La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este domingo los ataques contra la televisora Teleamazonas y el diario El Comercio de Quito, al tiempo que pidió al Gobierno del presidente Lenín Moreno dar garantías constitucionales a la libertad de prensa en el marco de las protestas en Ecuador.

De acuerdo con un comunicado con fecha de hoy, la SIP, cuya sede principal se encuentra en Miami, Florida (EE.UU.), pide estas garantías para que la prensa "no se convierta en otra víctima de la violencia que perjudique el derecho del público a estar informado".

Christopher Barnes y Roberto Rock, presidente de la SIP y de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, respectivamente, expresaron su más enérgico repudio a los atentados contra los medios.

"Condenamos la hostilidad contra medios y periodistas y rechazamos que la prensa sea responsable de la situación político-social del Ecuador", anotaron los directivos.

Las autoridades de la SIP pidieron al Gobierno de Moreno que, pese a las restricciones constitucionales, "se respete la libertad de prensa, y se brinde la seguridad necesaria a medios y periodistas, única vía para garantizar el derecho del público a estar informado".

Las instalaciones de la cadena Teleamazonas y del periódico El Comercio en Quito, Ecuador, fueron atacadas este sábado por un grupo de manifestantes no identificados, en medio de las violentas protestas que sacuden al país desde comienzos de octubre y por las cuales el Gobierno ha declarado el toque de queda.

"El jueves pasado, tras la toma de la Casa de la Cultura por parte de organizaciones indígenas que se manifiestan en contra del Gobierno de Moreno, 31 periodistas de distintos medios fueron retenidos contra su voluntad", recuerda en su comunicado la SIP.

"En ese momento, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) dijo que los periodistas no estaban secuestrados, aunque acusaron a la prensa de que 'existe una guerra mediática de ocultamiento y descontextualización'", detalló la SIP.

Las protestas comenzaron el 3 de octubre contra las medidas de austeridad económicas adoptadas por el Gobierno, especialmente la eliminación de los subsidios a los combustibles, como parte de las condiciones puestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones para un crédito de 10.000 millones de dólares.

Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden han dejado al menos cuatro muertos, más de 900 heridos y más de 1.000 detenidos desde el pasado 3 de octubre, situación por la que el Gobierno decretó desde el sábado el toque de queda en la capital ecuatoriana.