"No hay ninguna evidencia que muestre que se es menos productivo por trabajar menos horas, pero tenemos que ser capaces de mejorar la productividad". Toni Roldán (Barcelona, 1983), director del Centro de Políticas Económicas de Esade, entra con estas palabras en la última polémica generada por el anuncio de la reducción de jornada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Roldán es uno de los coordinadores del libro Un país posible. Manual de reformas políticamente viables (Ediciones Deusto) junto a Jorge Galindo, Luis Gortazar y Teresa Raigada, que reúne un compendio de propuestas económicas y sociales bajo el denominador común de que "España va rezagada en la carrera del conocimiento".
Para empezar, una enmienda a la totalidad sobre el mayor problema de España. Escribe en su libro que “el reto principal al que nos enfrentamos es el de la baja productividad”, cuando hay muchos economistas que dicen que es la desigualdad.
Desigualdad y baja productividad están íntimamente relacionadas; es uno de los mensajes que intentamos transmitir en el libro. La lucha contra la desigualdad también es una lucha a favor de incrementar la productividad. Hay un ejemplo que se pone en el libro sobre la investigación de John Van Reenen, que se llama Lost Einsteins, en el que explica cómo el nivel de renta tiene incidencia directa en la capacidad para innovar y cómo se se está perdiendo muchísima gente que podría estar produciendo y generando muchísima riqueza. En España, por ejemplo, tenemos cuatro veces más de incidencia de repetición escolar en las rentas bajas que en las altas, algo que posteriormente tiene correlación con el paro de larga duración. Tenemos que ser capaces de crear mejores oportunidades, ahí está la clave si queremos un crecimiento de la productividad a largo plazo.
Pero, ¿se está midiendo adecuadamente la productividad? Es un tema polémico.
El punto de partida del libro es que España ha seguido un proceso de convergencia con Europa durante 40 años, hasta la crisis de 2008. Sin embargo, en los últimos 15 años vamos en trayectoria divergente, no convergemos con Europa. Tenemos el mismo nivel de renta ahora que teníamos en 2005. Es cierto que el concepto de productividad es muy elusivo, pero tenemos una inversión en innovación que es casi un punto por debajo cada año, de manera acumulada durante 20 años. La composición estructural de la economía española está sesgada hacia los servicios, que generan más empleo pero son menos productivos en valor añadido. Además, hay otras explicaciones como la complejidad regulatoria. De todas maneras, el foco del libro es que como país tenemos que hacer el esfuerzo para no quedarnos atrás en la carrera del conocimiento.
¿Por qué el conocimiento es el talón de Aquiles de la economía española?
Por la total y reiterada falta de esfuerzos de los gobiernos en el ámbito del capital humano. Aquí entra la cuestión clave de la correlación entre renta baja y abandono escolar temprano. La repetición escolar no sirve para solucionar los problemas ni para ofrecer oportunidades. En el libro se explica que hay programas más eficientes como las tutorías individualizadas para niños vulnerables. En Esade tenemos un programa, que se llama Menttores, en el que hemos demostrado que con tutorías centradas en alumnos con más dificultades las mejoras son enormes. En educación, no hay carrera profesional docente. En el ámbito de las políticas activas de empleo, la AIReF ha evaluado el gasto de 6.000 millones al año y asegura que no sirven para volver a emplear a los trabajadores. En universidades, somos el país de nuestro entorno con más endogamia, además tenemos pocos profesores internacionales, muy poca relación universidad-empresa, poca investigación y menos patentes o spin offs que salgan de la universidad.
El profesor Andreu Mas-Colell propone en el libro que en lugar de dedicar los fondos europeos a infraestructuras físicas, utilicemos parte del dinero para infraestructuras humanas. Por ejemplo, dediquemos 1.000 millones para traer o retener a 2.000 investigadores en áreas estratégicas, que luego generen empresas. Esa es la apuesta de país que tenemos que hacer. Ahora que se habla de la reducción de la jornada laboral: los países que tienen una jornada laboral corta se la pueden permitir porque tienen economías basadas en el conocimiento. Es el caso de países muy productivos como Holanda o Dinamarca, que tienen una jornada laboral más corta que la nuestra.
¿Qué le parece la medida anunciada en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar sobre la reducción de jornada? La CEOE señala que puede afectar a la productividad. En su libro propone la jornada de cuatro días como una posibilidad atractiva para atraer talento en una economía digitalizada.
