El propósito principal de estas maniobras, desde su inicio, no es otro que la repartidirización de su estructura; es decir, reforzar el dominio del Partido Comunista de China (PCCh) sobre las Fuerzas Armadas.

En efecto, desde la llegada al poder en 2012, Xi Jinping enarboló la bandera del fortalecimiento del liderazgo del PCCh en todos los órdenes. Su primer enfoque se centró en las estructuras del Estado. Cualquier debate acerca de la separación del Estado-Partido, vigente con altibajos desde los años 80, fue finiquitado de plano.

En su lugar, se acentuó la presencia del Partido en todas las estructuras del aparato estatal y se fortaleció su condición ejecutiva, reduciendo el margen de autonomía que había asumido durante el mandato de Den Xiaoping, un periodo conocido como denguismo, cuando el Partido se ocupaba de fijar la línea, pero dejando cierto margen para un despliegue holgado de capacidades gestoras.

En perspectiva histórica, Xi rompe con la ambigüedad funcional que caracterizó a las décadas posteriores a Mao, cuando se toleró cierta diferenciación entre Partido y Estado para facilitar la gestión económica y la profesionalización administrativa. Xi considera que ese modelo generó fragmentación del poder, laxitud ideológica y riesgos sistémicos. Su respuesta no fue volver al maoísmo clásico, sino construir un Estado altamente modernizado, pero orgánicamente subordinado al Partido, donde la eficiencia técnica no cuestiona la primacía política.

Esa repartidirización también responde a una lectura del contexto internacional. En un entorno percibido como hostil e inestable, Xi apuesta por un Estado-Partido cohesionado capaz de movilizar recursos, imponer disciplina y sostener una estrategia de largo plazo. Desde esta óptica, la separación Estado-Partido no es un ideal deseable, sino una vulnerabilidad estructural.

Por último, debe entenderse que el Estado no se debilita frente al Partido, sino que se redefine como su brazo operativo, cerrando el ciclo abierto con las reformas de Den Xiaoping y restaurando, en clave contemporánea, el principio fundacional del sistema, es decir, la idea de que el Partido es el núcleo dirigente absoluto.

En el Ejército manda el Partido

El Ejército, de actualidad ahora por una nueva depuración en su cúpula es, quizá, el laboratorio más acabado de la repartidirización bajo Xi. A diferencia de un aparato civil donde aún subsisten inercias tecnocráticas, en el ámbito militar Xi ha actuado con una claridad doctrinal y una contundencia política excepcionales, precisamente porque ahí se juega el nervio último del poder.

Cuando Xi asume el liderazgo en 2012, el Ejército ya no es, por supuesto, el ejército maoísta de “soldados rojos”, sino una fuerza altamente profesionalizada con mandos que acumulan poder corporativo, redes clientelares y una cultura de autonomía funcional. Formalmente, el principio de que “el Partido manda al fusil” nunca se abandonó, pero en la práctica se había producido una relajación del control político, especialmente durante las décadas de Jiang Zemin (1989-2002) y Hu Jintao (2002-2012).

Bajo los dos dirigentes anteriores primó la estabilidad interna y el desarrollo técnico-militar. Xi interpreta esa evolución como un riesgo estratégico ya que, en la tradición del PCCh, un Ejército eficaz, pero políticamente tibio es una contradicción peligrosa.

Desde el inicio de su mandato, Xi, al igual que aconteció con el debate sobre la separación Estado-Partido, ha soslayado cualquier invocación acerca de la “nacionalización” del Ejército, una idea que había circulado en círculos académicos chinos en los años 90, y reitera un mensaje clave: el Ejército es el ejército del Partido, no un ejército nacional en sentido occidental. Xi entierra a cal y canto esa discusión y enfatiza la lealtad absoluta al PCCh y, en concreto, a su “núcleo” dirigente.

Uno de los instrumentos más decisivos de este proceso es la consolidación del sistema de responsabilidad del presidente de la Comisión Militar Central (CMC). Aunque este principio existía formalmente, Xi lo convierte en un mecanismo de mando real y personalizado.

En la práctica, esto significa que todas las decisiones estratégicas clave —operativas, doctrinales y organizativas— se concentran en la figura del presidente de la CMC, es decir, el propio Xi Jinping. Se diluye así la autonomía colegiada del alto mando y se refuerza una cadena de mando vertical y política antes que profesional.

