“¿Ya pasó la tercera ola?”, se preguntaba el diario económico Handelsblatt a principios de esta semana. Lo hacía al dar cuenta de que la incidencia se encontraba a finales de la semana pasada en 110,4 nuevos casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días. Ese número estaba precedido por unos datos claramente superiores, por encima de 130. Pero, a finales de esta semana, sin ir más lejos, la incidencia media del país era ya de 160 nuevas infecciones por 100.000 habitantes en la última semana, según los datos del Instituto Robert Koch, la agencia federal de prevención y control de enfermedades.

Es evidente, por tanto, que la tercera ola de contagios no ha terminado en Alemania. Es más, según ha dicho la canciller Angela Merkel, la tercera ola podría ser la peor que azote Alemania, que va camino de registrar 80.000 muertes por culpa de la COVID-19. Con un ritmo de vacunación aún juzgado como lento, el mantenimiento de las medidas básicas contra la propagación del virus y la realización de test siguen siendo claves en la lucha contra el pandémico agente infeccioso.

En este contexto, Olaf Scholz, el vice-canciller y el ministro de Hacienda además de candidato a canciller del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), junto a su compañero de partido y titular de Trabajo, Hubertus Heil, han logrado imponer en la 'gran coalición' una medida concreta para tratar de controlar los contagios en el ámbito laboral: la obligación a las empresas de ofrecer test a sus empleados. Ésta medida figura en el último decreto sobre legislación laboral aprobado por le gabinete de Merkel.

Después de mes y medio de debate, a partir del próximo lunes los trabajadores de las empresas que no puedan teletrabajar, podrán hacerse al menos un test durante sus horas de trabajo para saber si están contagiados o no. Para aquellas personas cuyo trabajo consista, por ejemplo, en estar de cara al público, y por tanto en contacto con más personas, podrán realizarse hasta dos test semanales.

Dichas pruebas podrán ser, por ejemplo, test rápidos a realizar en farmacias – si la empresa para la que trabajan llega a un acuerdo con una botica –, un centro de test o en el mismo lugar de trabajo si las pruebas puede hacérselas de forma autónoma el trabajador.

El coste de estos controles – estimados en unos 130 euros mensuales por trabajador – corren a cargo de la empresario, que podrá deducir cuanto invierta en los test para sus trabajadores. Éstos últimos no están obligados a realizarse las pruebas. Las empresas son las obligadas a ofrecer esa posibilidad. A las compañías que no cumplan con la nueva normativa les podrían caer multas de hasta 30.000 euros.

En Alemania, la legislación laboral se ha reformado para que, en estos tiempos de pandemia, las empresas gocen de mayor libertad y así, en la medida de lo posible, que los empleados teletrabajen. Sin embargo, al teletrabajo sólo recurren una de cada cuatro empresas alemanas, según datos de la Fundación Hans Blöcker, una organización de inspiración sindical dedicada al estudio del mundo del trabajo.

Con datos como estos en mente, cobra sentido la idea defendida por Scholz y Heil en el debate público alemán. No extraña que su iniciativa cuente con el apoyo de las principales organizaciones sindicales alemanas. Para Scholz, la pandemia supone “un esfuerzo nacional y todo el mundo tiene que participar”.

“Las compañías que pueden continuar produciendo están en una mejor situación que las que luchan a diario con el hecho de no poder funcionar con normalidad, como, por ejemplo, un restaurante que no está abierto”, señalaba Scholz esta semana en la radio pública Deutschlandfunk. Así esquivaba Scholz el reproche según el cual lo que el Ejecutivo estaría haciendo es entorpecer el trabajo de las empresas.

En el mismo sentido se había manifestado Heil en declaraciones a la última edición del dominical Bild am Sonntag. “Todo el mundo tiene que aportar en la lucha contra el coronavirus. También el mundo del trabajo. Para proteger a los trabajadores que no pueden trabajar desde casa, necesitamos test en las empresas”, defendía Heil, deseoso de ver aprobada su iniciativa el pasado martes, algo que terminó por hacerse realidad.

Heil, tanto o más que Scholz, ha tenido que enfrentarse al mundo empresarial para imponer los test. Las grandes asociaciones empresariales del país se han mostrado en contra de la iniciativa alegando que, por ejemplo, las grandes firmas del índice bursátil DAX ya tenían puesto en marcha un sistema para la realización de pruebas a sus decenas de miles de empleados.

Encuestas realizadas por el Ministerio de Economía, en manos del conservador Peter Altmaier, apuntaban que en el 69% de empresas del país ya se realiza al menos un test a la semana. El problema, según entienden Heil y Scholz, es que ese porcentaje no es suficiente. Ambos entienden que hay que llevar esa proporción al 90%.

Estas intenciones, según han comunicado desde la Federación de Alemania de Asociaciones de Empresarios (BDA, por sus siglas alemanas), obedece a las ganas del SPD de “hacer campaña política en la pandemia”. En la BDA han debido agradecer que, desde la conservadora Unión Cristiano Demócrata, el partido de Merkel, se haya presionado para convertir la medida de Heil y Scholz en algo “voluntario”.

Sin embargo, según anotaba en un reciente editorial el influyente diario Süddeutsche Zeitung, al final, “está bien que se vaya a imponer la obligatoriedad porque esta vez se ha impuesto en el Gobierno el SPD a una CDU en ocasiones demasiado amiga de los lobbies”.

Por su parte, Michael Scheppe, periodista que cubre el mundo empresarial germano para el Handelsblatt, explica que en los test en el trabajo, “la voluntariedad no es suficiente”. Así, “casi una de cada tres empresas no hace test a sus empleados”, recalcaba Scheppe esta semana en las páginas de opinión de su periódico. Según las últimos datos de contagios del RKI, junto a las viviendas, los centros de trabajo eran el segundo lugar conocido en el que más infecciones de COVID-19 se producen en Alemania.