Voy a romper una lanza a favor de este Gobierno. He dedicado muchos años a estudiar el mercado laboral en España; en el pasado había un problema estructural que era la dualidad en el mercado laboral. Cuando en España había una crisis, se expulsaba masivamente a los empleados temporales del mercado laboral; cuando venía la recuperación, se iba contratando temporales. Ahora ya no, está bajando la temporalidad y está bajando el paro. Es un cambio estructural importantísimo, que además incide en la lucha contra la precariedad con unas subidas de salarios muy significativas, por encima del 45% durante esta legislatura.
Estoy de acuerdo con hacer una elección social como país para decidir cómo y cuánto tiempo queremos dedicar al tiempo libre o a la conciliación y cuánto al trabajo. Es verdad que trabajamos todavía muchas horas en comparación a los países más productivos. No hay ninguna evidencia que muestre que se es menos productivo por trabajar menos horas, pero tenemos que ser capaces de mejorar la productividad. En el libro, en el capítulo que escribe José Ignacio Conde Ruiz, se hacen varias propuestas que insisten en la flexibilidad laboral. En un mundo en el que se compite por talento, son muy importantes las condiciones de trabajo.
Volviendo a la educación, en el libro destacan el tema de la selección docente, que todavía no tengamos una carrera profesional docente, sin plan de incentivos. ¿Por qué cree que nunca se ha hecho?
En los países con los mejores modelos educativos como Finlandia, Canadá o Corea del Sur hay más interacción entre los profesores, tienen un acceso a la carrera profesional docente más competitivo, hay una mayor restricción de plazas y, por tanto, se valora más la excelencia. Hay consenso en la importancia fundamental que tienen los profesores, pero en España no se ofrecen incentivos a los profesores para mejorar su carrera, los indicadores dicen que los profesores están desmotivados. La carrera de Magisterio se ha tomado como de segundo nivel. Tenemos que hacer una carrera de habilitación en la que se exijan prácticas, que tenga en cuenta la visión de otros profesores para mejorar...
Además, los sindicatos no han sido grandes aliados a los cambios para la mejora de la carrera docente. En Esade hicimos un informe en el que probamos que la jornada escolar intensiva va en contra claramente de los niños y, particularmente, de las familias vulnerables. Los sindicatos han sido los grandes defensores de esa jornada intensiva de los profesores. Es un sector complicado.
En el primer capítulo del libro destaca la necesidad del diseño de políticas públicas a partir de la evidencia. Tanto en las propuestas para la Administración Pública como para la sociedad civil insisten en que se respete la credibilidad de las aportaciones científicas. El problema es que hay muchas supuestas aportaciones, no sé si llamarlas científicas, que presentan presuntas investigaciones que responden a determinados intereses, con la subida del SMI pasó.
Sí, es así. Pero con la experimentación con ensayos aleatorios controlados puedes conseguir una información relevante con proyectos pequeños que luego se pueden trasladar a mayor escala. Ya nos lo enseñaron los nobel de Economía Abhijit Banerjee y Esther Duflo en sus trabajos sobre la pobreza y cómo combatirla. La ciencia económica ha avanzado mucho en sus métodos empíricos. Uno de los mensajes del libro es que más que intentar hacer grandes reformas, que a lo mejor no son viables, es preferible centrarse en pequeño cambios probados y evaluados que mejoren la vida de las personas.
Mónica Martínez Bravo, profesora en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, ganadora del premio Mejor economista de Banco Sabadell, reivindica en el libro el acceso a datos administrativos, que es otros de los retos que tenemos que solucionar en España. Es imprescindible si queremos mejorar el uso de los recursos públicos que podamos evaluar las políticas que se implementan.
¿No cree que otro talón de Aquiles es la falta de competencia? Hay mercados fundamentales como el energético, banca o telecomunicaciones que en España son prácticamente oligopolios.
Completamente. No lo abordamos en el libro. Es un tema preocupante en España. Hay una investigación que se llama Growing likee Spain, del Banco de España, que muestra como los mercados más regulados en España, con más cercanía al poder político, son los que muestran menos incrementos de productividad, pero son los que recibieron más ayudas. Hay un problema de lo que llamábamos 'capitalismo de amiguetes', por lo que hay que hacer políticas efectivas para garantizar la competencia, que se pongan multas que impidan que se vuelvan a repetir prácticas abusivas. Es necesario que tengamos reguladores más fuertes de los que tenemos ahora. Va en beneficio de los consumidores; para garantizar el mejor servicio y los mejores precios hay que proteger la competencia.
En el libro proponen un sistema de préstamos contingentes a la renta para financiar la universidad (devuelven la cantidad según la renta futura), con un nivel de renta mínima exenta. Para entender bien este sistema, si una carrera cuesta 7.000 euros y la persona tiene en su primer trabajo 24.000 euros, ¿cuánto debería pagar?
