Rosy Souza vive en Alcalá de Henares junto a sus tres hijos y una nieta.

Ella siempre pagó el alquiler de 500 euros por este piso cerca del barrio Puerta de Madrid a una arrendadora que no era la propietaria del piso. Ahora, el Banco Sabadell se niega a darle la oportunidad de comprar la vivienda, tampoco le permite acceder a un alquiler social, a pesar de que Rosy en ningún momento se ha negado a pagar por seguir en él.

La entidad financiera ha intentado echarla de la casa, pero los tribunales dictaron la suspensión cautelar. La no convalidación en el Congreso del decreto de prórroga del escudo social, que incluía una medida contra los desahucios de personas vulnerables, volvió a ponerlos en la picota. Los representantes jurídicos de Banco Sabadell aprovecharon este hueco para solicitar al juez un nuevo señalamiento del lanzamiento para expulsarlos del inmueble. Ahora con el acuerdo entre el Gobierno y Junts, que ha recuperado la prórroga contra los desahucios podrán aguantar algo más.

Los hijos de Rosy tienen 24, 22 y 18 años recién cumplidos. La mayor, Larissa Souza, también tiene una hija de 5 años, con la que conviven. “Yo vine a España desde Brasil en 2017 como todos los que nos venimos a buscar una vida mejor, para trabajar, y también quería traerme a mis hijos”, recuerda.

Tuvieron que pasar dos años para conseguir la reagrupación familiar. Más tarde, en torno a noviembre de 2022, Larissa se estableció en Alcalá de Henares: “No tenía nómina así que tampoco veía demasiadas opciones. Una pareja que vivía aquí se iba y le dijeron que se lo alquilaban”. Poco después, Rosy también se quedó sin la posibilidad de seguir viviendo en Madrid junto a sus dos hijos, por lo que a principios de 2023 todos empezaron a compartir el mismo piso en Alcalá.

Nada les hizo sospechar. Esa mujer a la que pagaban estaba bastante establecida en el barrio, con otros pisos de su propiedad, les aseguró. Les dieron todo: llaves del portal y de la casa, cuya puerta no está forzada. Pero algo les hizo recelar. “Cuando vives en España, poco a poco, aprendes a desconfiar. A mi hija, cuando cogió algo de confianza con los vecinos, ya le avisaron de que el piso era del banco y no de esta persona a la que pagábamos”, cuenta Rosy. La presunta estafadora se esfumó del lugar. Dijo que se iba a vivir cerca de Toledo.

La afectada, los tres hijos y la nieta son bastante queridos en el vecindario. Ya establecidos, los dos pequeños estudian formación profesional, mientras que la nieta de 5 años acude al colegio y por las tardes suele jugar con otro chaval de su misma clase que vive en el piso de abajo. “En cuanto me enteré, hablé con la supuesta propietaria, a quien pagábamos por Bizum todos los meses. Me amenazó y tuve mucho miedo, porque conoce a mucha gente por aquí. Para que nos dejara en paz le tuve que pagar otros 1.500 euros”, confiesa Rosy. Por eso, tampoco les han denunciado por estafa. Prefieren dejarlo así, sin más problemas.

Una vez superado ese trance, Rosy intentó parar de cualquier forma lo que fuera que estuviera por venir. No lo sabía con exactitud, pero no sería nada halagüeño. “Fui al banco a explicarles la situación, pero no nos escuchaban. Al tiempo me enteré de que la inmobiliaria Solvia vendía el piso. También me acerqué para ver las posibilidades de comprarlo, pero tampoco nos ayudaron”, se queja.

Hubo un momento en que las negociaciones entre las partes parecieron fructificar. Rosy llegó a firmar un contrato de arras por la venta del piso gracias a algunos avales, pero finalmente la operación se canceló. “Se echaron para atrás en cuanto supieron que era yo quien estaba dentro de él. No querían ni vendérmelo ni alquilármelo porque decían que se lo estaba ocupando, cuando yo lo único que quiero es poder hacer las cosas bien y vivir con algo de tranquilidad”, subraya la afectada.

Sin perder un atisbo de entereza, Rosy recuerda que desde que llegó a España ha trabajado como repartidora de Amazon y de paquetería para otras empresas, también en el supermercado Día. “En lo que fuera para poder salir adelante, porque yo jamás me he negado a pagar”, reitera una y otra vez.

