La situación de la vivienda es, a día de hoy, el problema que más afecta al 18,3% de la ciudadanía.

El 15º informe sobre el Estado de la Pobreza que ha publicado recientemente la European Anti-Poverty Network (EAPN) señala directamente a la crisis de la vivienda como un factor de empobrecimiento. Y, pese a ello, las ayudas directas que permiten afrontar el pago del alquiler o la hipoteca no permean. Según los datos que la red ha recabado de la Encuesta de Condiciones de Vida, estas solo llegaban en 2024 al 4,4% de la población en situación de pobreza y al 2,2% de la población general.

“La vivienda se está describiendo como un elemento empobrecedor de las familias y, aunque no es el único, ha ganado mucho peso”, explica el presidente de EAPN para España y Europa, Carlos Susías. El estudio indica que las personas que no están en situación de pobreza destinan un 12,5% de sus ingresos a sufragar los gastos de la vivienda, frente al 35,5% de quienes sí lo están, con tasas similares a las de 2008. Pero, incluso entre quienes están en peor situación económica, el régimen de tenencia marca la diferencia: los que viven de alquiler dedican el 54,4% de sus ingresos a pagar la renta, frente al 27,9% de quienes afrontan una hipoteca.

Diferentes organismos nacionales e internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideran que una vivienda es asequible cuando el hogar puede acceder a ella dedicando menos del 30% de sus ingresos a gastos asociados. Sin embargo, la accesibilidad se complica en España, donde en torno a 1,4 millones de hogares superaban ese porcentaje cuando pagan la renta en 2024, sin contar las familias hipotecadas. Según los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE), analizados por elDiario.es, son 200.000 familias más que hace una década.

Dentro de esa espiral, como indica Susías, las viviendas de las personas en pobreza “están en zonas más inaccesibles y son más ineficientes energéticamente”. Es decir, normalmente exigen más gastos y tiempo de desplazamiento para ir al trabajo y un mayor desembolso en suministros. Y, como muestra el siguiente gráfico, desde 2017 hay un cambio de tendencia. El alquiler no solo se dispara en más de un 30%, sino que se desacopla de lo que cuesta una cuota hipotecaria. Las personas en situación de pobreza viven más de alquiler y este ahonda en esa situación.

En esta situación, ¿por qué las ayudas solo llegan al 4,4% de la población en situación en pobreza? Los expertos hablan de varios factores, desde el desconocimiento o las trabas burocráticas, hasta la falta de una dotación adecuada. “Hay un problema general con todo tipo de prestaciones públicas dirigidas a las personas en situación de pobreza, el llamado non take up, que hace que una familia no llegue a solicitarla porque no la conoce o porque cree que no tiene derecho a ella”, explica Susías.

“Las ayudas y las competencias en vivienda están en diferentes niveles de la administración”, explica la portavoz de Provivienda, Andrea Jarabo. Una de las patas de ese soporte es el Plan Estatal de Vivienda, que cuenta con programas específicos para víctimas de violencia de género, desahuciadas, sin hogar y otras especialmente vulnerables; ayudas directas a colectivos en situación de pobreza, a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida que hayan visto sus ingresos caer en, al menos, un 20%, o a jóvenes, como el Bono Alquiler. “Se diseñan y se cofinancian por parte del Estado y las comunidades autónomas sacan las bases y la convocatoria y, normalmente, están obligadas a una cofinanciación”, añade Jarabo.

Desde la asociación Provivienda defienden que, “ante la restricción de recursos, las ayudas tengan en cuenta criterios de renta y vulnerabilidad”. Es algo que ocurre en la actualidad en la mayoría de recursos. Sin embargo, para Jarabo, el diseño actual del Plan Estatal de Vivienda tiene dos problemas. Por un lado, que las ayudas a los alquileres están limitadas a rentas que no superen los 900 euros. Es una casuística que en algunas ciudades, donde la tensión residencial aprieta más, es complicada de sortear. Por otro, la dotación presupuestaria. Un ejemplo es el bono de alquiler joven. “Había muchísimas personas que cumplían los requisitos, pero que se han quedado fuera”.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados hasta ahora, contaban con una dotación de 3.482 millones de euros para vivienda. “Aunque es cierto que ha habido un aumento considerable, la asignación para las ayudas económicas al pago del alquiler tiene que ampliarse, tanto por la parte del Ministerio como por las comunidades autónomas”, considera Jarabo. Desde la red EAPN señalan, además, que las ayudas públicas deben cumplir tres propósitos. “Han de tener una labor protectora y reparadora, pero también una función preventiva, para evitar que las familias entren en una situación de pobreza”, explica Susías.

En este sentido, el experto advierte que, actualmente, “una parte de la población no está, al menos nominalmente, en pobreza, pero realmente sí está viviendo esa situación, porque la vivienda está suponiendo unos costes inasumibles” para miles de hogares. Así, desde la red europea indican que la situación no se puede abordar desde el plano meramente asistencial. “Hay que tener en cuenta los salarios, la estabilidad en el empleo, la tipología de las familias, etc. y actuar sobre los elementos en los que la vivienda se convierte en un factor de empobrecimiento porque, si el alquiler sigue subiendo casi el doble que los sueldos, va a ser muy difícil solucionar el problema”, señala Susías.

Un análisis similar llegaba esta semana por otro flanco. El presidente del Consejo Económico y Social (CES) acudió al Congreso para presentar la Memoria anual de la institución sobre la situación socioeconómica y laboral del país en 2024. Durante su intervención, el catedrático Antón Costas advirtió que la vivienda supone “un enorme agujero negro” que se está “tragando” todas las mejoras en los indicadores económicos, en el empleo y el esfuerzo en las políticas sociales. Es algo que ya apuntaba el análisis de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida que publica anualmente el INE y que ofrece datos sobre pobreza y desigualdad en España. En el publicado en febrero, se percibía una mejoría en varios indicadores de precariedad y desigualdad, pero había dos suspensos: los problemas para pagar la vivienda y la pobreza infantil.

Una de las palancas por las que apuesta la plataforma EAPN para reducir el impacto de la vivienda en la pobreza es la creación de un “parque público potente”. “Está en torno al 2%, frente al 9% de la media europea”, denuncia su presidente. Precisamente, Vivienda ha puesto el foco en el nuevo Plan Estatal, como una de las herramientas para tratar de revertir la crisis residencial, a través de tres ejes: más vivienda pública, mayor transparencia y más participación ciudadana. El objetivo del Gobierno es condicionar parte del presupuesto a la promoción de vivienda pública a perpetuidad y a precio asequible.