La reactivación del conflicto entre las Fuerzas Armadas birmanas y el grupo rebelde Ejército de Arakan se ha intensificado, generando abusos contra la etnia minoritaria rakáin, lo que se suma a la persecución que padece desde hace más de dos años la minoría musulmana rohinyá.
"En un intento por evitar que los civiles apoyen a la insurgencia, el Tatmadaw (como se denomina al Ejército birmano) ha interrumpido el abastecimiento (de alimentos y otros productos de primera necesidad) a las comunidades de etnia rakáin", denunció hoy una comisión investigadora de la ONU sobre los crímenes perpetrados en Birmania.
Simultáneamente, las fuerzas de seguridad han restringido la libertad de movimiento de los habitantes y el acceso humanitario a esas comunidades, "lo que significa que no pueden ganarse la vida ni obtener alimentos", señala esa comisión en un informe hecho público hoy.
Las comunidades de etnia rakáin (budistas) son vistas por el Ejército como posibles cómplices de una guerrilla que exige desde hace décadas su derecho a la libre determinación.
La comisión de la ONU pone esta situación en el contexto de la brutal represión que han sufrido los rohinyás, de los que 740.000 huyeron a Bangladés, donde viven como refugiados.
La investigación realizada por el grupo de eminentes juristas durante el último año les permita ahora alertar que "una amenaza de genocidio" pesa claramente sobre los 600.000 rohinyás que permanecen en Birmania.
"La amenaza de genocidio continúa para los rohinyás que se han quedado", asegura el informe, que ha sido difundido en la víspera de su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se reúne en Ginebra, órgano que le encargó realizar esta investigación.
La razón de ese encargo fue la alarma mundial que generó el éxodo masivo de rohinyás (de agosto a diciembre de 2017), como consecuencia de ataques del Ejército contra sus aldeas, que fueron incendiadas, mientras que sus medios de subsistencia quedaron diezmados y sus habitantes murieron por miles.
El cierre de la región que ha mantenido desde entonces el Gobierno birmano ha hecho imposible establecer el número exacto de víctimas de ese episodio.
El informe confirma también que a pesar del tiempo transcurrido "los rohinyás siguen siendo blanco de ataques del Gobierno con el fin de borrar su identidad y sacarlos de Birmania", después de que se gestara contra ellos una operación de limpieza étnica.
Esta situación hace imposible que los cientos de miles de rohinyás que viven en su mayoría en una red de campamentos de refugiados en Cox's Bazar (Bangladesh) puedan retornar, pese a que el Gobierno birmano ha acordado con el bangladesí un programa de retorno en el que los rohinyás han rechazado masivamente participar.
Consciente de los límites de su misión, la comisión sostiene que "no es suficiente arrojar luz contra violaciones graves de los derechos humanos que ocurrieron y siguen ocurriendo en Birmania", puesto que lo que se necesita es justicia, tanto para las víctimas como para prevenir que el ejército siga cometiendo los mismos abusos.
Para la comisión es evidente la responsabilidad del Estado de Birmania, al no haber evitado ni el genocidio ni crímenes contra la humanidad, por lo que plantea que el caso se eleve a la Corte Internacional de Justicia o que se cree una corte especial para su enjuiciamento, como lo requirieron los genocidios en la exYugoslavia o en Ruanda. E
Isabel Saco
