La Unión Europea necesita más dinero.

La Comisión Europea está trabajando ya en ese nuevo presupuesto comunitario que tiene previsto presentar el próximo 16 de julio. A partir de ahí se abrirá la verdadera caja de pandora de la UE, con una de las discusiones más complicadas de los 27, que negocian partida a partida, casi euro a euro. De hecho, los países ya han ido fijando posiciones. El Gobierno de Pedro Sánchez fue uno de los primeros en pronunciarse al circular un non paper –documento de trabajo en la jerga comunitaria– en el que planteaba duplicar el presupuesto hasta el 2%. Alemania ya ha dicho que no a un aumento de esas características.

Sea para incrementar las finanzas comunitarias o para encarar los desafíos que tiene por delante la UE, se necesitan más ingresos. Y fundamentalmente proceden de dos fuentes: más contribuciones nacionales de los estados miembros (que evidentemente se resisten a desembolsar cientos de millones) o impuestos (tasas de aduana, IVA, etc.).

Una de las opciones que ha cogido más fuerza en el seno de la UE es incrementar la tasa ha planeado para el nuevo Sistema Europeo de Autorización y de Información de Viaje (ETIA, por sus siglas en inglés), que se comenzará a aplicar a partir del último trimestre de 2026. Se trata de un sistema de control y pago para los turistas de unos 60 países que tienen exención de visado para entrar en la UE, entre ellos EEUU, Reino Unido, Japón, Israel o varios de América Latina. El modelo es similar al que ya aplican otros países, como EEUU o Reino Unido a los viajeros de la UE.

La tasa prevista es de 7 euros. Con esa cantidad, la Comisión Europea estima que entre 2012 y 2027 entrarían en territorio Schengen con necesidad de esa autorización entre 40,6 millones de personas y 50,5 millones. “De mantenerse estas cifras, ETIAS recaudaría unos 300 millones de euros anuales desde su puesta en marcha. Una vez deducidos los gastos de funcionamiento, entrarían en las arcas públicas unos 215 millones de euros anuales”, señala un documento de trabajo de la presidencia polaca publicado por Politico. “Hay una posibilidad de un incremento gradual de la tasa, reforzando su potencial de ingresos a largo plazo”, agrega ese texto.

Otro de los ingresos 'extra' que la Comisión Europea pretende poner en marcha es el cobro de dos euros por cada envío 'low cost' de empresas como las chinas Shein y Temu, que están exentos por tratarse de mercancías inferiores a los 150 euros, y que se han triplicado en los últimos años. El 'coladero' supone, además, un aumento del trabajo de los servicios de aduana. En 2024 entraron en el mercado europeo unos 4.600 millones de envíos 'low cost' exentos de derechos aduaneros. Si se les aplica una tasa de dos euros, se recaudarían unos 9.200 millones de euros con los que Bruselas pretende, no obstante, financiar el extra del coste que están soportando las aduanas por la multiplicación de envíos de paquetes que se está produciendo por el incremento del comercio online

Esas cuantías siguen siendo muy insuficientes ante los ingentes gastos que tiene por delante la UE. Sólo la deuda de los fondos de recuperación asciende a entre 25.000 y 30.000 millones de euros al año. De ahí que en la UE se estén estudiando distintas alternativas, aunque el consenso es más complicado por las implicaciones políticas y económicas que pueden suponer.

Hay numerosos documentos, papeles informales, propuestas... para alimentar un debate que ya ha comenzado y que tendrá uno de sus hitos importantes a mediados de julio, cuando la Comisión Europea ponga el planteamiento formal sobre la mesa, pero son los estados miembros los que tienen la última palabra.

El impuesto a las 'Big tech' es una de las iniciativas que figura en planteamientos como el del prestigioso think tank Bruegel. Ursula von der Leyen lo invocó directamente como amenaza en el marco de la negociación arancelaria con la Administración Trump. Los servicios financieros, la salida de capital (exit tax) las criptomonedas o las grandes empresas son otros de los sectores que figuran entre las posibilidades para gravar y así engrosar las cuentas europeas. Incluso una tasa a las grandes fortunas (desde los 100 a los 1.000 millones de patrimonio).

Los impuestos 'verdes' también figuran en el abanico de opciones, aunque las quejas de los sectores económicos y el auge de la extrema derecha negacionista los complican cada vez más. Por poner un ejemplo, Bruselas ha aceptado retrasar las multas previstas para los fabricantes de vehículos por las emisiones de CO2. Incluso gravar al sector de la aviación se resiste: una mayoría de países, entre ellos España, abogaron en la UE por que el queroseno siga estando exento de impuestos dejando el transporte aéreo y marítimo fuera de la ‘fiscalidad verde’.