Los más de 50 países firmantes del Tratado de la Carta de la Energía retoman en marzo las conversaciones para actualizar el acuerdo, o reformar, según con quién se hable, que fue creado en 1994 para proteger las inversiones energéticas internacionales, entre ellas, las inversiones en combustibles fósiles, lo cual lleva años levantando críticas de gobiernos europeos y grupos ambientalistas por lastrar los esfuerzos para terminar con el uso de combustibles fósiles porque permite a los inversores extranjeros demandar a los países por políticas que afectan sus inversiones.

El Tratado de la Carta de la Energía se trata de un acuerdo internacional de 53 países que deja en manos del arbitraje internacional la resolución de conflictos entre inversores y Estados, que nació para impulsar la cooperación energética transfronteriza e incluye una disposición de protección de la inversión que tiene como objetivo preservar a las empresas de decisiones políticas arbitrarias: fue una forma de atraer inversores a los países ex comunistas, pero en 2021 lo que hace es aumentar el peligro de que los gobiernos sean demandados por querer reducir las emisiones que afectan las inversiones en proyectos como las centrales eléctricas de carbón.

Martin Dietrich, abogado, economista e investigador del Columbia Center on Sustainable Investment (CSSI), cree que "la UE tiene una responsabilidad moral, porque fue impulsora del Tratado, que ahora le está impidiendo avanzar en sus políticas contra el cambio climático por su protección a las inversiones. Tiene una responsabilidad por haber creado el monstruo". 

Por ejemplo, la empresa alemana RWE acaba de remitirse al tratado para buscar una compensación del Gobierno holandés de 1.400 millones por su plan de eliminar gradualmente la energía fósil para 2030, lo que afectaría a la planta de Eemshaven de la compañía eléctrica.

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de reforma del tratado, adelantada por Reuters, que incluye poner fin a las protecciones para nuevas inversiones en carbón y petróleo, además de la energía producida a partir de estas fuentes. Las nuevas inversiones en infraestructura de energía alimentada con gas natural conservarían su protección hasta finales de 2030, si emiten menos de 380 g de CO2 por kWh y pueden utilizar gases con bajo contenido de carbono, explica la agencia de noticias. Si tales plantas de gas reemplazan al carbón más contaminante, estarían protegidas durante 10 años –o incluso 20– después de que entre en vigor la enmienda del tratado. Este calendario también se aplicaría a las protecciones para las inversiones existentes en cualquier combustible fósil.

"La única opción en el futuro, si quisiéramos tener un tratado que cumpla con el Acuerdo de París, es la retirada de la UE del Tratado de la Carta de la Energía", insiste Yamina Saheb, analista del grupo de expertos OpenExp: "Es increíble que la propuesta de la UE sea continuar protegiendo la inversión extranjera en combustibles fósiles durante 10 años más, y para el gas hasta 2040".

"En su propuesta se continúan protegiendo las inversiones existentes en combustibles fósiles diez años más, además no se protegerán nuevas inversiones en combustibles fósiles salvo algunos proyectos relacionados con el gas. Es posible, además, que se incluya la protección a otras energías bastante polémicas, como el hidrógeno", afirma Izaskun Aroca, una de las coordinadoras de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión.

Según Dietrich, basta "mirar los datos sobre cuánto es necesario reducir las emisiones hasta 2050, para ver que de nada sirve seguir protegiendo las emisiones hasta 2030; hay que hacerlo desde ya. La propuesta es muy insuficiente, aunque la protección no aplicaría a las nuevas inversiones, pero protege las existentes por diez años y ya sabemos de lo que es capaz la industria de los combustibles fósiles. Además, va totalmente en contra de los países que adoptan políticas de lucha contra el cambio climático: mantener este tipo de protección frustrará los objetivos que los países ahora incluyen en sus legislaciones incentivos para cambiar las fuentes energéticas". 

Hace una semana, el Gobierno español, a través de una carta firmada por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera; la ministra de Asunto Exteriores, Arancha González Laya; y la de Industria, Reyes Maroto, avisaba de que podría abandonar el tratado si no se hacía "compatible" con el Acuerdo climático de París.

La carta española llega después de la enviada en diciembre por el Gobierno francés, en la que París se quejaba de la lentitud de las conversaciones de modernización e instaron a la UE a renunciar al acuerdo si no hay un "progreso decisivo" para finales de este año.

