El frágil pero a la vez imprescindible teatro, necesitado del cuidado del sector público, era el rival más débil.

De la observación detallada de los episodios atribuidos a la censura vividos a lo largo del último año se extrae esta evidencia: nadie reclama nunca su autoría por razones morales. Siempre hay otros motivos: el presupuesto, el gusto. Por ahora ningún responsable político ha conjugado el verbo censurar.

Dos ejemplos: a las compañías productoras de la obra Qué difícil es, programada para el 27 de enero de 2024 en Quintanar de la Orden (Toledo), se les dijo que no era “del gusto del público”; los actores salían en calzoncillos. El Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid) canceló una representación de Orlando de Virginia Woolf por “ajustes de presupuesto”; la obra aborda la sexualidad femenina y la representación de género.

Detrás de ambas exclusiones ha habido llamadas telefónicas privadas que apuntaban otros motivos, según revelaron los afectados. “Es un caso de veto ideológico por parte de la concejala entrante”, afirmó el productor de la obra de Virginia Woolf tras recibir el telefonazo del Ayuntamiento, en alusión a la persona que Vox había colocado en esa concejalía como parte del acuerdo para darle el Gobierno al Partido Popular. “Aparecen los actores en ropa interior y [la concejala de Cultura, del PP] pensaba que podían escandalizar al público”, revelaron los productores de la obra cancelada en Toledo respecto a la conversación en la que se les explicaron los motivos de la anulación.

Una de las grandes fragilidades del teatro es su método de contratación. Y esa brecha es precisamente la que han aprovechado muchos nuevos gobiernos municipales que han virado a la derecha el pasado mayo, generalmente con apoyo de Vox, para peinar las programaciones de su jurisdicción. En las artes escénicas, primero se acuerda la programación con meses de antelación, para que las compañías puedan armarse su calendario y, a ser posible, una gira. Y muy pocos días antes, se firma el contrato. En este mundo se considera que un acuerdo de programación por email es un trato cerrado. A eso se agarraron también el Ayuntamiento de Valdemorillo o el de Ministro del Montserrat cuando canceló la actuación del humorista catalán Fel Faixedas al poco de tomar el PP el bastón de mando. “Cancelado porque sí” fue el resumen que hizo el cómico. Eso mismo pasó con Romeo y Julieta despiertan en el Ayuntamiento de Jaén (PP), protagonizada por Ana Belén y que por algún motivo no gustó al nuevo equipo de Gobierno. Como no había contrato firmado, en realidad no es una cancelación, arguyeron.

En Getafe, Vox intentó, sin éxito, que se retiraran "las insinuaciones sexuales" de una obra de Lope de Vega que se representaba en la explanada del teatro municipal. Y al Gobierno de PP y Vox de Talayuela (Cáceres) no le gustó nada encontrarse con una obra teatral titulada El señor puta o la degradación del ser. Se trata de una producción, a cargo de una nueva compañía extremeña, sobre violencia hacia la mujer. La concejala de Cultura (PP) se atrevió a justificar su acto con un calificativo más honesto con su pensamiento: no consideraba el espectáculo “idóneo” para los ciudadanos y por el lenguaje utilizado, según trasladó la responsable de la productora. El consistorio confirmó esa idea y fue aún más allá: como estaba programada en la Casa de la Cultura, se corría el riesgo de que accediera algún “menor de edad” y pudiera quedar expuesto a un “alto contenido violento”, como “violaciones, asesinatos y escenas que no son aptas para todos los públicos”. Vox dijo que a eso no lo llamaba “censura” sino “prevención”. Un concepto que se parece bastante a la censura preventiva o previa, que la Constitución Española prohibió en 1978.

La aproximación que hace Vox a la violencia machista –negándola– y que, como un virus, se contagia con cierta frecuencia hacia el PP, salpicó también a la periodista mexicana Lydia Cacho, colaboradora de elDiario.es. Su obra La infamia, una sobrecogedora puesta en escena de las violencias que sufrió cuando fue secuestrada, se cayó de una programación en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el Teatro de Rojas de Toledo. ¿El motivo que le dio el Ayuntamiento de Toledo, de coalición entre PP y Vox? “Un asunto presupuestario”, dijo Cacho. Esa ya la hemos oído antes. Al entrar la derecha de la mano de sus socios más extremos, se suprimió la concejalía de Igualdad y se retiró la bandera LGTBI del balcón consistorial.

