Un contrato adjudicado a una oferta que llega una semana fuera de plazo, otro que adolece de "falta absoluta de control interno", prórrogas ilegales, escasa transparencia... son otras de las irregularidades detectadas en la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que ha destapado "incumplimientos graves" de la normativa de contratación en Correos, la mayor empresa pública de España, en la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa.

La lista de irregularidades recogidas en el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, de más de 100 páginas, va mucho más allá de las que los auditores del Ministerio de Hacienda dedican a la adjudicación a una consultora fundada por Miguel Marín, entonces directivo de FAES (la fundación de José María Aznar) para ayudar al grupo a "ahorrar" en sus gastos de limpieza.

La auditoría detecta por ejemplo varios "incumplimientos legales" en una muestra de contratos sujetos a las instrucciones internas que la propia Correos elaboró en 2013. Destaca un vídeo institucional sobre logística postal encargado por 28.903 euros en 2016 a Quum Comunicación SA, veterana agencia propiedad de familiares de la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar y que hasta 2013 tuvo como consejero delegado solidario a su tío, el constructor José Figar Velasco.

Solicitadas ofertas, y pese a que ni esas instrucciones internas ni los pliegos del contrato lo permitían, Correos pidió a las empresas seleccionadas una "solicitud de mejora" de sus propuestas. Tenían hasta las 14 horas del 10 de marzo de 2016 para ello. "De acuerdo con la documentación aportada, la empresa que resultó adjudicataria habría enviado la oferta mejorada con posterioridad a la finalización del plazo fijado, ya que en el presupuesto figura la fecha de 10 de marzo de 2016, pero el correo electrónico en el que se envía el mismo es de fecha de 17 de marzo a las 12:04 horas", dice la IGAE.

El informe es especialmente crítico con un contrato para "el Pilotaje de un servicio basado en la venta de productos hortofrutícolas directamente del productor al cliente final" adjudicado en junio de 2014 a la empresa Barrabés Internet SLU por 382.730 euros más IVA.

El contrato se adjudicó por el procedimiento negociado sin previa convocatoria de licitación, reservado a "casos tasados" y no aplicables a este contrato, "toda vez que no tiene por objeto fines de investigación, experimentación, estudio o desarrollo con el fin de obtener una rentabilidad o de recuperar los costes de investigación".

Tampoco "hay constancia en el expediente de que se haya negociado con otras empresas, o se haya solicitado la participación de las mismas. Simplemente consta una propuesta del futuro adjudicatario" anterior a la memoria justificativa del contrato. De hecho "la iniciativa del proyecto parte de la futura adjudicataria", cuya propuesta inicial "es exactamente el presupuesto de licitación" e idéntico al importe por el que finalmente se le adjudicó.

Concluido el contrato, Correos aprobó hasta cinco prórrogas entre 2015 y 2016 "carentes de cobertura jurídica". Según la IGAE, "este contrato y su ejecución revelan una desconexión entre los departamentos encargados de la ejecución y seguimiento del mismo y los encargados de la tramitación administrativa, además de una falta absoluta de control interno por parte de Correos del procedimiento de contratación y ejecución".

En el caso de los contratos basados en Acuerdos Marco, destaca la compra de 800 motos Piaggio que el entonces presidente de Correos, Javier Cuesta, tuvo que anular porque Hacienda tumbó la adjudicación al detectar que "se emplearon criterios de valoración técnicos que no estaban previstos". "La valoración técnica se hacía depender de juicios de valor, ya que no se establecieron fórmulas para su valoración", y se propuso comprar una motocicleta que estaba fuera de catálogo y costaba 1.500 euros, un 3% más que el modelo que sí figuraba en el mismo.

Tras la anulación, Piaggio interpuso una reclamación por daños y perjuicios alegando que parte de las motos ya estaban fabricadas. "Ante la probabilidad de que, en caso de acudir a la jurisdicción Correos se viera obligado a abonar el importe de las 800 motocicletas", se decidió formalizar un "acuerdo transaccional". Correos compró 490 motos por 735.000 euros (más IVA), a razón de 1.500 euros la unidad. Según la IGAE, "No se considera admisible la solución del "transaccional privado", sino la nulidad del contrato y el inicio del procedimiento".

En el caso de la compra de 353 furgonetas a Renault por 3,7 millones, "no queda constancia de que se haya consultado a todas las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco que figuran en la Plataforma de Contratación. Tampoco existe justificación acerca de la falta de capacidad por parte del resto de empresas no consultadas". "No existe constancia de que las ofertas se hayan abierto en acto público", ni del día de recepción de cada oferta.

