Frenar una escalada del conflicto a nivel regional es uno de los principales llamamientos de la UE ante la grave situación en Oriente Medio. En la UE se ha impuesto, además, el estado de alerta por las consecuencias desde el punto de vista de la seguridad que pueda tener y más aún tras el atentado en Bruselas y la cascada de amenazas en países como Francia. El asunto ha protagonizado la reunión de ministros del Interior en Luxemburgo este jueves. La presidencia española del Consejo de la UE ha activado el mecanismo de respuesta de crisis (IPCR, por sus siglas en inglés) con el que se refuerza el intercambio de información y la coordinación de la respuesta.
La intención de los 27 es reforzar la seguridad dentro de las fronteras europeas. "Fundamentalmente, una de las cuestiones que nos preocupa es la radicalización, la polarización (...) en el contexto de violencia en Oriente Próximo", ha admitido el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a la reunión. En la rueda de prensa posterior, ha reconocido que es necesario reforzar la protección "con una sólida colaboración policial en la UE y con terceros países", aunque no ha querido dar detalles de "ámbito de la afectación a la seguridad". "Hay lugares que pueden razonablemente necesitar un mayor nivel de adaptación", ha expresado Marlaska en referencia, por ejemplo, a las sinagogas.
Marlaska ha puesto el énfasis, además, en la lucha contra la "radicalización y para quienes, amparados en el actual contexto de desestabilización, alimentan sin escrúpulos la desinformación y los discursos de odio como el anstisemitismo, la islamofobia y el racismo".
Además, varios países han anunciado controles fronterizos dentro del espacio Schengen. A los ya anunciados por Alemania en los pasos con Polonia y República Checa, se ha sumado este jueves Italia con Eslovenia y este, a su vez, con Croacia y Hungría, según AP.
Más allá del refuerzo de la seguridad, tanto la Comisión Europea como los primeros ministros de Bélgica, Alexander de Croo, y Suecia, Ulf Kristersson, han retomado la presión para incrementar los retornos de inmigrantes en situación irregular tras el atentado perpretado en Bruselas el pasado lunes por un hombre originario de Túinez que tenía una orden de expulsión. El caso ha disparado las alarmas dado que había estado en la cárcel en Suecia y había sido identificado como radical en Italia sin que tuviera consecuencias.
Así lo ha reconocido la comisaria de Interior, Ylva Johansson, que ha asegurado que el caso de Bruselas "ha sido un aviso" al haber estado en Europa "desde 2011 sin derecho, con solicitudes de asilo rechazadas varias veces". "No es el momento de echar la culpa a unos y otros, pero tenemos que trabajar más", ha dicho la sueca, que ha anunciado que este mismo viernes habrá una reunión del coordinador del asunto con los estados miembros para analizar cómo las personas que revisten un riesgo de seguridad pueda retornarse con más rapidez". Johansson ha recordado, no obstante, que las devoluciones de este tipo han aumentado un 28% este año respecto al anterior.
"La Comisión Europea ha propuesto que si una persona es considerada una amenaza para la seguridad nacional los estados miembros deben tener el poder para forzar a la persona a marcharse", dijo la presidenta del gobierno comunitario, Ursula von der Leyen, este miércoles.