Los cambios de criterio en la programación, sin especificar cuáles son esos criterios, son otro de los argumentos esgrimidos para no llamar censura a la censura. Eso le dijeron al escritor Manuel Baixauli –de nuevo por teléfono, sin rastro– cuando le contactaron de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana para decirle que ese acto con estudiantes dentro de un programa en el que los escritores visitan la Biblioteca Valenciana al que le habían invitado no hacía falta que se lo preparase, que mejor lo dejaban estar. “Supose que ho han fet perquè escric en català-valencià i no amb el ‘valenciano de la calle’”, elucubró en Twitter como conclusión de esa conversación. Solo un día antes de esa cancelación, el conseller de Cultura, también vicepresidente valenciano, el extorero Vicente Barrera (Vox), dijo en una comparecencia que se había fijado como objetivo de la legislatura “combatir el pancatalanismo cultural”, el cual, según él, busca “acabar con la identidad singular valenciana”. 

Barrera no dudó en apoyar lo que un compañero suyo de partido estaba haciendo en Borriana, un pueblo castellonense que tristemente se ha convertido en la capital de la censura en 2023, hasta el punto de sacar a sus habitantes a la calle en protesta por la retirada de publicaciones de la biblioteca municipal. Primero se vetaron las revistas en valenciano de la biblioteca, cancelando la suscripción. Luego, el concejal de Vox mandó retirar todos los libros de contenido sexual de la biblioteca juvenil con el objetivo de “proteger a los niños”, pero no hablábamos de porno sino de publicaciones de educación sexual. Estas políticas tienen efectos colaterales: un festival dedicado a las músicas de Nueva Orleans que cada año se celebra en Borriana ha preferido replegarse, autogestionarse y reducir el presupuesto antes que entrar al despacho del concejal de Vox y pedir su apoyo. Resiliencia.

En Valencia, con el nuevo Gobierno autonómico de PP y Vox, afirma el director de elDiario.es allí, se está viviendo “una ola reaccionaria contra los derechos lingüísticos”. La lengua es campo de batalla en otros sitios más inesperados, como en Asturias. No llegó la sangre al río pero el mundo cultural se revolvió cuando la concejala de Festejos de Gijón (Vox) opinó en una entrevista que no veía bien contratar grupos que cantaran en asturiano. Al partido de la ultraderecha no le interesa dar ningún paso que apunte hacia una oficialidad de la lengua asturiana, aunque sí que defiende la “tradicionalidad”. El resultado, tuvo que recular y en lugares como Mérida o como Mieres se organizaron acciones preventivas, como una caja de resistencia para programar todo aquello que estaba viviendo censura: desde una lectura dramatizada de la obra de Paco Bezerra a la película de Buzz Lightyear. Porque sí, hasta una película de Disney es censurable si muestra algo que incomoda. En el único municipio cántabro en el que gobierna Vox, Bezama, primero se retiró la bandera LGTBI y luego se eliminó la proyección de Lightyear de la programación del cine de verano. Como es sabido, en el filme de animación hay una escena de un beso lésbico. Con evidente torpeza, el consistorio sustituyó la película de Pixar por otra titulada Tipos malos, en la que un grupo de animales enseña que “ser malo nunca fue tan divertido”. Ironías del destino, que se suele decir.   

Los festivales en España generalmente se realizan con apoyo público, como ese de Borriana, bien porque supone un impulso cultural para zonas menos pobladas o porque se introducen en las políticas de estrategia turística en las grandes capitales. La mayor fragilidad la tienen esos proyectos pequeños altamente dependientes de la subvención o directamente programados desde las áreas de cultura. Así, este año hemos visto desaparecer el emblemático festival Periferias, que dirigió el gestor y crítico musical Luis Lles durante años en Huesca. A pesar de que en él cabían Chiquito de la Calzada y Fernando Sánchez Dragó junto a Lee ‘Scratch Perry’, Sun Ra Arkestra y Human League, el Ayuntamiento cedió a las exigencia de Vox, que calificó el evento de “despilfarro” para “culturetas progres”. Y eso que el partido de ultraderecha ni tan siquiera forma parte del Gobierno de la ciudad. 