En los pliegos, "no se aporta suficiente información" y son lo bastante inconcretos como para "que puedan producirse arbitrariedades" en su valoración: hay "falta de cuantificación de las mejoras", no se precisan los parámetros mínimos exigidos a los vehículos (consumo, emisiones, sistema de frenado...) y se incluyen expresiones como "otros o etc.", que "suponen indeterminación en el establecimiento e indefinición de los criterios".

A la hora de adjudicar el contrato, "el Acuerdo de Adjudicación dictado por el Secretario del Comité de Inversiones con fecha 18 de julio de 2016, carecería de validez", al no ser este el órgano competente, sino la Dirección General de Racionalización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, cuya propuesta de adjudicación es posterior, "con lo cual se deduce que Correos propuso, adjudicó y comunicó vía email la Adjudicación del Contrato previamente".

En un servicio de mantenimiento de equipos de Rayos X para inspeccionar la correspondencia adjudicado por el procedimiento negociado con publicidad a la empresa que ya lo venía prestando, una filial de Siemens que fue la única que se presentó, no hubo "ningún tipo de baja que sea consecuencia de una negociación de los términos del contrato", ni "se ha acreditado a lo largo del procedimiento el cumplimiento de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato". Entre los criterios técnicos de valoración "se introducen algunos que pueden interpretarse como normas discriminatorias de exclusión de licitadores que a priori pueden ser perfectamente admisibles".

En varios contratos no consta la motivación de la comunicación de la adjudicación a los licitadores. Muchos se prorrogan "con ausencia de cobertura legal". Es el caso de uno de suministro de mobiliario adjudicado a la madrileña Volumen SA por un importe inicial de 1,88 millones que se prorroga irregularmente de forma que acaba ascendiendo a 2,73 millones. Esa solución "engloba un nuevo contrato de suministro que tendría que haber dado lugar a un nuevo expediente de contratación", dice el informe.

En varias adjudicaciones, Correos da a la oferta técnica un peso superior al que permiten sus normas internas. Es el caso de un "Programa de Perfeccionamiento" de directivos de segundo nivel adjudicado al IESE por 333.500 euros, incluyendo sucesivas modificaciones. La IGAE avisa de que esa mayor ponderación de la oferta técnica solo aplica para casos excepcionales. "Si no median estas circunstancias, se puede dar lugar a una arbitrariedad en el proceso de adjudicación". La oferta elegida habría sido la segunda si se hubiera aplicado el criterio general.

También hay duras críticas a la adjudicación del servicio de noticias de la Agencia EFE, que como Correos pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por el procedimiento "especial". "En tanto que el objeto del contrato puede ser cubierto por otros licitadores, no se acredita en el expediente la "exclusividad" que permita no aplicar los principios de publicidad y concurrencia". Los auditores acusan a Correos de "incumplir los principios de la legislación contractual española y la recogida en las Directivas comunitarias de libertad y concurrencia".

En varios casos, se optaba por ejecutar un gasto antes de ser aprobado, en contra de las normas internas de Correos. Así fue en un contrato de asesoría jurídica para Sagardoy, el bufete que asesoró al Gobierno de Rajoy en su reforma laboral. El gasto se facturó el 30 de diciembre de 2015 pero no fue aprobado hasta el 15 de febrero de 2016.

Al analizar los recursos interpuestos ante los tribunales contractuales, se aprecia una "vulneración del principio de transparencia" al no permitirse a los licitadores acceder a los expedientes antes de interponer el recurso; y "un aspecto común a todos los expedientes" de contratación negociada es la apertura de las dos ofertas (inicial y negociada) en un solo acto que "no es público, sino que solamente se encuentran dos responsables de la Sociedad".

La IGAE, citando la doctrina de los tribunales de recursos contractuales, señala que es "muy recomendable posibilitar la presencia de los licitadores" para "ofrecer una mayor garantía de imparcialidad y una mejora en la imagen de transparencia". Esto permite "garantizar el secreto de las proposiciones" y que las empresas conozcan simultáneamente las ofertas propuestas.

"Así, se permite a los licitadores comprobar la integridad de los sobres presentados por cada uno de ellos hasta el momento de su apertura en dicho acto y se descarta así toda posible sospecha de su "manipulación" por la Administración contratante".