El Ejecutivo ya incluyó en el decreto del estado de alarma su facultad de adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural previstas en las leyes del Sector Eléctrico y de Hidrocarburos, que permiten que, en caso de ser necesario, el Gobierno pueda intervenir empresas para asegurar la continuidad del suministro o reducir la velocidad máxima en las carreteras, entre otras medidas.