Madrid Salud y asociaciones de familiares y pacientes como APAL o la federación FEJAR, están realizando un estudio transversal aprobado por el comité ético del hospital donde reciben pacientes con adicción al juego para analizar la presencia de otros trastornos mentales.

Según este psiquiatra, la adicción al juego "debe abordarse desde la evidencia científica, como la cardiología, la oncología o cualquier otra especialidad. Luego las sociedades democráticas y sus representantes pueden elegir restringir, prohibir. Es totalmente legítimo y no tenemos opinión sobre esas cosas. Ahora, si piensan que esa es la medida para atajar el problema, evidentemente decimos que no".

Menos taxativo se muestra Jordi Ortiz. Mientras cursaba un máster de sistemas de información geográfica, a este profesor de la Universidad de Extremadura le surgió la posibilidad de analizar el grado de cumplimiento de la normativa autonómica de distancia mínima con especial atención a Cáceres, partiendo de los resultados del Consejo de la Juventud de Cáceres que analizó la situación de jóvenes y menores en relación con la adicción al juego en la capital cacereña, con una muestra de 893 menores y jóvenes entre los 14 y 17 años de 17 centros educativos.

La conclusión del estudio que Ortiz publicó el año pasado es que "la normativa sobre distancias se ha realizado de manera escasamente meditada, atendiendo a procesos de alarma social y con una guía técnica, en apariencia, arbitraria, con el fin de atender a las magnitudes simbólicas del fenómeno, antes de centrarse en las magnitudes empíricas".

Pero su trabajo, más que analizar la efectividad de la medida, constata que esa distancia mínima se incumple sistemáticamente, porque los locales ya estaban ahí cuando entró en vigor el decreto y este no era retroactivo. "La mayoría de los locales ya están. Llegamos tarde como siempre a muchos problemas", resume en conversación telefónica. De los 38 municipios analizados, 20 (52,63%) no cumplían con ese mínimo de 300 metros, con casos como Mérida, con un local a 10 metros de un centro educativo. "En cuanto a la distancia entre los establecimientos de juego, un total 11 municipios (28,94%) con más de un establecimiento de juego, no cumplen con la normativa actual de 250 metros entre establecimientos", indica el estudio.

En el caso de Cáceres, 9 establecimientos, el 64,28% de los locales, incumplían esa norma de los 300 metros. La conclusión es que, "si atendemos a los resultados de la investigación sobre los efectos de las políticas públicas a la hora de resolver un problema de carácter social, como es actualmente el juego en nuestro país, los resultados sugieren que el impacto normativo es nulo en muchas localidades, pues incumplen claramente la normativa". 

Ortiz matiza que el suyo "no deja de ser un estudio en Extremadura" que quizá no debería extrapolarse a otros territorios: "Madrid, Barcelona o Valencia no son toda España". Como ejemplo, cita el hecho de que en Cáceres "la mayoría de las casas de apuestas se ubican en zonas donde la renta es mayor, donde pasa todo el mundo y están las tiendas", a diferencia de grandes capitales en las que se concentran en zonas humildes. 

Ortiz va a presentar este mes un nuevo trabajo en congreso de la Red Española de Política Social en Bilbao. En él señala que "desgraciadamente, a día de hoy no contamos con estudios en profundidad" sobre la efectividad del alejamiento de las casas de apuestas de centros escolares.

"Se desconocen cuales son los efectos que tiene la proximidad geográfica sobre la población más vulnerable. Sólo encontramos algunos países de nuestro entorno que han puesto en marcha políticas públicas parecidas a las comunidades autónomas de nuestro país". El caso más parecido es Alemania, donde "los estados federales son los que establecen una distancia mínima" de entre 100 y 300 metros.

Según señala Ortiz en su nuevo estudio, "a pesar de que existen indicios sobre la importancia del elemento geográfico respecto al juego, necesitamos evidencias mucho más claras".

En el documento remitido a la CNMV, Codere "defiende una regulación que ordene la instalación de locales, su tamaño y los tipos de juego que se pueden ofertar, con el objetivo de disminuir de manera racional la incidencia del juego problemático y siempre que en ningún caso se afecte a las inversiones y operaciones ya establecidas". 

Para ello, pide que en las jurisdicciones la regulación de la oferta de juego sea "clara y explícita, evitando, en lo posible, la discrecionalidad de las autoridades"; e imponga medidas para "el sano desarrollo del sector", de forma que se categoricen los locales según su tamaño y el tipo de juego que oferten y "se limite el número de locales sobre la base de estudios demográficos objetivos".

Codere es una de las mayores empresas de este sector en España. En 2020 multiplicó sus pérdidas por cuatro tras desplomarse sus ingresos un 57,2%, hasta 594,6 millones, por el cierre de su operación presencial durante buena parte del año como consecuencia de la pandemia, que según sus cuentas provocó una reducción de sus ingresos operativos de 860 millones en el ejercicio. Su auditor, EY, insiste en que hay "dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento" por el efecto del coronavirus y su elevada deuda.