Una de las reformas que prepara el Ministerio de Trabajo, y que considera de las más importantes, afecta a las Políticas Activas de Empleo (PAE), a las que España va a destinar más de 3.500 millones de euros este año. Para aquellos que las desconozca, buscan facilitar la inserción laboral de personas desempleadas y hasta el momento han tenido una eficacia bastante limitada. En un país de cuatro millones de personas en paro, su relevancia no es menor. En el rediseño de las PAE, en vías de diálogo con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, Trabajo propone dar un paso innovador: condicionar una importante parte de los fondos a resultados.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, han explicado esta mañana en una rueda de prensa esta y otras novedades de las nuevas políticas activas de empleo, que llevan negociando meses con las Comunidades Autónomas y agentes sociales y que abordarán con los gobiernos regionales el próximo 28 de abril en una importante cita. Es la fecha en la que se celebrará una Conferencia Sectorial en la que se abordará el reparto de unos 2.110 millones de euros para políticas activas de empleo entre los distintos territorios. A estos, se les añaden también otros 688 millones provenientes del Plan de Recuperación y Resiliencia europeo.

Yolanda Díaz y Joaquín Pérez Rey han destacado el gran incremento de dinero presupuestado por el Gobierno en esta materia, de manera que los 2.110 millones a repartir suponen "unos 800 millones más" a los asignados anteriormente. La gran inversión de dinero público en esta materia, ha explicado la vicepresidenta tercera, debe ir unida a un mayor ejercicio de "transparencia" y de "evaluación", que contribuyan a mejorar la eficacia de estas políticas, "deficiente" en el pasado, ha recordado Díaz.

En ese ejercicio de eficacia y transparencia encuadra el Ministerio de Trabajo la novedad de incluir la condicionalidad de parte de los fondos destinados a las PAE. Joaquín Pérez Rey ha explicado la intención de plasmar esta condicionalidad en la futura reforma de la Ley de Empleo, pero por el momento Trabajo plantea comenzar a aplicarla ya este año según el cumplimiento de cada región del pasado Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) en acuerdo con las Comunidades Autónomas, con las que espera alcanzar un consenso en la próxima Conferencia Sectorial.

La propuesta del Ministerio de Trabajo a las autonomías consistirá en que los 800 millones de euros adicionales de este año se inviertan en algunos de los colectivos más afectados por la crisis derivada de la pandemia, como los jóvenes, la formación para los trabajadores en ERTE y las mujeres. Con unas 680.000 trabajadores aún incluidos en ERTE, un año después del inicio de la pandemia, los responsables de Trabajo han destacado la necesidad de "priorizar" la formación y recualificación de los afectados. Otro colectivo fundamental para las PAE son los jóvenes, que también se ven alcanzados por el nuevo programa de Garantía Juvenil Plus que el Ministerio abordará en la mencionada Conferencia Sectorial.

Los 1.300 millones restantes –que suman los 2.100 que se reparten la semana próxima– son los fondos sobre los que el Ministerio propone aplicar el nuevo criterio de condicionalidad a objetivos. En concreto, planteará a los territorios que aproximadamente el 45% de esos 1.300 millones esté vinculado al cumplimiento de ciertos objetivos.

El secretario de Estado ha explicado que el diseño de estos objetivos es fundamental, con la necesidad de cerrar un acuerdo en los indicadores a medir y las metas que se deben alcanzar. La idea del Ministerio es que estos indicadores sean "objetivos" y que tengan en cuenta las diferencias de los territorios, de manera que no se exija lo mismo a una comarca industrializada que a otra agraria, por ejemplo, sino que tenga en cuenta el contexto y el punto de partida de cada región.

Desde el Ministerio de Trabajo confían en poder alcanzar un acuerdo con las Comunidades Autónomas sobre la condicionalidad de esta parte importante de los fondos, ya que consideran que contribuye al mayor ejercicio de transparencia y evaluación que exigen a España desde la Comisión Europea y organismos internos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef).

Precisamente la AIReF será el organismo encargado de acometer la evaluación y seguimiento de las nuevas políticas activas de empleo, ha precisado la vicepresidenta Díaz, "tanto las del Estado como a las Comunidades Autónomas".

Yolanda Díaz ha presentado también otras líneas de la "modernización" de las PAE del "siglo XXI", como es una mayor apuesta por la orientación de las personas en desempleo y de aquellas que pretenden entrar por primera vez en el mercado laboral, así como que esta sea más personalizada. Para ello, Trabajo pretende que la orientación pase a ser una pieza fundamental de las PAE y no una tarea adicional y ocasional de estas políticas.

En este sentido, el secretario de Estado de Empleo ha afirmado su compromiso por aumentar la red de orientadores en las oficinas públicas de empleo del territorio, unos 4.000 a día de hoy entre el SEPE y los servicios públicos regionales. Un aumento del personal a futuro, que Pérez Rey no ha cuantificado, pero que comenzará por la estabilización de los 3.000 orientadores que en la actualidad son interinos y tienen una vinculación laboral temporal con la Administración. "Quien debe rediseñar el futuro del empleo no puede estar en situación de precariedad”, ha afirmado Yolanda Díaz.

La reforma de las PAE también incluirá una revisión de las ayudas a las empresas, que se han plasmado en el pasado en muchas bonificaciones y exenciones a la contratación, con escasa eficacia según la AIReF. Joaquín Pérez Rey no ha precisado mucho en este sentido, pero ha adelantado que gran parte de estas bonificaciones se revisarán ya que actuaban como "peso muerto". Es decir, que en realidad no fomentaban la contratación sino que financiaban contratos que se iban a hacer de todos modos. Otro elemento clave de la reforma, ha advertido Yolanda Díaz, pasa por impulsar los contratos de formación, la formación profesional y la FP dual, para que realmente sean fórmulas atractivas para trabajadores y empresas.

Además, la vicepresidenta tercera ha destacado que la reforma también incluirá una importante tarea de digitalización y modernización de los servicios públicos, en los que se acudirá a la inteligencia artificial para los perfilados estadísticos, por ejemplo. Además, se pretende implantar un "auténtico portal público de empleo", que vincule los servicios territoriales y el estatal y que esté disponible "en los móviles" de los ciudadanos, ha explicado Díaz.