En Europa invierten más en infancia y tienen menos pobreza: qué ayudas por hijo hay en el resto de la UE

Los planes del ministro José Luis Escrivá para reforzar la lucha contra la pobreza infantil consisten en una nueva ayuda de 50 euros por hijo para las familias en pobreza, como adelantó elDiario.es. Se trata de una propuesta de partida, que ha sido presentada como enmienda del PSOE en la tramitación parlamentaria del ingreso mínimo vital (IMV) y que será discutida en el Congreso. Por lo que, de salir adelante, puede acabar con varios cambios. No solo en su cuantía, sino también en el alcance de las familias que se beneficien de ella.

Para poner en perspectiva la iniciativa conviene recordar que ahora España invierte en general mucho menos que los países europeos en infancia y tiene mucha más pobreza infantil que sus vecinos.

En concreto, más de uno de cada cuatro niños en España está en riesgo de pobreza. Se trata de 2,3 millones de menores. Un 27,4% del total, solo por detrás de Rumanía (30,8%) y de Bulgaria (27,5%). Así, la cuarta economía del euro es tercera en el podio de la pobreza infantil. La tasa media de la UE es del 18,5%, con datos de 2019, y en países de nuestro entorno los datos son mucho más bajos que los nacionales: Francia (18,2%), Portugal (18,5%), Alemania (12,1%), Italia (24,5%) y Grecia (21,1%), entre otras.

¿Qué significa estar en riesgo de pobreza? A nivel técnico, la pobreza en los países ricos como España se mide en términos de desigualdad con el resto de la población. Son hogares pobres aquellos que tienen ingresos por debajo del 60% de la renta mediana, en España de 9.009 euros al año en hogares de una sola persona y 18.919 euros anuales en hogares formados por dos adultos y dos menores en 2019.

En la práctica, hablamos de cientos de miles de menores en España que sufren escasez económica en sus casas, hogares que no pueden en muchos casos pagar una dieta saludable, ni renovar las gafas de sus hijos, ni poner la calefacción cuando hace frío, que no puede pagar refuerzos educativos o atender a las facturas básicas si hay un imprevisto, por ejemplo. Eso es la pobreza infantil en España, como retrataba en este informe Save The Children.

Dar una ayuda económica por hijo no es una propuesta extraña. Al contrario, acerca a España a la "normalidad" europea. Todos los países de la UE cuentan con ayudas de este tipo e incluso más garantistas, con una mayoría de países en la UE que concede prestaciones por hijo universales. Es decir, a todos los menores, independientemente de la renta de sus hogares, como recoge la investigación 'Los efectos redistributivos de las políticas familiares' de Olga Cantó y Andrea Sobas. Cantó es catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y una de las voces expertas de referencia en pobreza infantil en España.

El estudio del año pasado para el Observatorio Social La Caixa recoge que de los países de la UE (con Reino Unido aún dentro), "17 cuentan con prestaciones universales por hijo", con "transferencias periódicas de diversas cuantías" que en ocasiones dependen de la edad del menor y el tipo de hogar.

La investigación divide estos 17 países en tres grupos, como se muestra en el siguiente gráfico: los cinco países con prestaciones más generosas, superiores a los 110 euros al mes: Luxemburgo, Alemania, Austria, Irlanda y Francia; el segundo grupo, con ocho estados con prestaciones entre unos 95 y 70 euros mensuales: Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Bélgica, Finlandia, Países Bajos y Estonia; y en el tercer bloque, los cinco países con ayudas más pequeñas, que no llegan a los 70 euros mensuales: Hungría, Lituania, Eslovaquia, Letonia y Rumanía.

Por otro lado, Cantó y Sobras señalan que los restantes 11 países de la UE basan sus ayudas a la infancia "en políticas monetarias dirigidas a las familias con ingresos más bajos". Se trata de Italia, Eslovenia, Grecia, Malta, Croacia, Polonia, Chipre, Portugal, Bulgaria, República Checa y España. El estudio tiene en cuenta para España la prestación por hijo a cargo, que ahora mismo ya no se puede pedir para nuevos solicitantes con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Sin esa prestación, y si no sale adelante la nueva ayuda por hijo que plantea ahora el Ministerio de Inclusión, España se descolgaría de esta lista.

