El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la mayor oferta ordinaria de empleo público (OEP) de la historia, compuesta por 39.574 plazas, un 15,8% más respecto a las 34.151 de 2022, de las que 27.246 corresponden al turno libre.
"La cifra récord se establece por la necesidad objetiva de fortalecer unas plantillas que se debilitaron por años de recortes y por tasas de reposición cero", ha apuntado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Cabe recordar que el año pasado se aprobaron un total de 44.787 plazas, de las que 34.151 plazas correspondían a la oferta ordinaria y otras 10.636 a la oferta de estabilización de personal interino.
Con el objetivo de agilizar los plazos, el Ejecutivo ha incluido en la normativa la obligatoriedad de que las convocatorias estén publicadas antes del 31 de diciembre de 2023. "En estos meses que quedan todos y cada uno de los órganos directivos deben tener convocadas sus ofertas de empleo", ha asegurado la ministra.
Del total de plazas de 2023, unas 29.818 plazas corresponden a la Administración General del Estado y de ellas, 19.900 son de nuevo ingreso. Para la Administración de Justicia se destinarán 1.907 plazas, de las que 1.215 nuevo ingreso.
Para el Cuerpo Nacional de Policía se abren 2.833 plazas, de las que 2.600 son de nuevo ingreso, mientras que para la Guardia Civil se habilitan 2.875 plazas, 2.520 de nuevo ingreso.
También se incluyen 1.025 plazas que corresponden a la Seguridad Social para gestionar el ingreso mínimo vital, 500 plazas en la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional que fundamentalmente desarrollan su trabajo en la administración local, y otras 2.500 plazas más para entidades gestoras de la Seguridad Social que faciliten la atención presencial y asistencial a la ciudadanía.
Según explica el Ministerio, todas las plazas deberán estar convocadas antes del 31/12/2023 y la oferta deberá estar ejecutada en dos años. La fase de oposición tendrá un máximo de 4 pruebas y una duración máxima de nueve meses. Con el objetivo de la descentralización de las pruebas se podrá "convocar con una distribución territorial de plazas".
Según el Ministerio, con esta oferta de empleo público se cubre la tasa de reposición (indicador que mide el porcentaje de vacantes en el empleo público, las cuales pueden ser cubiertas con nuevas incorporaciones de personal) de la Administración, una de las peticiones más repetidas de los sindicatos de los funcionarios. Así, la tasa de reposición general "se consolida en el 110%", mientras que la de "los sectores prioritarios (sanidad, educación o ciencia) en el 120%" y la de las "Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el 125%".
