La titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid ha incoado diligencias previas contra la cúpula de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por presunta malversación de caudales públicos en el rescate de 53 millones de euros concedido en marzo por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra, según ha avanzado El Español.

En un auto fechado el 8 de abril, la magistrada Esperanza Collazos indica que "los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

La investigación parte de una denuncia del pseusindicato Manos Limpias que encabeza Miguel Bernad, que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional en el marco de la causa sobre Ausbanc. La jueza ha decretado esas diligencias previas contra el actual vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, que era presidente en funciones del organismo que gestiona el fondo de rescate a empresas afectadas por el coronavirus cuando su consejo gestor dio luz verde a la ayuda.  

La instrucción judicial aún está en su fase inicial. La magistrada ha solicitado documentación con relación a la citada denuncia, sin que haya llamado aún a nadie a declarar en calidad de investigado ni testigo. El auto insta a la SEPI a identificar al resto de miembros de su consejo de administración, del que son miembros natos cuatro secretarios de Estado.

El responsable de gestionar el fondo de rescate para empresas estratégicas afectadas por la pandemia es un consejo gestor presidido por la persona que ostente la presidencia de la SEPI, cargo que en el momento de aprobarse la ayuda desempeñaba Bartolomé en funciones.

El directivo ejerce como vicepresidente desde el reciente nombramiento de Belén Gualda como presidenta del hólding público. De dicho consejo gestor, además del presidente de la SEPI, forman parte los titulares de tres secretarías de Estado: Economía y Apoyo a la Empresa, Industria y Energía.

El rescate aprobado el pasado 9 de marzo por el Consejo de Ministros a esa compañía desconocida hasta hace unos meses ha generado una tormenta política por la reducida cuota de mercado de la aerolínea y sus vínculos accionariales con empresarios venezolanos considerados próximos a Nicolás Maduro.

Tras conocerse la imputación, la aerolínea Plus Ultra ha enviado un comunicado en el que señala que "ha sido totalmente transparente con los datos, procesos y requerimientos de la SEPI para acceder a la ayuda temporal que se le ha concedido. El banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory, la consultora Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea -AESA- , todas ellas entidades independientes de la SEPI y de Plus Ultra Líneas Aéreas, dieron un veredicto favorable a la concesión de las ayudas públicas. La petición de la aerolínea contó, además, con la consultora PwC para elaborar el “Corporate Review” en el que se comprobaba si todos los puntos requeridos por la SEPI quedaban cumplimentados en el plan presentado por la aerolínea".

Además la aerolínea señala que "colaborará plenamente con el Juzgado en las diligencias abiertas con el objetivo de que se clarifiquen todos los puntos que se consideren necesarios y con el convencimiento de la correcta actuación de la SEPI y de la compañía en la tramitación y resolución del expediente del apoyo financiero”.