El banco neerlandés ABN Amro ha llegado este lunes a un pacto con la Fiscalía de Países Bajos para poner fin a una larga investigación por “graves deficiencias” en la lucha contra el blanqueo de capitales y ha aceptado el pago de una multa de 480 millones de euros, en un gesto visto como un “reconocimiento de estos errores”, según informa EFE.

La Fiscalía, que abrió esta investigación en 2019 cuando empezó a sospechar que la entidad neerlandesa no había informado de las transacciones sospechosas a tiempo, acusa a ABN Amro de “años de violación estructural de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo” en sus actividades en Países Bajos, lo que se hizo de “tal manera que el propio banco está también acusado de lavado de dinero”.

Según la Fiscalía, la entidad, que es uno de los tres bancos más grandes de Países Bajos, no intervino contra el blanqueo y no tomó suficientes medidas contra las personas que mostraron señales de estar beneficiándose a través de actividades delictivas.

Con base a la investigación criminal, el Ministerio Público opina que el banco “ha incumplido gravemente” la ley y señaló que se encontró que faltaban datos o documentos de clientes, que no estaba claro el origen de los datos en los archivos del cliente, o “asignó incorrectamente una clasificación de riesgo a un gran número de sus clientes” durante la evaluación de posible blanqueo.

Un ejemplo señalado por la Fiscalía es el de un cliente que recibió la clasificación de riesgo más baja, cuando había abierto un total de 192 cuentas bancarias con ABN Amro para 49 de sus empresas entre 2014 y 2019, cuentas que estaban en gran parte inactivas.

Este cliente cometió un fraude fiscal y recibió casi 200.000 euros de Hacienda en las cuentas comerciales, cantidades que fue gastando, retirando en efectivo o transfirió a cuentas privadas.

Según los cálculos de la acusación, ABN Amro debe pagar una multa de 300 millones de euros para hacer “justicia a las violaciones estructurales de la ley”, mientras que el pago de una cantidad de 180 millones de euros representa el “decomiso de ganancias obtenidas ilegalmente”.

"Como banco, tenemos el deber legal, pero también moral, de hacer todo lo posible para proteger el sistema financiero contra el abuso de los delincuentes. Lamentablemente, debo reconocer que en el pasado no hemos tenido el éxito suficiente en cumplir adecuadamente el importante papel como guardián. Esto es inaceptable y asumimos toda la responsabilidad por ello", señaló el director ejecutivo del banco, Robert Swaak.

En un comunicado, Swaak aseguró que este pacto “concluye un capítulo doloroso y decepcionante para la historia de ABN Amro" y prometió aprender la lección para luchar por "una sociedad más segura y con un sistema financiero que cumpla con los requisitos de integridad más altos”.

En una reacción al pacto, el ministro en funciones de Finanzas, Wopke Hoekstra, lamentó que este banco “ha fallado seriamente en prevenir el blanqueo de capitales” y consideró que las conclusiones de la Fiscalía son “claras y muy dolorosas”, pero, aceptando la multa, la entidad “reconoce estos errores y continúa mejorando”.

También se está llevando a cabo una investigación penal sobre personas físicas contra tres exmiembros de la antigua junta directiva de ABN Amro, entre ellos su director, Gerrit Zalm, que ocupó altos cargos entre 2008 y 2016, aunque la Fiscalía aún tendrán que investigar si hay pruebas suficientes de comisión de delitos en el periodo de 2014 a 2020.