Después de 12 días de movilizaciones, por primera vez este miércoles el presidente chileno, Sebastián Piñera, ha hecho un anuncio de cierto peso político y que, de concretarse efectivamente, podría dar una respuesta a la calle, que hasta hoy no ha dejado de protestar: "No descarto ninguna solución, ninguna reforma estructural", afirmó –escueto y sin dar más detalles– el mandatario. Lo dijo en respuesta a la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de impulsar una nueva Constitución, que deje atrás la actual, diseñada e implementada en 1980, bajo la dictadura de Pinochet.

La idea de promover un proceso para redactar una nueva Carta Magna ha tomado impulso esta semana, luego de que parlamentarios de la oposición empezaran a recuperar proyectos registrados en el Congreso y hasta ahora abandonados en los cajones de la institución.

"Va a ser necesario ahora que exista un mecanismo que haga posible conectar esta voluntad popular con la institucionalidad del Estado", explica el abogado constitucionalista Jaime Bassa. "Hay una manifestación de poder constituyente en las calles y eso no se apagó pese a las buenas intenciones del presidente", señala. El académico se refiere a los últimos movimientos de Piñera para tratar de rebajar las protestas, pero que no han dado los resultados esperados.

El lunes el mandatario concretó un cambio de gabinete "profundo" que sustituyó a un total de ocho ministros, de carteras estratégicas como Interior, Hacienda, Economía y Trabajo. El presidente apostó por un plantel ministerial "con calle", mucho más joven, capacidad negociadora y de perfil más liberal de centro. Antes había anunciado una "nueva agenda social", considerada "insuficiente" desde el inicio; revocó el Estado de emergencia y el toque de queda y llamó a la oposición al diálogo. Pero nada de eso funcionó. Las manifestaciones han continuado vivas, aunque desde este martes con menor envergadura.

Este miércoles, Piñera tuvo que enfrentar uno de los momentos más duros desde que empezaron las protestas para anunciar la suspensión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), ambos eventos internacionales que el país iba a acoger en las próximas semanas. "Hemos basado la decisión en un sabio principio de sentido común. Cuando un padre tiene problemas debe privilegiar a su familia por sobre otras opciones, siempre un presidente debe poner a sus compatriotas por sobre de otras", lamentó el presidente.

Para la COP25 Santiago tenía previsto recibir a los líderes mundiales de 197 países y a la activista Greta Thunberg. Al conocer la noticia, la joven publicó un mensaje en su cuenta de Twitter de apoyo al país sudamericano: "La COP25 no se celebrará en Chile. Mis pensamientos están con la gente de Chile", dijo. Sin duda, uno de los sectores más afectados por la suspensión es el turístico. Según estimaciones del gremio de hoteleros, hasta 400.000 visitantes dejarán de viajar a Chile en noviembre y diciembre. El rubro esperaba ingresar más de 25 millones de dólares para estas fechas y recuperarse, así, de un año que ha sido complejo.

La cancelación de las cumbres es un golpe duro al liderazgo internacional de Sebastián Piñera, un objetivo para el cual había trabajado desde su llegada al poder. Desde la alianza estratégica Prosur entre distintos países gobernados por la derecha latinoamericana hasta la ofensiva en contra de Nicolás Maduro, o la coordinación de la ayuda internacional con Brasil por los incendios en la Amazonia. El presidente se había esforzado para erguirse como líder regional y tanto la APEC como la COP25 se interpretaban como la consumación de este proceso. Sin embargo, el estallido de la crisis social y política empezó a poner en entredicho la imagen del país, con la difusión de fotos y videos de militares desplegados por todo Chile y de múltiples denuncias de vulneraciones de los derechos humanos, incluso por parte de organismos como Amnistía Internacional.

Según datos del martes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hay más de 3.700 personas detenidas, entre ellas más de 400 menores, y más de 1.200 heridos por disparos de balas, balines, perdigones o armas de fuego no identificadas. También hay 140 personas con lesiones oculares. Además, durante la primera semana se registró la muerte de al menos 20 personas, cinco de ellos a manos de soldados o policías. El organismo ha presentado hasta el momento 138 acciones judiciales, de las cuales cinco son querellas por homicidio, 92 por torturas y 18 por violencia sexual.

La Fiscalía informó este miércoles que ha abierto 840 investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos. Antes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, había reconocido por primera vez la veracidad de las denuncias: "Estamos muy complicados porque se han producido situaciones que, efectivamente, aparentemente, parecen ser violaciones a los derechos humanos", asumió. El ministerio de Interior, por su parte, dio a conocer que hay 944 personas de Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones que también han sido lesionadas.

Más allá de cómo avance la pulsión del movimiento y cuánto tiempo aguante con la efervescencia actual, el foco se sitúa cada vez más en la respuesta política, que se demoró mucho en llegar. Una respuesta articulada no sólo desde las instituciones, sino también desde las organizaciones sociales y la autogestión. La prueba es la masiva convocatoria de asambleas y cabildos abiertos que tendrán lugar en los próximos días, a pesar de topar con cuatro festivos de corrido. Estudiantes, feministas, migrantes, periodistas, vecinos y vecinas, deportistas, artistas, miembros de la academia, y muchos otros colectivos se juntarán en las plazas de barrios y municipios para debatir el futuro que quieren para su país. La respuesta ciudadana, como ocurre a menudo, ha ido un paso (o dos) por delante de la de los políticos.