El Congreso de los Diputados va a tener que posicionarse sobre una propuesta para ampliar el radio para compartir el autoconsumo fuera de zonas urbanas hasta una horquilla de entre 10 y 20 kilómetros, frente a actuales dos kilómetros.

La propuesta figura en una proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que, en línea con lo aprobado por Francia a finales del año pasado, plantea una ampliación de ese límite y que, si saliera adelante, podría ser un revulsivo para las denominadas comunidades energéticas, muy poco desarrolladas en España.

La propuesta figura en una iniciativa “sobre la ampliación de las distancias entre los miembros de las comunidades energéticas de autoconsumo para favorecer la democratización de la energía”, presentada para su debate en instancia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja.

Los republicanos plantean extender las iniciativas de autoconsumo colectivo hasta una distancia máxima de 10 km en las regiones periurbanas y hasta 20 kilómetros en las zonas rurales. Se llevaría a cabo a través de una modificación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

La idea va en la línea de lo que ya planteó a comienzos de año la Generalitat de Catalunya. En enero, el consejero catalán de Acción Climática, David Mascort, reclamó esta medida al Ministerio para la Transición Ecológica para “hacer más atractivo” el autoconsumo colectivo y facilitarlo en las zonas industriales y más allá de las áreas urbanas, y favorecer que se impulsen las instalaciones de autoconsumo de más potencia.

“La energía proveniente de los sistemas de autoconsumo es una electricidad más barata, que genera cero emisiones y, sobre todo, que pertenece a las familias y a las empresas que la utilizan”, esgrimió entonces Mascort. La idea llega ahora al Congreso, con ERC tensando la cuerda para la investidura en Catalunya. 

La propuesta de la formación independentista, socios del Gobierno central en Madrid, va en la estela del camino seguido por el Gobierno francés en octubre de 2023, cuando aprobó un decreto para aumentar de 2 km a 20 km la distancia máxima entre los miembros de las comunidades energéticas de autoconsumo.

De esta manera, las iniciativas de autoconsumo colectivo se extendieron allí hasta 10 km en las regiones periurbanas (pueblos pequeños y determinados cinturones urbanos) y hasta 20 kilómetros en las zonas rurales.

“Si en el Estado español se ejecutara la misma medida, este cambio transformaría radicalmente el potencial de las comunidades energéticas, puesto que permitiría el acceso a muchos más vecinos y sería un gran paso adelante para permitir una mejor retribución y retorno en el territorio cuando se genere renovables”, expone la formación republicana.

ERC recuerda que a finales de 2022, y “después de la presión y negociación” de la formación independentista, el departamento de Teresa Ribera ya amplió el límite de redes de autoconsumo hasta los 2 kilómetros del núcleo urbano, en línea con lo que ya se estaba haciendo en ese momento en Francia o Portugal.

Lo hizo poco después de que, en octubre de ese año, el límite se incrementara de 500 metros hasta 1 kilómetro, en un decreto ley de medidas de ahorro energético y protección de los consumidores en aplicación del Plan + Seguridad energética frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Esa primera ampliación, recuerda Esquerra, fue “duramente criticada ya que se entendía como una solución de mínimos que buscaba aplacar las críticas” recibidas por el “incumplimiento” de los compromisos recogidos por un decreto de 2019, el Real Decreto 244/2019.

La propuesta de ERC señala que aunque la ampliación del aumento de la distancia para el autoconsumo colectivo hasta los dos kilómetros “ha sido celebrada por el sector, ya que supone una disminución de barreras y un empujón en la creación de Comunidades Energéticas”, todavía supone “un freno, en especial para los emplazamientos rurales”. 

Más que “pasar de un modelo dominado por los combustibles fósiles a un modelo basado en energías renovables que esté concentrado en las mismas grandes empresas, lo que hace falta es un proceso de democratización de la energía”.

Por eso, reclaman apostar por el autoconsumo compartido y por la regulación de las Comunidades Energéticas. Potenciarlas es “una oportunidad para que la ciudadanía sea soberana de la energía que produce y por eso es una herramienta esencial para hacer realidad el empoderamiento de la ciudadanía respecto al oligopolio eléctrico”.

La propuesta llega en un momento de incertidumbre para el autoconsumo, con empresas como Holaluz en graves dificultades. Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en el primer trimestre de este año, con el precio mayorista de la luz cotizando en negativo por primera vez en la historia en España, y tras el fin de las ayudas del Plan de Recuperación para ponerse placas, la instalación de nuevas plantas de autoconsumo cayó un 26,3%. La caída fue especialmente fuerte, del 30%, en el segmento industrial (instalaciones con más de 50 kilovatios de potencia), el que mejor había aguantado hasta ahora.

Tras un 2022 histórico por la explosión de precios de la luz (la potencia instalada se duplicó en un año), derivada de la guerra en Ucrania, el pasado ejercicio la nueva potencia de autoconsumo ya cayó un 32%, con un batacazo especialmente duro (del 54%) en el sector residencial, aunque con cifras todavía históricas en comparación con los años previos a ese 2022 de récord.

La potencia acumulada en autoconsumo ha superado en este comienzo del ejercicio la de todo el parque nuclear español. Pese a ese hito, un reciente informe de Global Energy Monitor (GEM) advierte de que en España estamos “rezagados” respecto a otros países europeos y ve “difícil” pasar de los 7 GW instalados al cierre de 2023 a los 19 GW que aspira a alcanzar la última actualización del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para 2030.

GEM, organización sin ánimo de lucro que elabora y comparte información para respaldar el movimiento mundial en favor de las energías limpias, ha recomendado “revertir la reciente disminución de paneles solares en tejados y volver a apostar por los incentivos”, como el 0% de IVA que ha reclamado la patronal UNEF, “inspirado en el éxito de medidas parecidas en Alemania y el Reino Unido”, tras el fin de las ayudas del Plan de Recuperación.

Según esta organización, “comparando las cifras de GEM a escala comercial con las cifras totales de energía solar de IRENA [la Agencia Internacional de Energías Renovables], se observa que solo el 5% de la capacidad solar de España corresponde a instalaciones a pequeña escala y en tejados residenciales, frente al 62% en Europa”.

Esta solución energética, recuerda la ONG, “además de democratizar el acceso a la energía, ayuda a aliviar los cuellos de botella de la red y evita que los terrenos agrícolas y los campos verdes se conviertan en huertos solares”.