La Policía brasileña ha comenzado a desmontar el campamento desde el que los radicales bolsonaristas lanzaron su ataque horas después de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inspeccionara los graves destrozos en las sedes de los tres poderes del país, en un intento frustrado por derrocarlo del poder que se ha saldado con al menos 300 detenidos.

A primera hora de este lunes, reforzados por tropas del Ejército, agentes de la Policía Militarizada de Brasilia han ordenado el desalojo y han bloqueado los accesos al campamento que los extremistas habían instalado frente al cuartel general del Ejército tras las elecciones de octubre y desde el que fueron lanzados los ataques de este domingo.

El cerco ha surtido efecto y cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro han comenzado a recoger sus pertenencias y a abandonar el lugar. En media hora, en el campamento tan solo han quedado las carpas y algunas infraestructuras abandonadas, así como un puñado de manifestantes que se apresuraban para recoger colchones y otros utensilios.

Durante su visita este domingo, el dirigente progresista vio en primera persona el reguero de destrucción dejado por simpatizantes del exgobernante Jair Bolsonaro en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno, según imágenes de las televisiones.

"Acabo de estar esta tarde en el Palacio de Planalto y en el Tribunal Supremo Federal. Los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados", dijo el mandatario en Twitter. "Democracia siempre".

Siete días después de la investidura del presidente, los extremistas irrumpieron en los palacios violentamente, destruyendo todo lo que se encontraron a su paso, mientras que el jefe de Estado se encontraba de viaje en la ciudad de Araraquara, en el estado de Sao Paulo.

Desde allí, el mandatario de 77 años decretó la intervención federal del área de seguridad del Distrito Federal Brasilia hasta el próximo 31 de enero, ante el caos que vivió la capital brasileña.

Los agentes antidisturbios, utilizando gases lacrimógenos y bombas de estruendo, se hicieron con el control de las sedes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial unas cuatro horas y media después del inicio del ataque, ocurrido dos años y dos días después del violento asalto al Capitolio de Estado Unidos, por parte de ultraderechistas con los que el bolsonarismo está alineado.

Lula calificó de "barbarie" el intento de golpe de Estado promovido por "vándalos fascistas" y acusó a Bolsonaro de "estimular" esos actos antidemocráticos con su actitud.

El exmandatario brasileño, admirador de Trump, se encuentra actualmente en Orlando, Estados Unidos, adonde viajó dos días antes de la investidura de Lula sin billete de vuelta.

En las redes sociales, Bolsonaro ha rechazado de forma tibia los sucesos ocurridos en Brasilia, al afirmar que las manifestaciones pacíficas "son parte de la democracia", pero "el vandalismo y las invasiones de edificios públicos", en cambio, "escapan a la norma".

Los hechos ocurridos en Brasilia han sido condenados de forma unánime por la comunidad internacional y ocurrieron exactamente una semana después de que Lula asumiera la Presidencia de Brasil.

El mobiliario de los palacios fue destrozado y arrojado por las ventanas a la calle, aunque las autoridades todavía no han podido realizar un balance de los cuantiosos daños causados por la turba.

Tras el violento ataque, los funcionarios encontraron tirados por el suelo de los despachos pinturas al lienzo rasgadas, ordenadores, impresoras y televisores dañados, según vídeos grabados por el ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta.

Según informaron fuentes oficiales a EFE, la turba no llegó a entrar en el despacho de Lula en el palacio de Planalto porque la Policía llegó en ese momento.

Los radicales no reconocen el resultado de las elecciones del pasado 30 de octubre, en las que Lula derrotó al ahora expresidente por un estrecho margen de menos de dos puntos porcentuales.

Este domingo, encaramados en la rampa del Congreso Nacional, los extremistas corearon consignas pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas, pero los militares no acudieron al llamado y sus comandantes se mantuvieron en estricto silencio.

Según informaciones preliminares, hasta el momento hay al menos 300 detenidos, aunque el ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que habrá más arrestos en las próximas horas por los "actos terroristas".

Las protestas de este domingo fueron convocadas por los grupos bolsonaristas que llevan acampados frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia desde el día posterior a las elecciones.

En más de dos meses de concentraciones, los radicales han protagonizado varios hechos violentos, entre ellos un ataque a una sede policial y un intento frustrado de colocación de un explosivo cerca del aeropuerto de Brasilia, hace dos semanas.

Este domingo, miles de radicales viajaron en autobús desde otros puntos del país para sumarse a las concentraciones que alentaban un golpe de Estado.

Los manifestantes, vestidos con banderas de Brasil y camisetas con los colores verde y amarillo, se dirigieron al centro de Brasilia a media tarde y pasaron sin inconvenientes por un pequeño cerco policial montado en la Explanada de los Ministerios.

Se dirigieron al Congreso Nacional y a continuación, al Tribunal Supremo y al palacio presidencial de Planalto, todos ellos ubicados en torno a la plaza de los Tres Poderes.

Ante la inacción de la Policía capitalina, rompieron los vidrios de los edificios de palacios, considerados patrimonio de la Humanidad, y los invadieron causando destrozos en su interior.

Lula reaccionó ordenando la intervención de los organismos de seguridad del Distrito Federal, región donde se encuentra Brasilia, y desplegando fuerzas federales para ayudar a expulsar a los golpistas de las instituciones.

Lula afirmó que hubo "incompetencia" y "mala fe" por parte de los responsables de seguridad de Brasilia, que dependen de la administración del gobernador Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro.

Poco antes del anuncio de Lula, el secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro, fue destituido de su cargo.

El Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el presidente brasileño, denunció también este domingo bloqueos de bolsonaristas radicales a la distribución de combustibles en el estado de Paraná, en el sur del país.

Con información de EFE