La gran reforma militar que lanza a partir de 2015 persigue el doble cometido de modernizar el Ejército y desarticular cualquier centro de poder autónomo. Entre los cambios más relevantes cabría citar la disolución de las cuatro grandes direcciones generales (Estado Mayor, Política, Logística y Armamento), que habían acumulado enorme poder burocrático; la creación de 15 departamentos directamente dependientes de la CMC, para reforzar el control central y reducir la intermediación jerárquica; y la reorganización territorial, de modo que las antiguas regiones militares son sustituidas por comandos conjuntos, limitando el arraigo local de los mandos.

El presidente chino, Xi Jinping, durante el desfile militar para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en septiembre de 2025.

El efecto político que se persigue es claro: menos redes personales y más dependencia del centro partidario.

Xi, además, refuerza de forma explícita el sistema de doble mando (comandante y comisario político), inclinando el equilibrio hacia este último. El comisario deja de ser una figura ideológica decorativa y se reafirma como garante de la ortodoxia política y de la lealtad al Partido. Además, se intensifica el trabajo político en las unidades apelando al estudio ideológico, juramentos de lealtad, campañas de educación partidaria y vigilancia interna. El mensaje apunta a que la competencia militar en modo alguno debe pasar por alto la fiabilidad política.

Al igual que acontece con el Estado, el objetivo final no es debilitar al Ejército, sino todo lo contrario, es decir, hacerlo más capaz a nivel operativo y menos autónomo a nivel político. Xi persigue un ejército preparado para “librar guerras y ganarlas”, tecnológicamente avanzado y capaz de llevar a cabo operaciones conjuntas, pero incapaz de actuar como actor corporativo independiente.

La corrupción como argumento

La campaña anticorrupción desempeña un papel decisivo en la repartidirización. Más allá de su dimensión moral o administrativa, funciona como un mecanismo de recentralización política al someter a los cuadros estatales a la disciplina del Partido y reforzar la autoridad de la Comisión Central de Control Disciplinario, un órgano estrictamente partidario que actúa al margen del sistema judicial ordinario. La rendición de cuentas se produce primero ante el Partido, y solo secundariamente ante el Estado.

La campaña anticorrupción en el Ejército Popular de Liberación es especialmente reveladora. La caída de figuras como Xu Caihou y Guo Boxiong, ambos exvicepresidentes de la CMC, tiene un efecto sísmico al demostrar que ningún rango militar está por encima de la disciplina del Partido. Esa onda expansiva es la que también alcanza ahora a Zhang Youxia, el último de una larga lista, junto a Liu Zhenli, de altos mandos de la Comisión Militar Central. En octubre del pasado año, había sido el turno de otros nueve generales.

Aquí se refuerza el papel de la Comisión de Control Disciplinario Militar, un órgano partidario que actúa al margen del sistema judicial militar ordinario, subrayando que la rendición de cuentas es, ante todo, política.

A mayores, Xi impulsa una proliferación de reglamentos, códigos disciplinarios y normas internas que regulan no solo la conducta profesional, sino también la expresión política, el uso de redes sociales y las relaciones personales de los oficiales. La legalización del control no busca expresar autonomía jurídica o una normativización neutral, sino institucionalizar la subordinación al Partido bajo el lenguaje de la gobernanza moderna.

Autonomía militar mínima

Por tanto, Xi Jinping ha llevado al extremo el principio fundacional del sistema chino que preconiza la primacía absoluta del Partido sobre el fusil. Ciertamente, la novedad no está en la idea, sino en su ejecución sistemática y centralizada, reduciendo al mínimo los márgenes de autonomía del estamento militar e integrándolo de lleno en la arquitectura del Estado-Partido.

Así, el PCCh alcanza su máximo grado de centralidad institucional desde 1978 y probablemente el mayor control efectivo sobre el Estado, el Ejército y la sociedad desde la muerte de Mao, pero sin el caos ni la fragmentación de aquella etapa.

Durante la era Den Xiaoping, el PCCh actuaba como instancia suprema de arbitraje, fijando los grandes límites, pero dejando amplios márgenes de gestión al Estado, a los gobiernos locales y a los tecnócratas. Hoy, el Partido es el núcleo operativo que decide, coordina, supervisa y sanciona. El PCCh nunca había estado tan orgánicamente presente.

A diferencia de los años 80 o 90, la separación Estado-Partido o la nacionalización del Ejército han cedido paso al enaltecimiento del liderazgo indiscutido del Partido con el propósito de blindarse al máximo frente a hipotéticas vulnerabilidades. A fin de cuentas, el Partido repartidiriza Estado y Ejército para amurallar su continuidad.