Algo similar sucedió en Logroño con Voces de la Lengua, un festival creado por el Gobierno riojano anterior y que el nuevo presidente de La Rioja, del PP, fulminó rápidamente. Fue un encargo a Ignacio García, exdirector del Festival de Teatro Clásico de Almagro, con el objetivo de reivindicar La Rioja como un “santuario del español”. García diseñó un concepto de intervención cultural para el valle de los monasterios en los que se escribió en español por primera vez, en cuya programación dialogaban artistas locales con internacionales de diferentes áreas hispanohablantes. El nuevo consejero de Cultura dijo que aquello era “un dispendio” y comenzó recortando la programación a su antojo, mutilando todo lo que no fueran artistas locales. No obstante, en la estocada final, el presidente riojano aclaró que se cargaban este festival para hacer uno más “ambicioso” y que uno de sus puntos débiles es que los ingresos “solo” superaban en un 6% a los gastos. Así que, además, daba beneficios.

Por dinero también le dijeron en 2022 a Paco Bezerra que se cancelaba su obra teatral sobre una Teresa de Jesús yonqui. “Desajustes presupuestarios” fue el término de la Comunidad de Madrid. Pero Bezerra aseguró que, en el fondo, era otra cosa. A lo largo de 2023 ha esperado alguna llamada para subir a escena su obra Muero porque no muero pero el teléfono, esta vez, no ha sonado. Ha tenido que conformarse con lecturas dramatizadas y coloquios, pero el dramaturgo es consciente de que la honestidad que le caracteriza le ha cerrado puertas.

Al respecto de excusas sospechosas, aquí va otra: la falta de salidas de emergencia y las “pegas con el alumbrado” llevaron al Ayuntamiento de Briviesca (en manos del PP con el apoyo de Vox y Ciudadanos) a cancelar una obra importante este año, El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca, que ha coincidido con el estreno en cines de una película basada en la misma historia. Dirigida nada menos que por Alberto Conejero –que este año ha perdido la dirección del Festival de Otoño de Madrid por motivos que no han sido aclarados–, la puesta en escena de la obra sobre el maestro republicano represaliado Antoni Benaiges no se hacía en Briviesca por capricho, sino porque fue allí donde dio clase, en una pequeña escuela rural a cinco kilómetros. El exalcalde socialista, ahora en la oposición, afirmó sin dudarlo que la cancelación se debía a “motivos ideológicos”. Para reforzar esas supuestas carencias logísticas del espacio, el edil argumentó también el peso del factor económico. La suma de la infraestructura más el caché subía a unos 11.000 euros pero la compañía se rebajó el caché para poder representar allí, por el carácter simbólico y reparador de esa actuación y, según el anterior alcalde, antes de irse dejó las arcas públicas saneadas y con remanente. Conejero valoró esta cancelación de manera triste, aunque poética, remitiendo a la “impunidad de quienes construyen olvidos”.

La actriz Marta Nieto, protagonista de la obra que Lydia Cacho no pudo ver representada en Toledo, resumió bien la preocupación del sector cultural, que ha firmado manifiestos y protagonizado actos de repulsa. “El arte tiene una misión que es plantear preguntas y hacernos pensar”, dijo, y añadió que “censurando este tipo de obras lo único que hace es que otra vez seamos borregos”. En lugar de con una metáfora animal, con un ejemplo historicista, aunque también con un toque alusivo al mundo de las bestias, lo explicó el músico Vicent Torrent, fundador del grupo valenciano de folk Al Tall, cuando supo que PP y Vox le quitaban su nombre al Auditorio Municipal de Torrent: “El morro de Franco vuelve a asomar por debajo de la puerta”.