Actualmente cobra unos 1.000 euros al mes por su trabajo, que le ocupa unas 30 horas a la semana. “De repente, nos convertimos en ocupas sin quererlo. Es una sensación horrible. Me han estafado, me han robado miles de euros, y ahora me puedo ver en la calle sin tener a donde ir”, relata mientras su nieta duerme plácidamente en el salón de la casa. Con voz algo apagada, afirma que se siente “desmotivada y desgraciada por luchar y luchar y luchar y que nunca salgan bien las cosas”, en sus propias palabras.

Los varapalos no dejaban de llegar. Incluso estuvieron tres días sin electricidad, viviendo en la oscuridad, sin poder ducharse con agua caliente o cocinar. Entre tanto, un día encontraron una carta del juzgado entregada por debajo de la puerta de su casa. “Ahí vimos la sentencia en la que se ordenaba el desahucio, así que acudimos a un abogado”, cuenta la misma Rosy.

El letrado se llama Gonzalo Carrasco y admite que se trata de un patrón que a veces se repite en el ámbito de la vivienda. “Rosy tenía un contrato de alquiler verbal basado en la confianza con otra señora. Les cedía su vivienda en arrendamiento a cambio de una renta pactada, como en cualquier otro caso, pero Rosy no sabía que esa vivienda pertenecía al Banco Sabadell”, introduce.

Las noticias del juzgado les hicieron ver que la supuesta arrendadora estaba inmersa en un proceso de ejecución inmobiliaria. “Había perdido la vivienda en una subasta judicial y no tenía título para alquilarla, así que ahora el problema se ha trasladado a Rosy y su familia”, añade. elDiario.es se ha puesto en contacto con Banco Sabadell para que dé su versión, pero no ha querido hacer declaraciones para este reportaje.

El defensor incide en que el juzgado no dio validez al contrato suscrito entre Rosy y la anterior moradora del inmueble. “Como el Banco Sabadell pidió el desalojo de la vivienda, el juzgado lo aceptó”, añade. Carrasco considera que el Banco Sabadell, de esta forma, “impone una especie de castigo ejemplarizante para aplacar a la gente que en un momento dado se puede ver en esta situación, por lo que prefieren continuar con el procedimiento y desahuciarla”. Por eso, el miércoles 15 de enero Rosy se llegó a ver en la calle. Ese día, por la mañana, estaba previsto el lanzamiento de su vivienda, aunque el abogado pudo detenerlo en los tribunales.

Ante el juzgado acreditaron la situación y voluntad manifiesta de Rosy, y se basaron en el Real Decreto aprobado durante la pandemia por parte del Gobierno para proteger a personas vulnerables de desahucios de este tipo. Consiguieron la suspensión cautelar, no sin antes hacerle ver al juez que diversos compromisos y tratados internacionales ratificados por España prohíben los desalojos forzosos de personas sin alternativa habitacional. El problema volvió a aparecer cuando PP, Junts y Vox tumbaron el decreto ómnibus del Ejecutivo. En esos días el Banco Sabadell ha presentado ante el juez una petición para un nuevo señalamiento para lograr el desahucio. El acuerdo entre el Gobierno y Junts para sacar adelante otro decreto ómnibus con medidas sociales, que incluye la prórroga para frenar desahucios de personas vulnerables, abre la posibilidad de que Rosy y su familia no acaben en la calle.

“Aspiramos a que Rosy pueda estar tranquila hasta el 31 de diciembre de este año y que antes de esa fecha podamos encontrar una solución si el banco entra en razón”, apunta Carrasco. Él también recalca la necesidad de que desde servicios sociales se avalúe la situación, máxime cuando una menor de 5 años puede quedarse en la calle sin un techo bajo el que cobijarse. “No estamos hablando de un desahucio ante un particular que demanda su casa, sino de un banco que obviamente no necesita esa vivienda nada más que para especular con ella”, sostiene el abogado.

Mientras tanto, por las ventanas de Rosy se ve cómo ha caído el sol y el calor del hogar crea cierta condensación en el ambiente: “Solo quiero trabajar y tener derecho a una vivienda digna, y poder sacar a mi familia adelante”, se despide.