Uno de los riesgos de la actual crisis sanitaria, social y económica, en la medida en que se prolonga, es el aumento de la deuda privada y su traslación en préstamos de dudoso cobro. De momento, según el Banco Central Europeo, hay más advertencias que alertas; más riesgos que realidades. Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE, ha llamado la atención en diversas ocasiones sobre la debilidad del sector bancario europeo. "Los préstamos dudosos en los bancos de la zona del euro podrían alcanzar los 1,4 billones de euros, muy por encima de los niveles de la crisis financiera y de la deuda soberana", ha dicho Enria en alguna ocasión: "Doce años después de la quiebra de Lehman Brothers y nueve años después de la primera participación del sector privado durante la crisis de la deuda soberana griega, la calidad de los activos en los bancos de la zona del euro aún no ha alcanzado los niveles previos a la crisis.

Ante esta posibilidad, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, ha sido preguntado en la comisión de Economía de la Eurocámara, donde ha presentado el informe anual del BCE, sobre la conveniencia de los bancos malos en la Unión Europea, que ha defendido vehementemente sin mencionar que la situación del banco malo en España ha resultado, finalmente, más negativa de lo que se previó en un primer momento para el erario. En 2012 el entonces ministro Luis de Guindos trasladó al equipo económico del PP que esta operación "nunca" tendría un impacto en los costes para el contribuyente.

A 31 de diciembre de 2020, ocho años después, se han incorporado 35.000 millones a la deuda pública española.

"Yo tengo la experiencia del banco malo que se incorporó en España, la Sareb", ha respondido De Guindos: "A mi modo de ver, el banco malo es el instrumento más poderoso para limpiar la situación de algunos bancos, esos activos tóxicos se transfieren directamente al banco malo. Y no es una cuestión solo de limpiar, por así decirlo, sino de gestión del banco, porque así el banco se puede centrar plenamente en los negocios bancarios y olvidarse de cómo gestionar esos créditos tóxicos y esos activos tóxicos que tienen".

El vicepresidente del BCE ha continuado: "Así, se desempeña una función doble. La operación y el funcionamiento de un banco malo no es nada fácil. Hay miles de activos. Y mi recomendación a cualquier país desde mi experiencia anterior es que el banco malo podría ser una institución muy potente para reestructurar el balance contable de unos bancos, empezar otra vez desde cero y eliminar los activos tóxicos. Pero a la vez se tienen que establecer una serie de hitos para deshacerse de esos activos. Y esto se tiene que hacer con la luz verde de la Comisión Europea, de las autoridades de la competencia, porque hay un componente de ayuda de Estado que tiene que analizar la Comisión".

Sin embargo, en España, la Sareb está generando un nuevo quebradero de cabeza al Estado del que no ha hablado su creador y actual vicepresidente del BCE. El conocido como banco malo guarda buena parte de los activos tóxicos de las entidades rescatadas en la anterior crisis financia y, aunque el Estado era el principal accionista, funcionaba como una sociedad privada, fuera del ámbito de las cuentas del Estado. Esta concepción cambia ahora y la deuda de esta compañía, nacida en 2012, pasará a formar parte de la deuda pública. En concreto, 35.000 millones de euros que eran deuda de Sareb serán interpretados desde el 31 de diciembre de 2020 como deuda pública.

Se trata de un cambio contable algo complejo. Es Eurostat, el organismo estadístico de la Unión Europea, el que ha obligado al Gobierno a incorporar dentro del perímetro de las cuentas públicas esta sociedad. Esto obedece a que cuando se creó, en 2012, existía una normativa contable dentro del organismo que permitía a los Gobierno que crearon instrumentos de este tipo no tener que considerarlo dentro de sus cuentas (deuda y déficit, fundamentalmente). Esta norma cambió años más tarde y desde entonces el Eurostat y el Gobierno español negociaban una alternativa para evitar que esto impactara de forma significativa en las cuentas del Estado, según señalan fuentes del Ejecutivo, pero la doctrina del Eurostat ha terminado por imponerse.

Al ser el Estado el responsable último de esa deuda, como avalista, el cambio en la normativa contable obligaba a que esos 35.000 millones de deuda que todavía tiene Sareb, pasasen a ser considerados como deuda del Estado. Es decir, lo que hasta ahora era considerada la deuda de una sociedad privada pasa a ser considerada como pasivo del Estado. Fuentes del Gobierno señalan que el Ejecutivo discrepa con esta decisión, al entender que se han cambiado las reglas a mitad de partido y que supone funcionar ahora con una normativa distinta a aquella con la que nació Sareb. Tras años de negociaciones, se ha tenido que acabar incorporando a las cuentas públicas. Con este cambio, la deuda de 2020 pasará de ser del 117,1% al 120%. Al fuerte impacto que ha tenido la crisis sanitaria se debe incluir ahora el de la reconsideración de Sareb.

"El tiempo es oro", ha dicho Guindos sobre la llegada de los fondos de recuperación: "Hay pasos concretos que dar, como presentar los planes, hay que desembolsar el dinero correctamente, las reformas tienen que ser evaluadas por la Comisión Europea, y eso lleva tiempo. Pero tenemos que evitar cualquier tipo de retraso innecesaria que pueda tener un impacto en la confanza de los mercados y acabar con la percepción positiva lograda cuando fue aprobado en julio pasado".

El vicepresidente del BCE ha afirmado que los retrasos "no son deseables" y que es de "gran importancia" que los fondos de recuperación de 750.000 millones "estén operativos sin más dilación".

Según ha confirmado este miércoles la Comisión Europea, quedan 10 de 27 Estados miembros por ratificar en sus parlamentos nacionales la norma que permite a la Comisión Europea emitir en los mercados la deuda con la que financiará el plan, con el problema añadido del Tribunal Constitucional alemán que ha detenido el proceso cautelarmente en su país.

Y hasta que los 27 no hayan ratificado la orden de recursos propios, Bruselas no podrá acudir a los mercados y no habrá fondos de recuperación.

"No debemos subestimar el impacto que la aprobación del fondo tuvo en los mercados, la percepción es mucho más relevante que las medidas en sí", ha defendido el vicepresidente del BCE, quien ha señalado que "la pandemia ha amplificado los desequilibrios preexistentes y creado desafíos nuevos. En este momento los riesgos de una retirada prematura de las políticas son mayores que los riesgos de mantener las medidas de apoyo, pero cualquier efecto negativo a largo plazo de mantener las medidas de apoyo tiene que ser vigilado cuidadosa y continuamente.