No ha sido posible cerrar un acuerdo para el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el que la UE recuperará en menos de un mes la disciplina fiscal que quedó suspendida por la pandemia y, posteriormente, por la guerra en Ucrania. Las nuevas reglas fiscales establecerán las normas para que los 27 cumplan con los objetivos de tener unos máximos del 3% de déficit y del 60% de la deuda respecto al PIB. El encierro de los ministros de Economía del que Nadia Calviño, a quien corresponde pilotar las negociaciones como presidencia del Consejo de la UE, acabó cerca de las 3:30 de la madrugada con "avances", pero sin posibilidades de cerrar los flecos pendientes este viernes.

"Hemos avanzado mucho", señalaban de madrugada fuentes diplomáticas: "Se trata de una negociación difícil, y lo estamos consiguiendo. En la mesa hay voluntad de cerrar un acuerdo, pero aún queda trabajo por hacer". "Hoy hemos llegado todo lo lejos que podíamos. Seguiremos trabajando en los próximos días", explicaban esas mismas fuentes asumiendo que no se conseguiría el acuerdo el viernes, que era el objetivo que se había marcado la presidencia española. "Los elementos básicos para un acuerdo están ahí, falta el trabajo final de redacción y calibración jurídica", agregaban.

Calviño ha apuntado a la celebración de una nueva reunión de los ministros de Economía (Ecofin) antes de que acabe el año si es necesario. "Hemos hecho un progreso significativo en la calibración en los elementos cualitativos del texto y también en el borrador legal", ha señalado a su vuelta a la sede del Consejo de la UE en Bruselas la vicepresidenta apenas unas horas después de finalizar la primera parte de la reunión. La intención es que los ministros hagan "consultas políticas a nivel nacional" y se perfilen los detalles legales.

España ha puesto sobre la mesa un nuevo texto con los avances alcanzados con Francia, Alemania e Italia a lo largo de la noche y con la que pretenden conjugar la severidad exigida por Berlín y los 'frugales' con una mayor flexibilidad para que los gobiernos tengan margen de maniobra para llevar a cabo inversiones, que era la principal exigencia de París. Esa será la base sobre la que ahora trabajarán los ministros de Economía del conjunto de la UE.

"Queremos unas normas más realistas, que reflejen la situación actual de los países, que se ajusten a las necesidades y los perfiles de cada estado miembro y den un equilibro adecuado entre la garantía de la estabilidad financiera y que haya margen suficiente para un efecto anticíclico, que se protejan las inversiones y reformas", ha explicado Calviño sobre el modelo, que pivotará en todo caso sobre las sendas de reducción de deuda y déficit para cada país: "Dos de las salvaguardas van en la dirección de una disciplina fiscal más exigente y otras dos en la de garantizar un efecto anticíclico y que se garantice la protección a las inversiones y reformas".

En el último intento por alcanzar un acuerdo, la presidencia española hizo una propuesta que asumía buena parte de las exigencias que el ministro de Finanzas alemán, el liberal Christian Lindner, lleva defendiendo desde que la Comisión Europea hizo su planteamiento, con el que pretendía dar una mayor flexibilidad a los estados miembros para alcanzar los objetivos de déficit y deuda. El texto sobre el que han trabajado los 27 incluye una reducción anual obligatoria del 1% de la deuda para los países que tengan una deuda por encima del 90% (es el caso de España, que la tiene en el 112,4%) y del 0,5% para aquellos que estén entre el 60% y el 90%. Eso ya forma parte del texto.

Alemania ya había conseguido en la propuesta inicial de la Comisión que la reducción del déficit fuera del 0,5% anual para los países que estén por encima del 3%. El acercamiento que han logrado los cuatro grandes es que esa cifra pueda sea menor de manera transitoria (hasta 2027) si la Comisión Europea considera que el país tiene que hacer frente a muchos intereses.

Más allá del denominado 'brazo correctivo', que es cuando los países están por encima de las cifras sagradas del 3% y el 60%, el documento sobre el que han trabajado plantea que haya salvaguardas también en el 'brazo preventivo', es decir, para las economías que están por debajo del 3% del déficit, que tendrían que reducir entre un 0,2 y un 0,4% hasta dejarlo en el 1,5%, que fue la última condición que puso Alemania. La última propuesta permite que la bajada sea sólo hasta el 2% si la deuda no supera el 90%.

Esa es la aproximación que han logrado los cuatro de los grandes, para responder de alguna manera a la flexibilidad que reclamaban Francia e Italia (España está teniendo un papel más neutral por la por su posición como presidencia rotatoria); pero no cuenta con el visto bueno de los denominados 'frugales' entre los que se encuentran Holanda, Luxemburgo, Finlandia, Suecia o Austria, entre otros.

"No queremos que a la decena de países a los que se aplicará el procedimiento de déficit excesivo se les impida invertir o llevar a cabo reformas estructurales durante cuatro años. Creo que eso sería totalmente contraproducente y sería, además, un error económico y un error político", reclamó el ministro francés, Bruno Le Maire, en un encuentro telemático con periodistas horas antes de sentarse con sus colegas en el que planteó la necesidad de dar una cierta flexibilidad en la reducción del déficit para no perjudicar las inversiones.

Frente a las críticas por las excesivas concesiones a Alemania y la complejidad de la propuesta para las nuevas reglas fiscales que pretendían ser un modelo más simplificado, Calviño ha defendido el texto que ha puesto sobre la mesa. "He oído en las últimas horas declaraciones que dicen que la propuesta de la presidencia es demasiado blanda; otras que dicen que es demasiado dura. Eso demuestra que ha encontrado el equilibrio", expresó la vicepresidenta a su llegada a la maratoniana reunión en Bruselas.

"Se han introducido a lo largo de la negociación una serie de salvaguardas que permiten garantizar que se va a producir esa reducción sostenida de la deuda, que va a haber un sistema de control más realista y que todo el marco va a preservar las inversiones en las prioridades europeas", señaló Calviño, en referencia a las transiciones verde y digital en las que está inmersa la UE, así como al gasto en Defensa. El aumento del mismo será precisamente un atenuante a la hora de escrutar la disciplina fiscal de los 27.

Fuentes gubernamentales sostienen que los países tendrán más "espacio fiscal" para hacer inversiones. ¿Y de dónde sale? La intención es que los planes de ajuste sean de cuatro años que se puedan extender hasta siete, lo que supondría un margen de unas dos décimas cada año (unos 3.000 millones de euros). Otra de las flexibilidades a las que apuntan es que los compromisos del Plan de Recuperación y Resiliencia de cada estado miembro "se tendrán en cuenta para una ampliación del período de ajuste", es decir, que las reformas ya previstas sirvan como una suerte de extensión automática para las sendas establecidas.

"Necesitamos más trabajo en los próximos días, pero soy optimista respecto a que el acuerdo se pueda alcanzar", ha expresado a primera hora de la mañana el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, que ha atribuido la dilación del acuerdo a "aspectos legales que deben ser clarificados", pero también ha reconocido "distintas visiones entre los estados miembros" respecto al "equilibrio entre las salvaguardas y las inversiones".

A partir del 1 de enero de 2024 se reactivará el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el que los estados miembros tienen que alcanzar unos máximos de déficit y deuda del 3% y el 60% respecto al PIB, respectivamente. Si no hay unas nuevas reglas fiscales, la evaluación se hará con los criterios anteriores, que establecían la obligatoriedad de reducir una veinteava parte de la deuda anual que suponía la asfixia para muchos países, especialmente del sur. Una vez que los 27 fijen una posición, tendrán que negociar la regulación definitiva con la Eurocámara y la Comisión Europea.