Claves de las nuevas reglas fiscales: más flexibilidad y margen para inversiones pero obligados a reducir deuda y déficit

Ha sido una de las negociaciones más duras del último año: la nueva disciplina fiscal con la que los países de la UE tendrán que encaminarse a cumplir con los compromisos de déficit y deuda pública del 3% y el 60% respecto al PIB, respectivamente. Con el fantasma de la austeridad de la crisis financiera aún planeando, se han medido hasta las comas para encontrar un equilibrio que satisficiera las exigencias de Alemania y los frugales y sirviera para los países del sur, como España e Italia.

Estas son las claves del acuerdo para el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se cerró en la madrugada del sábado.

Cuando el coronavirus llegó a Europa en 2020, la reacción de la UE fue radicalmente opuesta a la de la crisis financiera: se suspendió el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y se abrió el grifo del gasto público para hacer frente a la inédita situación que paralizó prácticamente la economía mundial. Los gobiernos pudieron endeudarse para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. La situación se mantuvo con el estallido de la guerra de Ucrania para contener el golpe de la crisis energética y la inflación.

Pero nada es para siempre. A principios del año pasado, los 27 decidieron recuperar la disciplina fiscal a partir de 2024. Esto supone apretarse el cinturón para constreñir el déficit y la deuda con el objetivo último de que los países tengan saneadas sus cuentas, que, según recoge el tratado de la UE, supone unos máximos del 3% y del 60%, respectivamente, respecto al PIB. Lo que también tenían claro es que las reglas fiscales que estaban vigentes entonces no valían en esta década.

Bruselas hizo una primera propuesta muy flexible y 'a la carta' para que cada Estado miembro diseñara su camino para alcanzar los objetivos de deuda y déficit. El espíritu se mantiene en el acuerdo alcanzado –cada Estado miembro pactará con la Comisión Europea su senda de ajuste–, pero a lo largo de la negociación se incluyeron salvaguardas obligatorias. En términos generales, se tendrá que reducir el déficit un 0,5% cada año –esto sí figuraba en el planteamiento inicial de Bruselas como cesión a Alemania–, un 0,5% de deuda para aquellos que la tengan por encima del 60% y un 1% si está disparada por encima del 90%. La previsión del Gobierno de España es que en 2023 el déficit público baje al 3,9% y la deuda se reduzca al 108,1% del PIB.

La última cesión a Alemania fue incluir la necesidad de seguir reduciendo el déficit hasta el 1,5% para tener capacidad de reacción ante crisis inesperadas. A cambio, Francia exigió un cierto margen en la reducción cuando se llevaran a cabo inversiones en prioridades de la UE.

El nuevo sistema es más flexible que el anterior, que establecía una reducción de una veinteava parte de la deuda al año. En la práctica, eso habría supuesto la asfixia financiera para los países más endeudados.

Las nuevas reglas se basarán en sendas de ajuste para cada país diseñadas para cuatro años (que se podrán ampliar a siete en el caso de que haya reformas e inversiones en asuntos clave como la agenda verde o la digitalización). Los técnicos de Bruselas harán un análisis de la sostenibilidad de la deuda a partir de la cual se establecerá la trayectoria técnica, que pivotará sobre el gasto neto primario (el que excluye los intereses de la deuda, los fondos europeos y la parte de la cofinanciación o gastos cíclicos como el desempleo). Esa será la referencia de las sendas de ajuste, que tendrán como objetivo que el ratio de deuda esté al finalizar por debajo de lo que estaba cuando comenzó o mantenga una "trayectoria descendente plausible" o "en niveles prudentes", al igual que el déficit.

El nuevo marco da un mayor margen de maniobra. El Consejo de la UE puede permitir a un Estado miembro desviarse de la senda “cuando circunstancias excepcionales fuera de su control provoquen un impacto importante en sus finanzas públicas". "Se especificaría un plazo para tal desviación, pero este periodo puede prorrogarse si persisten las circunstancias excepcionales. La prórroga sería de un año como máximo y podría concederse más de una vez", señala la Eurocámara en un comunicado.

También habrá una serie de situaciones en la que será posible revisar los planes de ajuste, entre ellas cuando se produzca un cambio de Gobierno.

Las nuevas reglas fiscales darán a los Estados miembros, además, más margen para inversiones. Las sendas de ajuste tendrán una duración de cuatro años, pero se podrán ampliar a siete si los gobiernos llevan a cabo inversiones en prioridades para la UE, como las transiciones digital y ecológica o la defensa.

En la negociación final con el Parlamento Europeo, se introdujo una de sus exigencias: que la Comisión Europea tenga en cuenta la dimensión social en las sendas de ajuste. "La Comisión medirá tanto la aplicación de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales como los riesgos para la convergencia social. Los Estados miembros tendrán que garantizar que su plan nacional también contribuye a los objetivos sociales", recoge la Eurocámara. 

“La introducción del marco de convergencia social evitará repetir errores del pasado en la política fiscal europea y supone un contrapeso a los indicadores en la reducción del gasto público que garantizará la implementación adecuada del Pilar Social durante el Semestre Europeo”, explica el eurodiputado socialista Jonás Fernández.

Una vez reactivado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Comisión Europea volverá a evaluar la situación fiscal de los Estados miembros este año. No obstante, los planes de ajuste conforme a las nuevas reglas se tendrán que presentar antes del 20 de septiembre para que las nuevas reglas estén a pleno rendimiento en 2025.

La intención de la UE es que haya una mayor flexibilidad en la disciplina fiscal, pero que el cumplimiento sea más exhaustivo que con el marco anterior, que no llegó a ejecutarse nunca (los países que más cerca estuvieron de la sanción fueron España y Portugal) porque eran inaplicables en la práctica. El régimen de sanciones será ahora más asumible: un 0,05% del PIB de multa al semestre por el incumplimiento frente al 0,2% anterior.