Un jurado federal de San Francisco (California, EEUU) ha dictaminado que Google violó las leyes antimonopolio con su plataforma Play Store, dedicada a la descarga de aplicaciones móviles, perjudicando los intereses de desarrolladores de videojuegos como Epic Games, así como a sus usuarios. El veredicto culpa a la multinacional de llevar a cabo prácticas anticompetitivas por las altas comisiones de su tienda de app, dejando escasos márgenes de beneficio a Epic Games (creador del juego Fortnite) y otros desarrolladores independientes.

La sentencia podría redefinir los derechos que protegerían en un futuro a empresas de software en Play Store, tienda virtual desde la que millones de usuarios de Android instalan aplicaciones en sus teléfonos inteligentes.

El Tribunal Supremo zanja el debate y considera que no existe el derecho al permiso de paternidad (o maternidad a la madre no gestante) por bebés fallecidos al final del embarazo y antes del parto. El alto tribunal ya había fallado en este sentido en verano de 2022, pero se pronunció sobre un caso previo a la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad de 2019. Con este marco, varios tribunales habían reconocido el derecho a algunos padres, situación que rechaza ahora de nuevo el Supremo, que concluye que sigue sin existir este derecho con la normativa vigente.

En el sector de las telecomunicaciones, una fusión entre dos compañías suele beneficiar a una tercera. Todo apunta a que Digi será la gran beneficiada de la unión de Orange y MásMóvil, cuya fusión está todavía a la espera del beneplácito de la Comisión Europea. Mientras eso llega, Digi ha anunciado este martes un acuerdo para la compra por 120 millones de parte del espectro radioeléctrico de MásMóvil y un acuerdo para el uso de las redes de la nueva operadora.

El euríbor se ha divorciado de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). El índice de referencia para la mayoría de hipotecas ha caído medio punto, al 3,75%, desde el máximo del 4,21% que alcanzó el 5 de octubre en su cotización diaria. A finales de ese mes, la institución monetaria que preside Christine Lagarde dejó el 'precio' del dinero oficial en el 4,5%. Este jueves, su consejo de gobierno vuelve a decidir si lo modifica. Se espera que lo mantenga en ese mismo nivel.

Un mercado tensionado, donde gran parte de la población no puede pagar los precios que se exigen, hay un alto número de casas vacías y un volumen de inmuebles convertidos en apartamentos turísticos. El problema de la vivienda se repite en distintos puntos del planeta, especialmente en grandes ciudades, con las mismas características. Sin embargo, también hay soluciones que se van replicando en diferentes países. Una de ellas, poner trabas o, incluso, prohibir, la compra de casas por inversores extranjeros que, sobre todo, buscan la rentabilidad como si se tratase de activos financieros.

A la UE le toca apretarse el cinturón tras casi cuatro años de suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por la pandemia y la guerra; pero en 2024 volverá el corsé fiscal con el que los 27 tienen que encaminarse a unos máximos del 60% de deuda y el 3% del déficit respecto al PIB. Eso sí, con unas nuevas normas. La intención de los co-legisladores es que sean más fáciles de cumplir y, al mismo tiempo, más sencillos de sancionar los incumplimientos, que con las antiguas reglas fiscales las sanciones eran tan extremas que nunca se impusieron.

La sección sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) ha rechazado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) planteado por Bridgestone para todas las plantillas de sus centros de trabajo en España porque se ha llevado a cabo "sin justificación acreditada e impuesto sin negociación real".

Al respecto, el sindicato ha señalado en nota de prensa que "no queda acreditado si la medida que se plantea es adecuada, justa y proporcionada".

En este sentido, Luis Ruiz Eguren, secretario general de UGT-FICA en la fábrica de Puente San Miguel, donde es presidente del comité de empresa, ha señalado que el informe de su gabinete técnico "desmiente claramente el argumento de la empresa para aplicar la regulación de empleo por causas productivas y el impacto de aspectos macroeconómicos en su actividad".

El Banco de España ha multado con 880.000 euros a Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), así como a sus consejeros por una infracción "muy grave", según informa a través de su página web.

La infracción consistió en presentar "deficiencias" en su estructura organizativa y en sus mecanismos de control interno, además de no gestionar "adecuadamente" el riesgo de crédito al que la entidad estaba expuesta, lo que "puso en peligro" la solvencia de la entidad.

A UCI, 'joint venture' hipotecaria de Banco Santander y BNP Paribas, le ha impuesto una sanción de 700.000 euros; al exconsejero delegado, Roberto Colomer, de 55.000 euros; al presidente y consejero, Matías Rodríguez Inciarte, de 30.000 euros; a los consejeros Remedios Ruiz y Michel Falvert, de 35.000 euros; y al consejero Benoît Patrice Stéphane, de 25.000 euros.

El Ministerio de Hacienda ha constatado que es difícil alcanzar un acuerdo para la reforma de la financiación autonómica. Así lo ha evidenciado este lunes la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la primera reunión de la legislatura del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es una de las conclusiones que ha expuesto al acabar este encuentro con el resto de consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas. "Tenemos que salir de una posición de máximos", ha asegurado Montero.

La vicepresidenta cuarta ha recordado que el CPFF no es quien tiene que aprobar el nuevo sistema de reforma de la financiación.

El Ministerio de Trabajo ha planteado una cifra de subida de salario mínimo a los sindicatos y empresarios. El departamento que lidera Yolanda Díaz ha planteado un alza del 4%, para situar el SMI en 1.123,2 euros al mes en catorce pagas en 2024, desde los actuales 1.080 euros. La reunión de diálogo social de este lunes ha concluido sin acuerdo y con tareas pendientes. Sobre todo, que Trabajo negocie dentro del Gobierno una de condiciones de los empresarios, que ha sido apoyada por los sindicatos: vincular los contratos públicos al incremento del SMI.