El tarifazo eléctrico de 2013 empezó a enjuiciarse este martes en la Audiencia Nacional. En el banquillo se sientan Iberdrola Generación, filial del grupo Iberdrola, y cuatro de quienes fueran sus directivos a quienes la Fiscalía acusa de idear y poner en funcionamiento un “sistema” para “incrementar el precio de la energía” y “perjudicar a los consumidores”. En la primera sesión comparecieron los ejecutivos Ángel Chiarri, que en el momento de los hechos era director de Gestión de la Energía; y Gregorio Relaño, entonces responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading.

Ante el juez, ambos negaron que hubiera manipulación del mercado y desvincularon la escalada de precios de las tensiones con el Gobierno —entonces en manos del Partido Popular—, que sólo unos días antes del inicio de ese incremento sostenido había decidido que el Estado no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. “No hubo consigna, estrategia ni ninguna cosa rara”, insistió Chiarri, que al igual que Relaño defendió que su actuación se enmarcó en los parámetros de “autonomía plena”, que en ningún caso recibieron instrucciones a nivel empresarial y que se utilizó la “metodología” habitual para fijar el precio en el que se ofertaría su energía hidraúlica en el mercado. 

Buena parte del interrogatorio, por momentos muy técnico, estuvo centrado en las particularidades del sistema de fijación de precios. Ambos directivos trataron de desmontar la tesis de las acusaciones de que Iberdrola subió de manera artificial el precio al que ofertaba la energía de sus embalses en el Duero, Tajo y Miño-Sil hasta lograr que quedaran fuera del mercado por la imposibilidad de “casar” las operaciones. Y que con esa estrategia sacó de la negociación de la subasta eléctrica la producción de esas centrales, con lo que fueron reemplazadas por otras fuentes de energía más caras como las centrales de ciclo combinado, que queman gas natural. 

A este respecto, ambos ejecutivos aseguraron que la compañía ofertó entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 el agua de sus embalses a precios superiores a los que lo había hecho unos días antes en una “gestión prudente” ante la “sequía persistente” y la previsión de falta de lluvias. Chiarri, ya jubilado, reconoció que los embalses tenían en 2013 unas “buenas reservas” gracias a las precipitaciones del año anterior, pero afirmó que la mitad de ellas se habían gastado en el inicio de noviembre. Y que fue entonces cuando se decidió que “algo” había que hacer para retener ese “ahorro” teniendo en cuenta además las previsiones de sus técnicos de que sería un invierno seco. “La historia nos decía que siempre que diciembre era seco, el 100% de los eneros lo eran y el 85% de los febreros”, amplió después Relaño. 

Durante sus declaraciones, los dos altos cargos definieron el sistema de fijación del precio al que se hacen las ofertas en el mercado como algo automatizado. “No es una persona con un lápiz y un papel en blanco (...). Todo el proceso está armado para evitar la irracionalidad de una persona”, llegó a decir Chiarri.

Así, explicaron que la decisión sobre a cuánto se oferta el precio de la energía hidráulica se toma en las reuniones del llamado plan semanal, donde participan el trader [un cargo rotatorio], así como diferente personal de los departamentos de Mercados y Planificación. Y que, para ello, se sirven de una “herramienta informática” en la que se tienen en cuenta elementos como la previsión de precios a futuro, con la “gran dificultad” —en palabras de Chiarri— de estimar qué va a pasar en los meses siguientes en términos de precipitaciones, pero también otros factores que pueden incidir en los precios como la situación de las centrales nucleares. 

Por otro lado, ambos directivos también trataron de apuntalar la tesis de que la compañía no tenía incentivos para elevar el precio dado su “posición neta compradora”. Esto es, que los supuestos beneficios obtenidos con el incremento del precio no compensaban ni el mayor coste de adquisición por la comercializadora libre del grupo ni el menor ingreso provocado por la reducción de la producción de sus centrales. “La realidad es que compró más de lo que se vendió”, aseveró Relaño. 

Está previsto que el juicio se reanude este miércoles con el interrogatorio de José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos, y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global y del representante legal de Iberdrola Generación. A partir del día 24 y durante ocho sesiones está previsto que se sienten ante el juez de lo Penal de la Audiencia Nacional los testigos propuestos por las partes. Entre ellos, José Manuel Soria, que ya compareció en la fase de instrucción y se ratificó en las declaraciones que había hecho en la citada entrevista en ABC. También está citado como testigo el que fuera secretario de Estado de Energía en el momento en el que tuvieron lugar los hechos, Alberto Nadal, que actualmente está destinado como representante de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Nueva York y colabora puntualmente como experto con la consultora KPMG.