Por primera vez en Francia, un ministro en ejercicio se ha sentado en el banquillo de los acusados. Y, para añadirle aún más solemnidad a este proceso judicial inédito, el protagonista fue el titular de la cartera de Justicia, Éric Dupond-Moretti. El juicio se cerró el 29 de noviembre cuando el Tribunal de Justicia de la República (TJR) declaró al ministro no culpable de “adquisición ilegal de intereses”, un delito que implica a la vez un abuso de autoridad y un conflicto de intereses.

Por los hechos que se le imputaban, Dupond-Moretti se arriesgaba a una pena máxima de cinco años de cárcel y a una multa de 500.000 euros, así como a la inhabilitación para ocupar cargos políticos. No obstante, al inicio del proceso judicial, que comenzó hace tres semanas, el fiscal había pedido finalmente un año de prisión –sin ingreso en prisión– para su superior jerárquico.

A su llegada al ministerio, Dupond-Moretti había ordenado –a través de su jefa de gabinete– dos investigaciones administrativas sobre cuatro miembros de la magistratura con los que se había enfrentado en el pasado. Una decisión que provocó una movilización sin precedentes de los sindicatos de magistrados y desencadenó un proceso judicial de tres años que ha culminado en el juicio de este mes.

En su sentencia, el tribunal no niega los hechos juzgados y considera que, efectivamente, el ministro de Justicia se encontraba “en una situación objetiva de conflicto de intereses” y que sus decisiones eran materialmente constitutivas del delito del que se le acusaba, pero le absolvió alegando que no era conocedor, que no se lo habían comunicado y que, por tanto, carecía del “elemento intencional” necesario.

Jurisdicción excepcional, el TJR es la única instancia habilitada para juzgar a un miembro del Gobierno francés. Se trata de un tribunal híbrido entre el poder judicial y el legislativo: está compuesto por tres jueces y 12 parlamentarios, seis diputados y seis senadores. El juicio y la sentencia reabren en Francia el debate sobre la existencia de este tribunal especial. Una parte importante de los juristas, investigadores y políticos abogan por su supresión o por una reforma radical, para evitar la existencia de una justicia endógama del mundo político. 

Durante el juicio, el ministro y sus abogados habían señalado los deseos de venganza de los sindicatos de magistrados y del antiguo fiscal del TJR, François Molins, contra Dupond-Moretti. El ministro y la magistratura están enfrentadas desde el momento en el que éste fue nombrado, una llegada que los magistrados recibieron como una “declaración de guerra” de parte de Emmanuel Macron.

Las crónicas de las semanas de juicio relatan cómo Dupond-Moretti volvió a exhibir algunos de los hábitos que –junto a su elocuencia– le convirtieron en el abogado más famoso del país. Suspiros, gruñidos, exclamaciones y carraspeos durante los alegatos de la acusación, respuestas cortantes durante los interrogatorios... Tácticas que el “ogro del tribunal penal”, como le conocían sus colegas, había desplegado durante las más de tres décadas en las que su nombre formó parte de la crónica judicial francesa: la panadera d'Outrau, el affaire Viguier o la banda corsa de la Brise de Mer. 

Su fama le llevó a frecuentar los platós de televisión, a rodearse de directores de cine y actores y a iniciar él mismo una carrera en la interpretación, previa a su sorprendente entrada en el Gobierno. Aficionado a la caza –en especial a la cetrería–, sus ataques contra el mundo moderno, contra la limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora, contra los antitaurinos, la quinoa y el #metoo, le hicieron encadenar las polémicas y multiplicar sus apariciones en los medios. “Vivimos en una época de absoluta mediocridad, hipermoralista e higienista”, lamentaba en una entrevista. 

La última década marcó una transición lejos de los tribunales penales, con nuevos clientes de otro perfil como el rey de Marruecos, algunas de las grandes fortunas africanas y el efímero ministro de Hacienda de François Hollande, Jérôme Cahuzac, procesado por fraude fiscal. 

Las acusaciones le han llegado precisamente en relación con dos de estos clientes de alto perfil que tenía como abogado. El primero se refiere a la expulsión de Mónaco de un juez de instrucción francés, Édouard Levrault, que investigaba al empresario ruso Dmitri Rybolovlev –presidente del AS Mónaco– y al director de la policía judicial local. Levreault incomodó a las autoridades del Principado hasta el punto de que acordaron con sus homólogos franceses el traslado del juez. 

