En julio se cumplió una década desde que un sonriente y confiado Rodrigo Rato, pulgar en alto, agitara la campana de la Bolsa de Madrid, dando comienzo a la cotización de Bankia. Aquella operación no salió bien, los problemas que se intentaron acallar se hicieron más patentes y acabó con un rescate multimillonario tras haber tenido que reformular unas cuentas que afloraban unas pérdidas abultadas frente a los beneficios anunciados inicialmente. Fueron 22.000 millones de euros, más otros casi 2.000 millones a BMN, absorbida años después por el banco público.

Aquella operación fue defendida por el Gobierno, al menos por la parte socialista, y el FROB, sociedad a través de la cual el Estado era accionista de Bankia, como una forma de incrementar el valor de la participación pública en el negocio. Así ha sido. El anuncio de las negociaciones disparó el precio de los títulos del banco, aunque en las semanas siguientes fue moderándose. A final de marzo y principio de abril, una vez cumplidos todos los trámites de la operación, el Estado pasó de tener un 61% de Bankia a ser el segundo accionista de CaixaBank, con el 16%, frente al 30% de la Fundación La Caixa.

El 3 de septiembre de 2020, la víspera de conocerse la negociación, la participación pública en Bankia valía en Bolsa 1.939 millones de euros, frente a los 3.400 millones actuales. Es decir, en 12 meses, el valor de las acciones públicas en banca se ha disparado en torno a un 76%. La recuperación paulatina que está teniendo la banca este año —las acciones de CaixaBank se han revalorizado un 26%, Santander un 25%, BBVA un 40%, Bankinter un 45% y Sabadell un 70%—, así como el recibimiento en el mercado de las fusiones bancarias, han ayudado al Estado a incrementar esa valoración.

Sin embargo, el aumento sigue siendo insuficiente para lograr recuperar una parte significativa de las ayudas que el Estado inyectó en Bankia en 2012. La cuenta es como sigue. Son algo más de 24.000 millones de euros los que se destinaron a Bankia y BMN. De ese total hay que restar unos 1.100 millones que el Estado recibió en dividendos de Bankia en los años en los que fue su accionista mayoritario. Además, ya realizó dos desinversiones en el grupo bancario en 2014 y 2017, que se tradujeron en unos 1.300 y otros 800 millones. Con ello, la cifra pendiente de recuperar se sitúa por encima de los 20.000 millones, contando con que en primavera ya recibió su primer dividendo procedente de CaixaBank, que rondó los 34 millones de euros.

Con estas cifras sobre la mesa, los 3.400 millones que ronda actualmente la valoración de las acciones que tiene el FROB en CaixaBank, se antojan todavía muy lejanos hasta los más de 20.000 millones pendientes de recuperar del rescate. La participación estatal tiene un valor equivalente a algo menos de la sexta parte de aquel dinero que se inyectó en el banco que sacó a Bolsa Rato, que fue sustituido por José Ignacio Goirigolzarri, quien ha acabado presidiendo CaixaBank tras la fusión.

Para vender estas acciones existe un calendario, pero ha sido modificado ya en tres ocasiones. La última, en primavera, cuando el Gobierno prorrogó dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2023. Para esa fecha, el FROB debería haber vendido sus títulos en CaixaBank, aunque como ha pasado en el pasado, podría volver a retrasarse.

El FROB defendió desde el primer momento la operación. La actual presidenta, Paula Conthe, argumentó en el Congreso que el hecho de que el Estado dejara de tener una posición de control en el accionariado le facilitaba la posibilidad de vender pequeñas participaciones espaciadas en el tiempo. En el mercado se entiende habitualmente que cuando se venden grandes paquetes de acciones de una vez, se puede tener que realizar rebajas en el precio. "La operación genera valor y mejora las perspectivas de la estrategia de desinversión", argumentó.

Sin embargo, ni Conthe ni su antecesor, Jaime Ponce, han querido en sus intervenciones públicas hacer una estimación de cuánto puede recuperarse en CaixaBank. Preguntado en el Congreso por la fusión, Ponce aseguró que "nuestra capacidad de recuperar las ayudas es 'limitada o escasa', el adjetivo lo ponen ustedes [a los diputados]". Conthe, meses más tarde, en la misma comisión, lo reconoció: "podemos decir cuánto hemos gastado pero es difícil decir cuánto vamos a recuperar".

La propia vicepresidenta Nadia Calviño también defendió en el Congreso la operación sin avanzar una previsión de cuánto se puede recuperar para el Estado. "La conclusión es que esta operación sobresale como la que más valor genera de entre todas las posibles y que, por lo tanto, mejora las posibilidades de recuperar las ayudas públicas y defender, así, el interés de los contribuyentes españoles".

Como referencia de cuánto se puede recuperar del rescate, sirva el documento anual que publica el Banco de España donde se desgranan las ayudas del rescate financiero y proyecta la posible recuperación de las mismas. El último fue publicado a finales de 2019, con datos hasta el cierre de 2018. Entonces, se confiaba en recuperar 9.560 millones. Este dato, dos años antes de la fusión con CaixaBank, supone casi el triple del valor actual de las acciones del Estado y menos de la mitad de lo pendiente por recuperar.

Además de las ventas de acciones, el Estado tiene en los dividendos otra vía para recuperar parte del dinero. Los citados 34 millones de la pasada primavera fueron una cuestión testimonial porque los bancos tenían limitado el dividendo que podían dar a sus accionistas. Ese límite se levanta a final de septiembre y CaixaBank ha sido una de las entidades que ha comprometido un mayor nivel de dinero para sus accionistas, suponiendo el 50% del beneficio. De ese capital, el 16% irá a las arcas del Estado.

Aunque no fue una desinversión —se cambiaba el 61% de una entidad mediana por el 16% de una grande—, la absorción de Bankia fue entendida por algunos como un cierre a la puerta de tener una banca pública en España, como señalaron en su momento desde Unidas Podemos. El socio de Gobierno del PSOE entendía que era "reprivatizar" Bankia y "una mala noticia" para la economía española.

Lo cierto es que Bankia, pese a estar controlada mayoritariamente por el Estado, nunca funcionó como un servicio público o una herramienta de política económica. Su consejo de administración siempre operó con bastante independencia. Esto ha cambiado con la operación de CaixaBank. El Estado, ahora sí, tiene asiento en el consejo e hizo notar su voz en la primera junta de accionistas que tuvo la entidad tras la fusión, al votar en contra de la subida de sueldo de la cúpula mientras se estaba planteando el mayor ERE de su historia.