Representantes de las víctimas de violaciones a derechos humanos registrados durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992) urgieron este martes a los diputados de la Asamblea Legislativa a establecer un mecanismo de diálogo para promulgar una ley de reparación.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a los diputados hasta el próximo 28 de febrero para crear dicha ley y sustituir a una amnistía anulada 2016. Este es el tercer plazo que reciben los diputados.
Dicha normativa, según un fallo de los jueces constitucionales, debe garantizar el acceso a la Justicia y medidas de reparación.
"Demandamos la instalación inmediata de un proceso de diálogo con las víctimas y organizaciones de derechos humanos para elaborar el proyecto de ley", señaló durante una conferencia Rafael Segura, miembro del Comité de Presos Políticos de El Salvador (COPPES).
Segura, junto a representantes de unas 18 organizaciones sociales, también urgió a los diputados a aceptar el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La CIDH manifestó el pasado 10 de enero su preocupación de que el contenido de un anteproyecto de ley que ha discutido una comisión del Congreso "pueda limitar las investigaciones y sanciones por las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno".
"La Comisión recuerda que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad son ilícitos, internacionales imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido", subrayó el organismo.
De acuerdo con David Morales, miembro de la organización Cristosal y ex procurador de Derechos Humanos, los diputados realizaron una "simulación de consulta" a las víctimas, dado que desarrollaron actividades "sin una metodología y sin una participación real de las víctimas".
"Desde ese momento sus propuestas carecen de legitimidad", acotó Morales, quien señaló que el Órgano Legislativo ha generado al menos cinco borradores para la ley y que "todos contienen disposiciones de impunidad para que los condenado por crímenes de guerra y lesa humanidad cumplan penas de prisión".
Por otra parte, las víctimas y activistas llamaron al presidente del país, Nayib Bukele, a entablar un diálogo con las víctimas para reactivar programas de reparación dejados por el anterior Gobierno y que se han paralizado.
También recalcaron su petición de que entregue los documentos militares relacionados con las violaciones a derechos humanos, como la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote en 1981.
"Él (Bukele) no se ha sentado con las víctimas, nunca nos ha llamado. Hemos mandado cartas y nunca nos ha dado audiencia", aseguró Sofía Hernández, del Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos de El Salvador (CODEFAM).
Añadió que no quieren "más impunidad, porque los muertos, los desaparecidos y los niños masacrados piden justicia, verdad y reparación".
El 16 de enero se cumplirán 28 años de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 sin que el actual Gobierno haya convocado a un acto oficial de conmemoración.
