Con la venta de Bankia a CaixaBank, el Instituto de Crédito Oficial ha quedado como la única entidad financiera controlada por el Estado. El ICO vive con la pandemia el que quizá sea su periodo de mayor protagonismo de los últimos años. Miles de empresas han recurrido a la línea de avales del organismo público para obtener créditos con los que evitar su cierre por la crisis sanitaria, lo que provocó un sobreesfuerzo para los 300 empleados que componen su plantilla.

La sede del organismo se encuentra en el Paseo del Prado de Madrid, entre el Museo Thyssen-Bornemisza y el edificio del Banco de España. Desde este edificio, que a menudo pasa desapercibido para muchos, el banco público ha vivido las múltiples transformaciones que ha tenido en su función desde que fuera creado en los años setenta. Ahora, la dirección de la empresa considera necesaria realizar una reforma del inmueble al entender que hay muchos de sus elementos que "ya han cumplido con su vida útil", según apuntan fuentes del ICO a este diario.

Sin embargo, esta situación no convence al comité de empresa y a la plantilla del organismo, que en una reciente asamblea decidió rechazar este proyecto. "La obra no tienen ningún sentido", señalan desde el comité, compuesto por UGT, CSIF y antiguos representantes de la CGT. "Es inaceptable y un despropósito", profundizan distintos miembros del órgano de representación de la plantilla. Según apuntan, el proyecto de la reforma se conocía desde antes del coronavirus, pero ha sido en las últimas semanas cuando la empresa ha trasladado a los sindicatos cuáles son los planes concretos, cuál será el diseño de la remodelada sede y cuál será el coste de las obras.

Lo que los trabajadores entienden es que este proyecto es "un insulto y una ofensa" por llegar en un momento en el que la plantilla arrastra todavía recortes salariales desde la pasada crisis que, aunque se diseñaron como temporales, se han prolongado durante casi una década. Este es un conflicto antiguo que arrastra la plantilla del organismo y que ha vuelto a poner sobre la mesa tras un año en el que, señalan, los trabajadores han trabajado por encima de sus jornadas para poder sacar adelante los avales y cuando una reforma de la sede que no consideran necesaria supera con creces el coste que tendría devolverles sus derechos salariales.

Para conocer el inicio de este conflicto hay que viajar hasta 2014. En aquel momento, en plenos recortes por la crisis financiera, la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) decidió recortar la retribución de los organismos públicos y entes autónomos. Esto afectaba al Sistema de Desarrollo Profesional, un esquema de retribución que adoptó el ICO en 2003 como alternativa a los trienios. Este modelo reconocía que se destinara el 1% del presupuesto de personal a dotar este sistema con el que se recompensaba la antigüedad de los trabajadores. Con la reforma, se redujo al 0,2%. La medida se planteó transitoria, aunque nunca se ha revocado y la plantilla mantiene reconocido en su convenio estos derechos.

Por ello, desde el comité recuerdan que por esta norma hay empleados que arrastran deudas salariales con la empresa que han alcanzado los 30.000 euros. Hay trabajadores que han subido en la escala jerárquica sin que eso se haya visto traducido en su salario, salvo algunos cantidades que consideran todavía insuficientes, según relatan. En total, el comité estima que son 2,5 millones de euros lo que la empresa debe a sus trabajadores por estos años. Distintas iniciativas judiciales llevadas a cabo por los sindicatos acabaron sin dar la razón a la plantilla, por lo que el comité confía en recuperar, al menos en parte, estas cantidades a través de la negociación con la empresa, quien reconoce que existe este problema que viene de lejos.

Ven incompatible los sindicatos que se asuma ahora el proyecto de la reforma de la sede existiendo esta deuda salarial con los trabajadores. Según comentan estas fuentes del comité, en la reunión con la empresa se les trasladó que el proyecto de reforma de la sede tiene un presupuesto de unos 40 millones de euros. "Hay una molestia latente en la plantilla", señalan desde el comité, que critica un presupuesto de este tamaño sin que se aborde la recuperación salarial, que tendría un coste muy inferior.