La idea central es que las ayudas suelen tardar mucho llegar en España. Esta medida propone dar un dinero por adelantado, se anticipa el pago a las personas que lo necesitan. Se hace en otros países con muy buenos resultados. José Montalbán, profesor de Investigación Social de la Universidad de Estocolmo, es el autor de la propuesta y tiene una investigación muy desarrollada sobre este tema.
Es relevante que uno de los principales problemas para acceder a una adecuada descarbonización de la economía es el pésimo sistema fiscal que tenemos en España respecto a la OCDE. En su libro proponen subir tipos impositivos y recargos por peso del vehículo, igualar la fiscalidad de diésel y gasolina, un IBI superior para edificios que no cumplan con estándares energéticos, un gravamen específico para el queroseno de la aviación…
En España pagamos muy pocos impuestos verdes, eso es así. No solo eso, sino que también subvencionamos el diésel. También tenemos un reto importante en la parte de los ingresos del sistema, con unos impuestos sobre hidrocarburos que son bajos. Ahora bien, hay un problema evidente de política económica sobre cómo y a quién se suben los impuestos. Hay que hacer un sistema de transferencias inmediatas, de manera que haya algún tipo de compensación para reducir el impacto sobre las personas que no pueden afrontar la subida de impuestos. Hay que ser creativo en las políticas y asegurarse de que la transición ecológica tiene en cuenta los costes sociales.
Tenemos muchos más retos en el ámbito fiscal...
Sí, España tiene otro problema con el IVA. No se puede seguir haciendo política fiscal o política redistributiva con bajadas de IVA. Se está bajando el mismo impuesto a un señor que cobra el salario mínimo y al que es millonario. Con esta práctica se genera un agujero de recaudación enorme con los tipos bajos y tipos reducidos que te impide después redistribuir. ¿Qué hacen los países escandinavos que tienen unos tipos fijos altos sin casi exenciones? Se recauda mucho, pero luego redistribuyen mucho. Que en España venga cada lobby exigiendo la rebaja del IVA que le toca es inviable, solo provoca agujeros en las cuentas públicas. Más aún cuando tenemos un reto de recaudación en un momento en el que hay que afrontar el envejecimiento de la población o aumentar el gasto en Defensa debido al entorno geopolítico.
En su libro abordan varias propuestas para la redistribución de lo recaudado por los impuestos.
Sí, en temas de distribución hay una medida que me gusta mucho y que he defendido en el pasado. Es una propuesta de Clara Martínez Toledano: un mínimo social integrado fiscalmente, que es básicamente un impuesto negativo. Primero, hay que hacer que todo el mundo haga la declaración de la renta. Para un mínimo nivel de renta, en lugar de pagar impuestos se recibe una compensación. Se trataría de una transferencia social directa. Se ha demostrado en varias investigaciones que es la mejor manera de hacer política redistributiva para las personas más vulnerables y con rentas más bajas.
Hay ayudas de ayuntamientos, de Comunidades Autónomas, del Estado, de la Seguridad Social, pero a la vez tenemos un problema de coherencia ya que muchas veces estas ayudas no llegan a los que las necesitan. Otro ejemplo, el bono social eléctrico, con los líos administrativos que conlleva la mitad de la gente no lo pide. Se podrían hacer todas estas políticas redistributivas a través de sistema fiscal mediante transferencias de una manera fácil y limpia.
Siguiendo con el tema fiscal, en el libro entran de lleno en la polémica con el Impuesto de Patrimonio y Sucesiones señalando que se deberían eliminar las deducciones y aprobar un impuesto de patrimonio con un tipo mínimo obligatorio. ¿Está la competencia entre autonomías fracturando el sistema fiscal español?
Sí. Tiene que haber impuestos a la riqueza para corregir la desigualdad de oportunidades y tienen que ser lo más armonizados posibles.
En el ámbito de la vivienda proponen que las viviendas públicas no salgan nunca del parque público, lo contrario que hizo la que fuera alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Sí. Tenemos un problema grave que es el decalaje entre salarios y coste de la vivienda. Ha subido mucho más el coste de la vivienda que los salarios. Es una situación grave pero acotada a determinados lugares donde quiere vivir la gente, están concentradas las rentas más altas y se provocan economías de aglomeración. Hay que hacer algo desde las políticas públicas, los jóvenes no pueden emanciparse porque no tienen acceso a la vivienda. Es un problema complejo aunque a veces se intenta responde con soluciones sencillas. Por ejemplo, introducir controles al precio de alquiler. La evidencia nos dice que en muchos países que se ha puesto en práctica este control a la larga tiende a ser una mala idea porque reduce la oferta, la gente retira los pisos en alquiler o los pone en venta, y aumentan los precios. En Estocolmo, con el control de precios del alquiler se generó un mercado opaco ya que la gente empezó a pagar una parte del alquiler en negro. En Esade hicimos una evaluación de esta política en Cataluña y lo que se ve es que consigue reducir el precio solamente de las viviendas más caras en barrios concretos, pero subió el precio de las viviendas más baratas.
