El consejo de administración de la productora española Zinkia, presidido por el empresario Miguel Valladares, propondrá el próximo 23 de junio en la junta general ordinaria de accionistas, la venta de la marca Pocoyó, que cumple 20 años, a la compañía francesa Animaj Investment.

En concreto, esta operación incluye la transmisión de los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre Pocoyó, los contratos de distribución y licencia, las 'apps' y, en general, la totalidad de activos materiales e inmateriales vinculados a esta línea de negocio.

Zinkia ha precisado en un comunicado que quedan excluidos de este acuerdo los derechos vinculados a educación, que seguirán siendo desarrollados por la firma española a través de una licencia para explotarlos a nivel mundial.

Despedido por ser gitano. Es la conclusión a la que ha llegado un tribunal de León, que da la razón a Pedro H.R. un trabajador de etnia gitana que empezó a trabajar como camarero en un bar y que denunció a su empleadora por prescindir de él por su origen, asesorado por la Fundación Secretariado Gitano. La magistrada considera probado el "clima hostil que percibía el trabajador por su condición racial", por lo que concluye que el despido es nulo por discriminatorio y reconoce una indemnización por daños al afectado de de 7.501 euros.

Condena a una subcontrata por no aplicar la reforma laboral. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado una sentencia de instancia que condenó a una subcontrata de Nedgia S.A (Grupo Naturgy) por no subrogar al personal de la anterior empresa adjudicataria, como marca el convenio colectivo de la actividad externalizada, que es el que debe aplicarse según la normativa aprobada por el Gobierno, como ha adelantado El Periódico de Catalunya.

Las sentencias son las primeras que aplican el nuevo artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores tras los cambios en la reforma laboral, advertía este martes el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UOC, Ignasi Beltrán, que realiza un gran seguimiento de la jurisprudencia en esta materia en su blog 'Una mirada crítica a las relaciones laborales'.

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo piden la dimisión de Yolanda Díaz. El conflicto en el organismo público vigilante de la legalidad laboral endurece el tono, con un gran enfado de los representantes de la plantilla ante el incumplimiento de un pacto con mejoras alcanzado hace casi dos años y los avances que logran otros departamentos del Gobierno. "Vemos a otros ministros firmar acuerdos, como en la Seguridad Social y en Justicia, y nosotros nada", denuncian fuentes sindicales, que señalan directamente a la ministra de Trabajo por "su falta de implicación" y de "diálogo" con la plantilla.

La Comunidad de Madrid tiene las ayudas al coche eléctrico en "lista de espera" desde hace meses, tras haber pedido por ahora al Gobierno central la mitad de lo que podría haber recibido en las dos ampliaciones del presupuesto que se han aprobado hasta el momento.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que hace unas semanas pedía "transparencia" al Ministerio para la Transición Ecológica sobre la ejecución de estas subvenciones, ha solicitado por ahora 114 millones del programa Moves III de ayudas para el fomento para la movilidad eléctrica, cuando podía haber pedido 171 millones.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales temas de debate de la campaña electoral de las municipales y autonómicas. No solo por la aprobación de la Ley de Vivienda en vísperas de la cita con las urnas. También, por la promesa del presidente del Gobierno de construir 183.000 inmuebles con los que reforzar el parque de pisos en alquiler social o asequible.

Esa promesa supone reforzar un parque que, actualmente, roza las 300.000 casas en todos los territorios y donde las diferentes comunidades autónomas llevan su propio ritmo de construcción y promoción de pisos en alquiler, porque son ellas las que tienen las competencias en vivienda, aunque el Estado pueda diseñar un marco legislativo común para todas.

La derecha maniobra en el Parlamento Europeo para retrasar la reforma que obligaría a pagar más impuestos por el uso de los combustibles fósiles. Así lo han denunciado los ponentes de los grupos progresistas inmersos en las negociaciones de la reforma de la directiva sobre fiscalidad de la energía que pilota el eurodiputado flamenco de la extrema derecha (ECR) Johan Van Overtveldt, que ha planteado solicitar a la Comisión Europea una evaluación de impacto sobre la medida con el apoyo del Partido Popular Europeo y los liberales de Renew.

Sant Cugat del Vallés, en Barcelona, es el municipio de España con menos paro, con una tasa de desempleo media estimada para 2022 del 5,2%. Le sigue Pozuelo de Alarcón (Madrid), con un 5,8%, según el informe 'Indicadores Urbanos 2023' publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ambos municipios ya lideraron la clasificación cuando se publicaron los datos de 2021 hace un año, pero en orden inverso. De este modo, en esta nueva edición de la estadística, Sant Cugat del Vallés ha desbancado a Pozuelo como el de menor tasa de paro de toda España.

El Banco de España calcula que las subidas de los tipos de interés apenas bajaron 2 décimas la inflación en 2022, que de media fue en España del 8,4%. Según el mismo ejercicio, la institución estima que el golpe del endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) al crecimiento económico fue de 6 décimas, pese a lo que el PIB (Producto Interior Bruto) avanzó un 5,5%.

En 2023 y en 2024, proyecta que la agresiva estrategia del BCE apenas conseguirá moderar 5 ó 6 décimas las subidas de precios, según ha explicado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, este lunes en el discurso que ha pronunciado en la Fundación Financiera La Caixa, en Barcelona.

La OCDE avisa de que el coste de financiación de los grandes países está aumentando más y más rápido que en las últimas crisis financieras. Desde 2021, los tipos de interés de la deuda de las principales economías ha escalado más que durante la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, que en la crisis financiera de las 'puntocom' (1999-2000) o que en el último intento de 'normalización' de la política monetaria en 2018.

El organismo ha publicado este lunes un informe sobre los riesgos en las emisiones de bonos soberanos (la deuda con la que los países financian el gasto público que no pueden cubrir con los ingresos, y que se refleja en el déficit presupuestario).