Desde la empresa explican que el coste que ya está comprometido son los 19,8 millones de euros que figuran en el contrato que el ICO ha firmado con Segipsa, empresa pública dependiente de Patrimonio del Estado, que se encargará del diseño del proyecto para la reforma de la sede.

El problema para los trabajadores es que la decisión sobre los trabajos en el edificio del ICO y la recuperación de sus niveles salariales no dependen de la misma ventanilla. Mientras que la reforma de la sede está impulsada por la propia dirección de la empresa, la decisión sobre recuperar esos salarios que se dejaron de percibir depende del CECIR y de que se incluya la medida en los Presupuestos Generales. Por ello, la plantilla pide al presidente del banco público, Juan Carlos García de Quevedo, que interceda para que esto se lleve a cabo.

"Somos optimistas y confiamos en que lo esté haciendo", señalan desde el comité. Desde la empresa confirman que la dirección del organismo está trabajando para poder cumplir con las condiciones que el propio convenio laboral del ICO reconoce a sus trabajadores. Sin embargo, no plantean un calendario para implementar estas mejoras.

Respecto al proyecto de reforma, el diseño ya está encargado a Segipsa y esta semana se ha pedido la licencia de obra al Ayuntamiento. Una vez se cuente con ella, se sacará a licitación para seleccionar la empresa que se encargue de los trabajos. Con ello, apunta la empresa, si no hay retrasos se hablaría de comenzar la reforma del edificio del Paseo del Prado en noviembre o diciembre del año que viene, 2022, por lo que no estamos ante un proceso inmediato.

Los sindicatos reconocen algunos avances con la actual dirección en materia salarial, pese a que mantienen que se trata de "migajas" frente a lo que correspondería a los trabajadores. Por ejemplo, según detallan, se ha aprovechado el coste que dejan libres las jubilaciones que se han producido para devolver una parte de ese dinero que se adeuda, aunque reconocen que "cada vez hay menos jubilaciones". Parte del comité se cuestiona si se está poniendo un mayor esfuerzo en las obras de la sede que en la negociación para recuperar los salarios y recuerdan que se mantiene "un incumplimiento de la negociación colectiva y de las tablas salariales". Este aspecto, y otros que apuntan desde la representación de los trabajadores, llevan a un problema que arrastra desde hace tiempo el ICO, que es la alta rotación de la plantilla y la escasa permanencia de los trabajadores en la empresa ya que, tarde o temprano, se acaban buscando otros destinos.

Los trabajadores recuerdan que con estos mimbres se ha logrado abordar el plan de avales del ICO para los créditos a empresas que aprobó el Gobierno desde poco después del estallido de la crisis sanitaria. Se ha hecho, señalan, a costa de multitud de horas extra y de fines de semana trabajados. "Somos mucho más pequeños que las empresas homólogas en el resto de Europa y sin embargo hemos conseguido movilizar más préstamos en función del PIB que en Alemania, por ejemplo", celebran fuentes del comité. Por ello, consideran que durante el año pasado se abrió "una ventana de oportunidad" para reconocer este trabajo extra con la recuperación de los salarios que se redujeron de forma temporal hace casi ocho años.

Se estima que durante este periodo la banca ha concedido 126.000 millones de euros de financiación, con aval público de 96.000 millones de euros, en un millón de operaciones formalizadas, el 98% con pymes y autónomos. Recientemente, l Consejo de Ministros ha aprobado el Código de Buenas Prácticas al que las entidades financieras podrán adherirse para facilitar la renegociación de la deuda avalada contraída por las empresas y los autónomos, que contempla la extensión del plazo de vencimiento de los créditos ICO, la conversión dichos créditos en préstamos participativos y la posibilidad de aplicar quitas a la deuda.