Es más necesario la construcción de un parque público de vivienda en alquiler. Ya sabemos que es una solución lenta pero es la más adecuada. Mientras se puede poner en práctica otras medidas como permitir fragmentar casas grandes antiguas, poner a disposición los pisos de la Sareb... La clave es incentivar la oferta.
También propone subir el IBI de las viviendas vacías, aunque está en el capítulo de las propuestas fiscales para luchar contra la desigualdad. Creo que es una medida adecuada pero tengo dudas sobre su facilidad para llevarla a cabo.
Su implementación es complicada y desconozco si hay evidencias de su funcionamiento. Puede pasar que provoque que salgan más viviendas al mercado de la compra-venta. La verdad es que lo desconozco, habría que mirarlo en detalle.
Respecto a una regulación laboral de las plataformas digitales, hacen una propuesta no muy concreta de que las cotizaciones que paga la empresa sean similares ya sea el trabajador asalariado o autónomo.
Una modalidad de contrato a medio camino entre el indefinido y el autónomo, es decir, que haya una parte de la cotización que corra por cuenta del trabajador. Hay fórmulas de contratación que permiten estabilidad y garantizar mejores derechos laborales, pero con más flexibilidad. Estos son trabajadores que tienen una relación con la empresa diferente a la de un asalariado. Hay que encontrar el marco adecuado para que haya cobertura de Seguridad Social suficiente por parte de la empresa, pero a la vez que tenga más flexibilidad para contratar por unas horas.
En el capítulo de las pensiones, las propuestas son decepcionantes, una rebaja media del 30% de las pensiones contributivas, la transición a un sistema de pensiones de contribución definida y potenciar el sistema privado de las rentas vitalicias. Recortar y potenciar el negocio privado de las pensiones, poca innovación.
Es muy difícil innovar con las pensiones. Hay que ser realista, me da la impresión de que el Gobierno no ha sido realista ni honesto en este tema. Ponerse una venda en los ojos e ignorar la evolución demográfica y el envejecimiento es simplemente posponer el problema para mañana. Si te aumenta el peso de gasto de pensiones en el PIB en tres o cuatro puntos en 2050 y en ese fecha vamos a tener un invierno demográfico con cinco millones más de pensionistas... La OCDE nos ha recomendado la ampliación de años para el cómputo de la jubilación. En este sentido, se debería permitir que quien quiera pueda extender el periodo para trabajar y tener mejores pensiones. Por otro lado, no me parece mal que se generen incentivos para que la gente ahorre por su cuenta. Me parece razonable que se le diga a los jóvenes que intenten ahorrar un poco porque no sabemos cómo van a ser las pensiones del futuro. Ahora estamos por encima de la media en generosidad de las pensiones.
En su libro hacen una crítica bastante dura del populismo. Uno de los elementos del populismo es el nacionalismo económico. ¿Cómo contraponemos el nacionalismo económico con la vulnerabilidad estratégica? Necesitamos tener fábricas en nuestro país.
Buena pregunta. Es el gran debate del momento. En Europa hemos sido algo naíf. Nos creímos un sistema de reglas de comercio abierto en el que no se pueden dar ayudas de Estado, no puedes intervenir ni tener campeones nacionales, nunca subir aranceles ni penalizar, salvo algunas excepciones medioambientales. ¿Qué ha pasado con otros países? China lleva años subvencionando sectores estratégicos, Estados Unidos ha aprobado el plan más radical de política industrial climática con inversiones multimillonarias y subvenciones directas, no solo de productos sino también como vía para defender empleos. Ellos se están garantizando la autonomía estratégica y defendiéndose de la mayor inestabilidad de un entorno internacional cada vez más complicado. No hay que olvidar que con la pandemia ya aprendimos la lección de que no te puedes fiar ni de tus supuestos socios.
¿Cómo hacerlo? Estoy en contra de políticas arancelarias. Vamos a ser más resilientes y tener más autonomía estratégica con más comercio. Si se firma un acuerdo con Mercosur para conseguir minerales raros, donde tenemos los retos grandes en la transición verde para construir placas solares, baterías, etcétera, habrá más posibilidad de garantizar el suministro, que es la clave. Es mejor favorecer políticas horizontales: financiar bienes públicos como educación, investigación de excelencia, desarrollo, apoyo a startups, inversión en capital humano y subvenciones transversales.