Era una etapa crucial en el camino del proyecto de ley sobre la inmigración del Gobierno francés, uno de los textos clave del segundo mandato presidencial de Emmanuel Macron. Este lunes debía ser el punto de partida a dos semanas de debates en la Asamblea Nacional, antes de su votación definitiva. Y la jornada se ha cerrado con un importante revés para el Ejecutivo. Los diputados de la oposición —los partidos de izquierda, derecha gaullista y extrema derecha— votaron a favor de una moción, presentada por el Partido Ecologista para rechazar el texto antes de que se empezara a debatir.

La votación confirma las dificultades del Gobierno de Emmanuel Macron para lograr acuerdos en el Parlamento desde la pérdida de la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de 2022. También es un duro golpe para el principal arquitecto del texto, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, una figura fuerte del Ejecutivo que incluso suena como presidenciable para 2027. Darmanin había defendido un proyecto de ley con el objetivo de acelerar los procedimientos de examen de las solicitudes de asilo y facilitar la expulsión de los extranjeros “considerados peligrosos”.

En su versión original, el texto también contemplaba una disposición con la que esperaba conseguir votos entre las fuerzas progresistas: la simplificación de la regularización de trabajadores en situación irregular en aquellos sectores de la economía con dificultades para encontrar mano de obra.

Presentado como un “texto de equilibrio” por el ministro, las medidas más represivas fueron endurecidas considerablemente a su paso por el Senado, donde la derecha es mayoritaria. Los senadores suprimieron el artículo tres —sobre la flexibilización de las regularizaciones de trabajadores— y añadieron una disposición que acababa con el acceso universal a la sanidad para sustituirlo por un acceso sólo de urgencia. Sin embargo, antes de su llegada a la Asamblea Nacional, la comisión de leyes de la cámara baja revisó de nuevo el texto, eliminando o suavizando varias de las disposiciones aprobadas en el Senado.

El resultado es un proyecto rechazado unánimemente por los partidos de la oposición: la derecha y la extrema derecha consideran que no va demasiado lejos para reducir la inmigración “descontrolada”; la izquierda considera que “endurece más que nunca las condiciones para aquellos que deciden construir su vida en Francia”, en palabras del diputado socialista Boris Vallaud.

Como ocurrió con la polémica reforma de las pensiones, una vez más el voto decisivo correspondió a los 62 diputados del partido Los Republicanos. El presidente de la formación, Éric Ciotti, había insistido en que “la única condición para votar a favor de este texto sería que el Gobierno asuma íntegramente todos los puntos planteados por el Senado y se comprometa a trabajar en una reforma constitucional aprobada por referéndum”.

En la tribuna de la Asamblea Nacional, Gérald Darmanin repitió este lunes su voluntad de “tender la mano” a la formación y estudiar “minuciosamente” las enmiendas presentadas al texto, como ya había hecho en los días previos. Pero finalmente los llamamientos del ministro a sus antiguos compañeros de partido —que dejó en 2017 para apoyar a Emmanuel Macron— no fueron escuchados.

El proyecto de ley de inmigración había encontrado también una oposición unánime entre las ONG y los sindicatos. Reunidos ante la Asamblea Nacional durante la votación del lunes, dirigentes de varias asociaciones denunciaron una ley que “extiende la alfombra roja” a todas las “tesis de la extrema derecha”. Un texto que “amalgama a los extranjeros con delincuentes y terroristas”, según declaró Henry Masson, Presidente de la asociación de protección de trabajadores en situación irregular La Cimade.

Hace unos días Marine Le Pen, presidenta del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (AN), se había expresado en términos similares, considerando que el proyecto de ley corresponde a los argumentos que su formación lleva años defendiendo y que “confirmaba que su partido es hoy el centro de gravedad de las ideas políticas en Francia".

Para evitar un rechazo de la Asamblea Nacional al texto, el partido de Emmanuel Macron había dado instrucciones a los 251 diputados de su partido para que estuvieran presentes este lunes “obligatoriamente” en el hemiciclo. A diferencia de una moción de censura, que requiere mayoría absoluta (es decir, 289 votos), la aprobación de una moción de rechazo sólo requiere mayoría simple. En este caso fue aprobada por 270 votos a favor, contra 265 en contra.

El Gobierno debe ahora decidir cómo responde a este revés. El Ejecutivo tiene la opción de devolver el texto al Senado para una nueva revisión, convocar una comisión específica para discutir el texto (en la que la derecha tendría mayoría) o bien retirar el proyecto de ley.

En cualquier caso, la votación tiene una consecuencia directa sobre el recorrido legislativo del texto. El rechazo por parte de la Asamblea Nacional antes de debatir el texto hace inviable el recurso a una aprobación de la ley por decreto, sin votación, en virtud del artículo 49.3 que el Gobierno ha utilizado en múltiples ocasiones en esta legislatura, incluyendo la polémica ley sobre la reforma de las pensiones.