El Gobierno tiene abierto un “procedimiento de reclamación de responsabilidad” a Escal UGS, la filial de ACS que construyó el fallido almacén de gas Castor, por posibles “vicios o defectos” en su construcción. En una reciente respuesta parlamentaria, señala que el procedimiento “actualmente continúa en tramitación”. El Ministerio para la Transición Ecológica indica que el expediente se va a “retomar" con el desmantelamiento de las instalaciones, sin aclarar las cantidades reclamadas hasta ahora a la concesionaria. 

El expediente de reclamación fue abierto mediante resolución de 6 de julio de 2016 de la Dirección General de Política Energética y Minas del ministerio.

El negocio hipotecario ha comenzado el año disparado. Sus niveles se acercan a los de hace una década y España encabeza el crecimiento en la zona euro. Pero el dinamismo que está mostrando esta actividad bancaria no se limita exclusivamente a los nuevos préstamos ya que también se está viviendo un estallido que no se veía desde hace mucho tiempo en otras operaciones como son la renegociación en busca de mejores condiciones en el mismo banco o el salto de una entidad a otra. La banca ha desatado, a medida que se ha ido abriendo la actividad de económica tras las restricciones sanitarias, una batalla no solo por atraer a nuevos hipotecados sino también por captarlos de sus competidores

En concreto, entre novaciones, como se conoce a los cambios en las condiciones de un crédito hipotecarios, y las subrogaciones de acreedor, el cambio de banco, entre enero y marzo de este año se han registrado 70.928 operaciones, según las estadísticas que recoge mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Pleno de la sala de lo social del Tribunal Supremo aborda el próximo martes los efectos de la reciente sentencia sobre los trabajadores interinos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado 3 de junio declaró contraria al Derecho europeo una normativa española.

En respuesta a una cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el TJUE objetó a la norma que permite renovar contratos de duración determinada en espera del fin de procesos selectivos sin fecha y prohíbe la asimilación de trabajadores "indefinidos no fijos".

Hubo un tiempo en España en el que los mayores no sabían nada de internet. Todas las grandes empresas querían tener su página web y un grupo de veinteañeros, recién salidos de la carrera y muy espabilados, aprendieron a hacerlas y a trabajar para las corporaciones desde pequeñas consultoras. Algunas permanecen, otras fueron adquiridas y otras quebraron. "Se manejaban unos presupuestos que alucinas. La gente cobraba sueldos muy altos con menos de treinta años. Luego la burbuja explotó y ofrecían trabajos por la mitad. Lo interesante es que había de todo: yo estudié Publicidad, otros eran abogados, otros de Bellas Artes o de Educación Física.

No todos lo están haciendo como España. Pero tampoco el resto de países de la UE son como España. Nuestro país, que es la cuarta economía de la UE, cerró 2020 con una caída del PIB del 10,8% por la crisis del coronavirus, ha ido acumulando déficits de inversión por los recortes de la crisis financiera y, a diferencia de países de importancia similar en la UE, sí cuenta con 38.000 millones de fondos estructurales en el marco financiero de la UE para 2021-2027.

Ana M. forma una familia monoparental, con dos hijos pequeños a su cargo, de 3 y 7 años. Socia cooperativista de la cadena de supermercados Eroski desde 2012, trabaja en tareas de administración y durante la pandemia pidió a la compañía teletrabajar para poder conciliar mejor el cuidado de los niños, que no quería dejar con los abuelos, más vulnerables al virus. "Mis padres son muy mayores, de 80 años", explica la trabajadora. Eroski se negó con el argumento de que los derechos de conciliación que reclamaba no le correspondían porque no era trabajadora por cuenta ajena, sino cooperativista.

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena a Deliveroo por despido nulo a nueve repartidores a los que echó tras protagonizar protestas y movilizaciones en Barcelona en 2017 para reclamar mejoras laborales. El Alto Tribunal rechaza el recurso que presentó la multinacional británica de reparto y declara así la fijeza de la sentencia, que condenó a la compañía a readmitir a los riders en sus puestos, a abonarles los salarios dejados de percibir desde su despido (dos años), las vacaciones adeudadas y, además, a pagar una indemnización de 6.251 euros a cada uno por vulneración de derechos fundamentales.

El ministro José Luis Escrivá ha adelantado este viernes una gran creación de empleo en junio, superior incluso a la de mayo, que ya contó con datos positivos. El responsable de la Seguridad Social ha destacado que el incremento del empleo será de unas 222.000 personas de media, pero sobre todo ha destacado el dato de unas 190.000 personas afiliadas más si se tiene en términos desestacionalizados.

En una comparecencia que se sale de lo habitual, el ministro ha comparecido ante los medios de comunicación para informar de cómo marcha la afiliación hasta mitad de mes, así como del número de personas en ERTE y cuáles son las previsiones del Ministerio en empleo para el cierre de junio.

Alcanzar un salario mínimo interprofesional (SMI) en España de entre 1.011 y 1.049 euros al mes para cumplir con la recomendación europea. Es la conclusión del comité de expertos y expertas creado por el Ministerio de Trabajo para definir cuál es la meta en España del 60% del salario medio a la que el Gobierno se ha comprometido llevar el SMI al final de la legislatura, en el año 2023, para así adecuarse a lo que propone Europa.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado este viernes que el Ministerio de Hacienda está estudiando "todas las alternativas" para acometer una eventual intervención en la fiscalidad eléctrica que rebaje la factura de la luz, incluida una reducción del IVA o su modulación por tramos de consumo.

Ribera, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha señalado que Hacienda es el Ministerio competente en esta materia, con independencia de que su Departamento o el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón estén realizando aportaciones.