Dupond-Moretti fue, brevemente, abogado del director de la Policía y durante un tiempo asesor jurídico de dos empresas del multimillonario ruso en las Islas Vírgenes. Después de ser apartado del caso, Levrault apareció en un reportaje de la televisión pública France 3 denunciando el mal funcionamiento de la Justicia monegasca, declaraciones que provocaron la ira de Dupond-Moretti, que denunció enérgicamente los métodos de “cowboy” del juez y el daño a la reputación de su cliente. Poco después, fue nombrado ministro y su jefa de gabinete ordenó una investigación administrativa contra el juez Levrault. 

El segundo caso se refiere a la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), que investigaba a Nicolas Sarkozy, alias Paul Bismuth, en varios casos y que tenía bajo escucha al expresidente en un teléfono con el que se comunicaba con sus abogados. Cuando los investigadores descubrieron que alguien había advertido a Sarkozy de que se monitorizaban sus comunicaciones, comenzaron a buscar quién había podido avisar al expresidente. Las facturas telefónicas detalladas de varios abogados fueron analizadas, incluidas las de Dupond-Moretti, amigo del abogado de Sarkozy. 

Eric Dupond-Moretti denunció entonces esta “investigación con métodos de espías” y presentó una querella. Unos meses después, a su llegada al ministerio, previendo un conflicto de intereses, retiró la denuncia. No obstante, aprovechó una investigación administrativa en curso sobre el funcionamiento general de la PNF para reorientar el objetivo de la misma hacia tres fiscales en concreto, implicados en el asunto de las facturas telefónicas.

Los tres fueron enviados ante el Consejo Nacional de la Magistratura –lo mismo que el juez Levrault– y en todos los casos se concluyó que no hubo falta alguna. Dupond-Moretti no tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo después de que la Fiscalía haya renunciado a recurrir. El fiscal general del Tribunal de Apelación, Rémi Heitz, justificó esa decisión, en una entrevista el lunes pasado porque en caso de nuevo juicio en apelación habría un "procedimiento extremadamente complejo con un resultado al final seguramente aleatorio".

Los abogados de Dupond-Moretti habían anunciado que cualquier condena implicaría la dimisión del ministro. El mismo diagnóstico hizo la jefa de Gobierno, Elisabeth Borne, que había descartado la posibilidad de que un ministro condenado siguiera en su puesto; una referencia tanto a Dupond-Moretti como al ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, actualmente procesado en un caso de favoritismo. 

El Palacio del Elíseo, sin embargo, se ha negado a hacer comentarios durante todo el proceso y en varios medios de comunicación franceses se ha especulado con la posibilidad de que, en caso de un veredicto de culpabilidad, Macron hubiera estado dispuesto a mantener al ministro hasta el final de un proceso de apelación. 

Como candidato en 2017, Macron había defendido la “moralización de la vida pública” durante la campaña, marcando la acusación judicial como una línea roja para los miembros del Gobierno. De hecho, su primer ministro de Justicia, François Bayrou, tuvo que dimitir incluso antes de que la Justicia anunciase su imputación en un caso de malversación de fondos del Parlamento Europeo. 

Pero desde entonces Macron ha adoptado un enfoque “caso por caso”, lo que evitó la dimisión del ministro del Interior, Gérald Darmanin, cuando se abrió una investigación judicial por acoso sexual y abuso de confianza (finalmente sobreseída). En los últimos años, Macron se ha quejado de la “judicialización de la vida política” y ha denunciado una supuesta “República paralela de los jueces”.

Además, el jefe del Estado ha convertido a Dupond-Moretti en uno de sus portavoces más efectivos contra la extrema derecha, por su perfil ideológico y por su capacidad oratoria. El día previo a la sentencia, durante la última sesión de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional, Dupond-Moretti había fustigado la “demagogia indecente” del partido de Le Pen, en respuesta a una pregunta de un miembro de la Agrupación Nacional (AN) sobre el reciente asesinato de un joven a la salida de una fiesta, que provocó violencias de extrema derecha en la ciudad de Romans-sur-Isère.

El ministro aseguró a los diputados de la AN que lo que tienen que hacer es “expulsar de sus filas” a todos los “identitarios, pequeños nazis, racistas y antisemitas”. Los diputados del partido de extrema derecha abandonaron el hemiciclo en protesta y Marine Le Pen, furiosa, anunció “una denuncia” en los próximos días contra Dupond-Moretti.