Como se puede ver en los gráficos, el estudio muestra que España es de los países europeos con ayudas monetarias por hijo más bajas. Y, recordamos, el tercer país en pobreza infantil de la UE. "Existe una clara relación positiva entre el nivel de riesgo de pobreza infantil y el esfuerzo económico público de cada país en prestaciones familiares. La mayor parte de los países con altos niveles de pobreza infantil de la Unión Europea son también los que realizan un menor esfuerzo presupuestario en estas transferencias", concluyen Cantó y Sobas.

Junto a las ayudas monetarias por hijo, la investigación recuerda que hay varios países que las complementan con deducciones fiscales en el impuesto sobre la renta personal a las familias con hijos, que es otra manera de contribuir desde el Estado a la infancia. España es uno de ellos. Sin embargo, la imagen global de ambas medidas muestra la protección desigual de la infancia existente en España, privilegiando a los hogares que más tienen frente a las familias sin recursos.

Las ayudas para familias pobres y muy pobres son escasísimas en su cuantía: 341 euros al año y 588 euros anuales, respectivamente. Para el común de los hogares que hace la declaración de la renta, en cambio, están los mínimos por descendientes (por los que no se tributa en la declaración), que suponen unos 400 euros anuales por hijo para padre y madre que tributan. Además, hay algunas deducciones fiscales específicas relacionadas con la infancia, como para las familias numerosas.

Junto a esta diferencia en los extremos, en medio tenemos a un grupo de hogares de ingresos reducidos que no se benefician de ninguna medida, que son aquellos con ingresos bajos que están exentos de hacer la declaración. Ni se benefician de medidas fiscales, ni perciben ninguna ayuda directa. Nada.

La ayuda de 50 euros por hijo planteada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones supone una revisión o nuevo enfoque para sustituir a la antigua prestación por hijo a cargo, muy escasa en su cuantía aún con el gran aumento aprobado en el primer mandato de Pedro Sánchez. Esta prestación para familias en pobreza desapareció para nuevos solicitantes con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital (IMV). Los antiguos perceptores que no tienen derecho al IMV la siguen cobrando, por el momento.

El Ministerio que dirige Escrivá defendió que esta prestación por hijo se "integraba" en el IMV, ya que en su diseño tiene un enfoque especialmente centrado en combatir la pobreza infantil. Organizaciones como Save the Children y Unicef, aun celebrando la puesta en marcha de la renta mínima estatal, han insistido en la necesidad de que el Gobierno recupere la ayuda directa por hijo para familias vulnerables, una de las políticas públicas que se ha demostrado más efectiva para reducir la pobreza infantil.

La propuesta anunciada esta semana por Escrivá supone que España volvería a tener una ayuda directa por hijo, más allá del IMV. La idea del Ministerio de hecho es que este "complemento" por hijo no solo alcance a las familias beneficiarias del IMV, que viven en pobreza severa, sino también a hogares en pobreza moderada. Hay dos cuestiones clave en la tramitación de esta ayuda: su cuantía y su alcance. La previsión del Ministerio de Inclusión es que la ayuda propuesta alcance a alrededor de "un millón de menores" con los umbrales de acceso marcados. Quedaría otro 1,3 millones de niños en riesgo de pobreza fuera de este complemento por hijo. Y hay que recordar que varias ONG advierten de un aumento de la pobreza por la pandemia.

Sobre la cuantía del "complemento por hijo", la investigación de Cantó y Sobas calcula varios escenarios de ayudas y su impacto en la reducción de la pobreza, con simulaciones que pretenden detectar "la política más eficiente en cuanto al coste y la eficacia". El estudio recomienda ayudas mucho más cuantiosas, de entre 97 y 145 euros al mes.