El Gobierno tiene abierto un “procedimiento de reclamación de responsabilidad” a Escal UGS, la filial de ACS que construyó el fallido almacén de gas Castor, por posibles “vicios o defectos” en su construcción. En una reciente respuesta parlamentaria, señala que el procedimiento “actualmente continúa en tramitación”. El Ministerio para la Transición Ecológica indica que el expediente se va a “retomar" con el desmantelamiento de las instalaciones, sin aclarar las cantidades reclamadas hasta ahora a la concesionaria. 

El expediente de reclamación fue abierto mediante resolución de 6 de julio de 2016 de la Dirección General de Política Energética y Minas del ministerio.

En su respuesta escrita, el Ejecutivo recuerda que en mayo de 2013, el entonces Ministerio de Industria encargó una auditoría técnico económica para “verificar” la inversión neta para la puesta en explotación del almacenamiento, los 1.350 millones con los que fue indemnizada Escal en 2014. “En dicha auditoría, en relación con la parte técnica y de forma resumida, se concluyó que el diseño y construcción de las instalaciones fueron razonables y se construyeron conforme a un estándar de calidad elevado”.

“Sin perjuicio de lo anterior”, el Ejecutivo recuerda que el decreto por el que se hibernó la instalación y se indemnizó a ACS permitía exigir responsabilidades ante “vicios o defectos en su ejecución que puedan presentar las instalaciones y se pongan de manifiesto dentro de los diez años siguientes” o por las “acciones y omisiones que, como titular de la concesión, haya desarrollado durante su periodo de vigencia" y hasta su entrega a Enagás.

El cálculo de las eventuales reclamaciones, recuerda Transición Ecológica, se basa en un informe encargado a Enagás cuando se hizo cargo de la administración de Castor. “Cualquier ingreso que se obtenga fruto de esta reclamación irá a parar al sistema gasista”, recuerda el Ministerio. “Se trata de un procedimiento en curso, por lo que no podemos dar detalles de la cuantía hasta su resolución”, añade.

En sus cuentas de 2016, Escal UGS explicaba que a cierre de ese ejercicio se les reclamaban 3,6 millones por este expediente, una cifra ridícula comparada con la multimillonaria indemnización que recibió la concesionaria. Esta no volvió a incluir referencias a ese procedimiento en las cuentas que presentó posteriormente. Las últimas disponibles son de 2018. Escal se declaró en concurso de acreedores en septiembre de 2019.

Un mes después, el Gobierno aprobó poner fin a la hibernación del almacenamiento e iniciar su desmantelamiento con el sellado y abandono definitivo de los pozos. El procedimiento tuvo que suspenderse por la crisis sanitaria y se reanudó el verano pasado con el inicio de la tramitación de la evaluación de impacto ambiental. La semana pasada, el senador de Compromís Carles Mulet denunciaba que cada día sin desmantelar el silo supone un coste de 45.600 euros.

La polémica indemnización a ACS fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2017, que no apreció ajustada a derecho la fórmula exprés del Real Decreto-Ley que utilizó el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que propició que a principios de 2018 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) suspendiera los pagos a los tres bancos (Santander, Caixabank y Bankia) que adelantaron esos 1.350 millones para cobrarlos con intereses durante 30 años a través de la factura del gas.

El Tribunal Supremo reconoció en octubre el derecho de esas entidades a ser resarcidos por el Estado y el Consejo de Ministros aprobó las pasadas Navidades cargarlo a deuda pública mediante un Real Decreto-Ley que fue convalidado por el Congreso en enero.

El pago de esa indemnización se basó en el Real Decreto por el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó en 2008 a Escal UGS la concesión de explotación, que incluía una cláusula que indicaba que en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por "el valor residual de las instalaciones", aun en caso de "dolo o negligencia imputable a la empresa".

En paralelo a esta reclamación, está previsto que el juicio por los terremotos ocasionados por la inyección de gas en el almacén empiece a finales de este año en la Audiencia Provincial de Castellón. En el banquillo de los acusados se sentarán los dos principales responsables de Escal UGS, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, y la propia sociedad. La Fiscalía pide para cada uno de ellos seis años de prisión por un delito contra el medio ambiente, petición que la acusación popular de la Asociación Arca Ibérica eleva a siete años.