El día que se aprobó en el Congreso el derecho a paro de las empleadas del hogar, buena parte del hemiciclo coincidió en que su labor legislativa llegaba tarde. "Hagamos que nuestra democracia no tenga que avergonzarse por más tiempo de sus olvidos", dijo la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. La medida igualaba las garantías de cientos de miles de mujeres trabajadoras, discriminadas gravemente en su condiciones laborales. Un año y medio después, la Cámara Baja volvía a afrontar una votación trascendental: la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para regularizar a más de medio millón de migrantes, según las estimaciones iniciales, que ya viven y trabajan en España.
Aunque ambas votaciones pueden no tener relación aparente, están íntimamente ligadas. Porque la medida que dotó de derechos a las trabajadoras del hogar olvidó a otras muchas, que ejercen ese mismo trabajo en la brecha de la economía sumergida: las que no tienen papeles pero cargan sobre sus cuerpos con buena parte del peso de los cuidados de este país. "Estoy en tres casas y trabajo en 'b', estoy irregular en este momento", explica Carmen, una empleada del hogar que llegó a Euskadi desde El Salvador y recorre la margen izquierda del Nervión, de domicilio a domicilio, para ganar 800 euros al mes, por 10 horas de trabajo al día. "Cobro lo que no tengo que cobrar", reivindica este mujer de 38 años, que cuida a personas mayores, limpia sus casas y prepara comidas y que afirma que su testimonio es el de muchas: "Lo que vivo yo, lo vivimos todas. Es un ciclo del que no hemos logrado salir todavía".
Con la regularización de extranjeros emprendida por el Gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se materializó en 2005, afloró una realidad que no era un secreto. En un momento en el que la legislación laboral era más laxa y las empleadas del hogar no estaban obligadas a afiliarse a la seguridad social en todas las circunstancias, el número de registros se duplicó, como puede verse en el siguiente gráfico. Aunque en apenas un par de años esta cifra se redujo, los niveles siguieron quedando muy por encima.
"Todo el mundo sabe que estamos realizando el trabajo de cuidado y que muchas compañeras no tienen documentación, no pueden ni darlas de alta en la Seguridad Social y están privadas de un montón de derechos", explica la portavoz de Territorio Doméstico, Rafaela Pimentel, muy activa en la lucha por los derechos de este colectivo. "La ley de extranjería es una de las más hipócritas que tiene este país, porque no deja trabajar a las personas que llegan durante tres años, pero dice que, en el caso de que trabajen, deben tener los mismos derechos en materia laboral pero no de seguridad social", coincide Lorea Ureta, militante de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH/ELE).
Tras el de 2005, el siguiente salgo en la evolución de afiliaciones se dio en 2012. De nuevo Zapatero amplió los derechos de las trabajadoras del hogar y se pasó a un sistema espacial, que obligaba a cotizar y dar de alta a las empleadas, nacionales o con su situación regularizada. Desde entonces, hay una brecha entre aquellas que están afiliadas a la Seguridad Social y los datos que recoge la Encuesta de Población Activa, de entorno a un 25% a finales de 2023.
Aunque son mediciones diferentes —uno son cifras reales en un momento concreto y otro el resultado de una encuesta trimestral—, este desajuste preocupa a los sindicatos. "La diferencia entre ambas fuentes respondería a situaciones de economía sumergida, al existir más personas trabajadoras que afiliadas", señalaba un informe sobre protección al desempleo de Comisiones Obreras. Nerea (nombre ficticio) es peruana. Si le preguntan en una encuesta, dirá que trabaja en una casa muchas horas y que tiene el tiempo justo para llegar a la suya, donde vive con varios conocidos y familiares, y ver despierta a su hija, de seis años. También dirá que no tiene papeles, ni derecho a una baja médica, ni a paro si es despedida, ni vacaciones, ni garantías, y que no puede enfermar porque, si falta a trabajar, le descuentan esas horas de los 600 euros que recibe cada mes.
"Es muy difícil estar con la niña aquí, hay muchas trabas y miedo por no tener papales", explica la joven, de 25 años, que acepta con resignación las imposiciones de sus jefes. "Cuando se fueron de vacaciones me dijeron que me iban a pagar igual, pero cuando el niño no vaya al colegio tendré que quedarme todas esas horas", pone como ejemplo.
Ureta explica que desde 2012 hasta ahora ha habido una evolución en todas las personas que tienen papeles. "El porcentaje de alta a la Seguridad Social ya era alto", señala. De hecho, ella atribuye el descenso, mantenido pero no pronunciado en las afiliaciones, pero también en la EPA, a "múltiples factores". Según los propios datos del ministerio, en las últimas dos décadas se ha producido un aumento paulatino de las asalariadas en servicios a edificios, que ha coincidido con ese descenso en el sistema de empleadas del hogar. "Quien consigue trabajo en otro sector, se va, porque tienen convenios colectivos donde mejoran los salarios, limitación de la jornada horaria a 40 horas en vez de 60 y otras ventajas", explica.
