Al menos 33 empresas del Estado podrían ser alcanzadas por la ola privatizadora del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei. Desde Aysa y Aerolíneas Argentinas hasta Tandanor, la Casa de la Moneda, Correo Argentino, el Polo Tecnológico, Ieasa (ex Enarsa), Ferrocarriles Argentinos e Invap. La Administración General de Puerto, el Belgrano Cargas, Intercargo, Corredores Viales, la agencia estatal de noticias Télam, Radio Nacional y la TV Pública, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (Intea), Arsat, entre otras, podrían entrar en la fase de privatización, de acuerdo con lo decretado por Milei.

El diputado de Vox José Sánchez García ha puesto de ejemplo el plan económico ultraliberal de Javier Milei en Argentina para descalificar la gestión de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño. El representante del partido de extrema derecha ha defendido la teoría económica de las privatizaciones, recortes y desregulaciones que el nuevo presidente latinoamericano ha aprobado en su país.

"Sigo echando de menos que usted haga, y ya me parece que no va a haber ocasión [en referencia a la marcha de Calviño a la presidencia del BEI en 2024], alguna reflexión de naturaleza económica.

La economía no se habría recuperado del shock de la COVID hasta 2024 sin el Plan de Recuperación de la Unión Europeaa (UE). El Gobierno asegura que los fondos europeos entregados desde 2021 y las reformas exigidas han elevado el crecimiento inercial del PIB (Producto interior bruto) 5,1 puntos hasta este 2023. De hecho, según ha defendido este jueves la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, fueron un factor crucial para que nuestro país completará la reconstrucción tras la pandemia en 2022.

"El Plan de Recuperación está siendo un instrumento clave para lograr una recuperación rápida e intensa e impulsar la modernización de nuestra economía en clave verde y digital", ha defendido la también ministra de Economía, Comercio y Empresa, en su última Comisión Mixta para la Unión Europea en el Senado, justo antes de asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a partir de enero.

Un tiroteo en la Universidad Carolina de Praga ha causado este jueves al menos once muertos, incluido el atacante, además de una veintena de heridos, de los cuales nueve están graves, según han anunciado en redes sociales los servicios de emergencia, añadiendo que "los números pueden cambiar".

"Un desconocido ha abierto fuego poco después de las 15.00 horas en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga, en la plaza Jan Palach", en pleno centro de la capital, ha informado Radio Praga Internacional, según la Agencia EFE.

Un tiroteo en la Universidad Carolina de Praga ha causado este jueves más de 15 muertos, incluido el atacante, además de 24 heridos, de los cuales nueve están graves, ha anunciado el jefe de la Policía, Martin Vondrášek, según el periódico The Guardian. "Ha sido un ataque violento premeditado", ha asegurado Vondrášek.

El jefe de la Policía ha detallado en una rueda de prensa, unas dos horas después del ataque, que el tirador era un estudiante de 24 años de la Universidad Carlos, que se mató de un disparo en el pasillo del edificó donde había irrumpido cuando le perseguían los agentes.

El Tribunal de Justicia de la UE da la razón a la Superliga. Los jueces de Luxemburgo, en contra del criterio del abogado general de la UE, han concluido que el veto de la UEFA y la FIFA a esa competición privada, impulsada por varios clubes, entre ellos el Real Madrid y el FC Barcelona, es contrario a la legislación europea en materia de competencia y libre mercado.

"Las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión", sentencian los jueces de Luxemburgo sobre un litigio en el que hay en juego miles de millones de euros.

Después de realizar un largo repaso que incluyó críticas a “la casta” y a los gobiernos que antecedieron al suyo, el presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, anunció esta noche por cadena nacional la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) “para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido nuestro país”. Incluye, según dijo, más de 300 de medidas de las cuales detalló 30. Se trata de decisiones que no pasarán por el Congreso y que modifican el régimen laboral, facilitan las privatizaciones y suponen la derogación de numerosas leyes, entre ellas la de Alquileres.

Al filo de la medianoche del pasado martes, el Parlamento francés aprobó el proyecto de ley sobre inmigración presentado por el Gobierno. Una ley anunciada por primera vez hace más de un año y medio, aplazada en varias ocasiones, rechazada por la Asamblea Nacional en primera instancia, que estuvo a punto de ser abandonada y que finalmente se aprobó con el apoyo de la derecha y la extrema derecha.

El voto cerró el recorrido parlamentario de uno de los textos más importantes del segundo mandato de Emmanuel Macron, pero sus consecuencias políticas no han hecho más que comenzar.

Entre el 20 de diciembre de 1996 y el 19 de diciembre de 2023 han pasado 27 años menos un día. También ha pasado una historia de ida y vuelta. En el Consejo de Ministros de entonces, el Gobierno, en aquellos años del PP, aprobó la venta del 20% que todavía tenía el Estado en Telefónica, que se produciría al año siguiente. En la segunda fecha, esta misma semana y casi coincidiendo en la misma hoja del calendario, otro Consejo de Ministros, en este caso compuesto por PSOE y Sumar, aprobó la vuelta del Estado al accionariado de Telefónica con una compra de hasta el 10%.

Enfado de los agentes sociales, patronales y sindicatos mayoritarios, con el Gobierno. El nuevo Ejecutivo de coalición progresista acaba de echar a andar y ha aprobado dos cuestiones clave para las relaciones laborales sin apenas negociación en el diálogo social. Por un lado, la reforma de los subsidios de desempleo y, por otro, de sorpresa dentro de este decreto y sin consulta alguna, la prioridad de los convenios autonómicos sobre los estatales que el PSOE prometió al PNV para investir a Pedro Sánchez. Los sindicatos han instado al presidente del Gobierno a que convoque una reunión para "restaurar confianzas".