La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber trasladado aún a su legislación nacional la directiva por la que se establece un espacio ferroviario europeo único y que los países del bloque deben aplicar desde 2015.

Bruselas inició el procedimiento sancionador contra España en mayo de 2018 y desde entonces las dos partes han mantenido un diálogo formal para examinar los avances de la transposición. La última notificación de nuevas medidas por parte de España llegó al Ejecutivo comunitario en diciembre del pasado año, pero los servicios comunitarios han concluido que siguen siendo insuficientes y por ello elevan el caso ante la Justicia europea.

El objetivo de esta regulación, acordada en 2012 y en vigor desde 2015, es crear un marco más competitivo en el sector europeo al cubrir con las mismas reglas financieras y de control a toda la industria, así como las competencias de los organismos de control, el marco de inversiones y el acceso a infraestructuras.

En el caso de España, La Comisión considera que su marco regulador ferroviario infringe varias disposiciones de la directiva relativas a la independencia de gestión del administrador de infraestructuras, en particular la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras, la gestión de las empresas ferroviarias según principios comerciales y la correcta redacción de los acuerdos contractuales.

En concreto, los servicios comunitarios explican que, pese a las modificaciones hechas por España respecto a los cánones por el uso de infraestructuras, "parece que el nuevo sistema aún no está operativo" debido a una disposición transitoria que suspende las nuevas normas que dan un nivel de independencia a ADIF que se ajusta a las nuevas normas hasta que el propio administrador de infraestructuras apruebe las nuevas reglas en un plazo que no está determinado por ley.

Así las coSas, la Comisión concluye que a menos que se adopten medidas rápidamente, los cánones de acceso por vía férrea se considerarán impuestos de facto, que se incluirán en las próximas leyes de presupuestos españolas de 2024 y 2025.

Y en estas circunstancias, precisa Bruselas, existe el riesgo de que el antiguo sistema siga aplicándose hasta 2024/2025. En consecuencia, las empresas ferroviarias no podrán impugnar los cánones de acceso por vía férrea. Dado que están incluidos en una ley, tales cánones no pueden impugnarse ante los tribunales españoles.

Tampoco ve el Ejecutivo comunitario que esté "claramente garantizada" la independencia de los consejos de administración de los administradores de infraestructuras y de la empresa ferroviaria correspondiente; al tiempo que advierte de que "faltan elementos clave" en el acuerdo contractual entre el Gobierno y los administradores de infraestructuras ya que, por ejemplo, no hay indicadores de rendimiento relacionados con la eficiencia y con una disminución de los costes de acceso.