"Hay avances para las que están regularizadas, pero las que no lo están son las que tienen mayor desprotección", reconoce Carolina Elías, quien ha sido durante mucho tiempo la cara más visible de la plataforma Servicio Doméstico Activo (Sedoac) y ahora es concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Esta situación lleva a aceptar "los peores trabajos que les ofrecen, sobre todo el de interna", desarrolla. "A eso no quiero volver", coincide Carmen, que entró en una casa a trabajar nada más llegar a España. "Cobraba 900 euros al mes (por debajo del salario mínimo interprofesional) y en febrero me querían pagar por días", explica.
Además de la brecha de las mujeres que no tiene regularizada su situación, el grueso de la economía sumergida, hay una zona gris. "Hemos observado que hay trabajadoras con documentación y dadas de alta en algunas casas, pero no en todas", señala Elías. Laura aterrizó en Holanda el "Día de la Raza", el 12 de octubre de 2018. Una semana y media después llegó a España y a los tres días sacó el abono transporte y comenzó a trabajar. A los tres años, una pareja para la que trabajó durante la pandemia le facilitó regularizar su situación. Las personas migrantes pueden obtener papeles si después de tres años en el país son capaces de acreditar la estancia y un trabajo. El trámite es perverso: necesitan un trabajo para obtener los papeles mientras necesitan los papeles para poder trabajar con los mismos derechos que el resto.
Actualmente, Laura tiene un trabajo a media jornada, por el que cotiza, y otros dos por horas, "en negro", con unas estudiantes universitarias y un señor con problemas de salud. "En el futuro es lo que me va a ayudar con el paro", dice sobre el trabajo por el que está afiliada a la Seguridad Social. Ella habla rápido, con seguridad y tranquila. Porque su caso no es como el de otras compañeras: "En la República Dominicana yo era abogada, tenía piso en propiedad y carro y mis hijas tienen un buen trabajo. Vendí mi casa y vine a España porque necesitaba un cambio, pero no tengo que aguantar que me falten al respeto. Cuando me han dicho "eh, tú, haz esto", respondo que tengo un nombre muy bonito y no me vuelven a ver. Con necesidad o sin ella, todas tenemos que hacernos respetar".
Según el informe '¿Qué pasa con la salud laboral de las trabajadoras de hogar y cuidados?', elaborado por el Equipo de Investigación Sociedades en Movimiento de la Universidade da Coruña, el 98% de las personas que trabajan en este sector son mujeres y el 68%, migrantes. El 25%, una de cada cuatro, se encuentra en situación administrativa irregulares. El trabajo señala que el 36% de las empleadas domésticas lo está sin contrato ni alta en la Seguridad Social y que más del 80% han padecido problemas de salud relacionados con sus tareas. El Ministerio de Trabajo trabaja ya en la regulación de la prevención de riesgos en el sector.
"La mayoría (de las que no tienen papeles) van con pastillas y dolores a trabajar, porque los empleadores no les permiten una baja", lamenta Pimentel. "Somos las personas migrantes las que estamos sosteniendo el Estado de los cuidados que España no tiene y una sociedad no se puede permitir tener a las personas en esas condiciones, porque no somos mercancía", asevera. En la misma línea se pronuncia Ureta: "El Estado español se aprovecha de la situación de pobreza de esas mujeres para solventar el problema de los cuidados de manera barata, sin que lo asuman las administraciones".
Para Carlos Bravo, el secretario de Políticas Públicas y protección Social de CCOO, desde la presidencia de Mariano Rajoy ha habido una relajación en las labores informativas que pueden haber favorecido ese paulatino descenso en las afiliaciones. "Salvo la protección por desempleo, no ha habido otros elementos y el nuevo Gobierno no ha recuperado la tensión sobre este asunto para explicar qué se juega el empleador si una trabajadora del hogar tiene un accidente en casa y no está dada de alta", desarrolla. Para este sindicato, las administraciones deben combinar tres elementos: información permanente, sensibilización sobre los riesgos y la labor de control. "La Inspección de Trabajo no puede entrar al domicilio, como si fuera una empresa, así que debe tener otras herramientas", aclara.
"La Seguridad Social te protege de situaciones no deseadas, como el desempleo o estar enferma. Además, es un derecho que la ley considera irrenunciable. Aunque haya empleadores que digan que la propia trabajadora ni quiere, se puede reclamar", explica Ureta. Si el proceso de regularización que han apoyado 700.000 ciudadanos llega a buen puerto, decenas de miles de mujeres podrán salir también de esa brecha de la economía sumergida de los cuidados. Si no, la desigualdad se perpetuará: "No se trata de si venimos o no, ya estamos aquí, formamos parte de esta sociedad diversa".