En el caso español, se apuesta por modernización de la Carta, pero no se da fecha de salida del tratado. Izaskun Aroca explica: "Consideramos la carta como algo muy positivo, una señal de que el Gobierno de España comparte nuestra visión de que este Tratado está obsoleto, que es  un palo en la rueda de la transición energética y de la lucha contra la emergencia climática. Sin embargo, consideramos que es necesario marcar unos plazos de salida y asumir que la modernización va a ser un fracaso. No se puede arreglar algo que desde los cimientos está mal. Este tratado se gesta hace tres décadas en un contexto completamente diferente. España lo ratificó sin un debate público y no se hizo ningún estudio de impacto. De hecho no existe ningún estudio, ni privado ni público, que avale la firma de este tipo de tratados, más bien lo contrario: se ha demostrado que no atrae inversión".

Lucía Bárcena, del Transnational Institute, relata: "La carta es parecida a la que envió Francia aunque con un lenguaje un poco más suave. Se espera el apoyo de otros países como Austria y Portugal. Para el gobierno hay que apoyar la modernización en las 'siguientes rondas' antes de considerar salirse 'en el caso de que la modernización fracase según el plan estimado’. Pero no fijar un plazo o darse hasta finales de año es perder el tiempo. No hace falta esperar hasta finales de año pues en la próxima negociación de principios de marzo ya va a quedar claro si se puede esperar que la modernización lleve a un tratado compatible con los acuerdos climáticos. El ministro de energía de Luxemburgo, Claude Turmes, comparte esta opinión, ya que hace unos días declaró que 'marzo es la última oportunidad para lograr un buen acuerdo". 

"Por otro lado España, podría llegar a aceptar reformas mínimas", sopesa Bárcena: "Hay que estar atentos a la siguiente ronda de negociación, entre el 2 y el 5 de marzo, para ver qué se discute realmente. Un indicio de cuánto está dispuesta la UE a conseguir un Tratado de la Energía compatible con los objetivos climáticos es si presiona por la eliminación de la protección a las inversiones en combustibles fósiles".

"Es nuestra oportunidad, la agenda climática necesita respuestas contundentes: no se puede comprometer la una nueva ley de cambio climático que está apunto de ver la luz en España y en Europa. No podemos perder el tiempo. El clima no espera", defiende Aroca. 

"No hay alternativa al abandono del tratado", defiende Dietrich, "y lo mejor sería que salieran todos los países europeos para mostrar la unión del bloque. Y, si no es posible, que al menos se salgan los miembros que no están cómodos, como España, Luxemburgo... Lo ideal sería terminar el tratado, acabar y empezar de nuevo, con una base nueva, discutir qué es necesario para fomentar energías renovables, y que realmente sea un tratado que atraiga la inversión deseable y sostenible, lo cual no ocurre ahora".

Luxemburgo, uno de los defensores más acérrimos de adaptar el tratado a los esfuerzos para combatir el cambio climático, ha tachado de "débil" el borrador de la propuesta de la Comisión Europea, mientras confía en que el tratado pueda actualizarse. Mientras, un portavoz del Ministerio de Economía y Energía de Alemania, ha afirmado, según recoge Politico: "Bajo ninguna circunstancia se puede utilizar el Tratado de la Carta de la Energía en contradicción con la protección del clima o la transición energética".

En las posiciones contrarias se encuentran los países más dependientes del carbón, los combustibles fósiles y más retrasados en la transición energética: Hungría, Eslovaquia, Polonia, la República Checa y Rumanía, más favorables a una lenta eliminación de combustibles no renovables como el gas natural.

Según explica Saheb en un artículo en Euractiv, "los Estados miembros de la UE deben elegir entre empoderar a sus sistemas judiciales nacionales para proteger a sus ciudadanos contra individuos o instituciones que apoyan la industria de los combustibles fósiles, haciendo que los objetivos del cambio climático sean difíciles de alcanzar; y permitir que el brazo de acción de la TCE, el Acuerdo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS), continúe obligando a los gobiernos a pagar miles de millones en acuerdos. El TCE es un acuerdo multilateral que protege la inversión extranjera en el suministro de energía. Punto. Eso significa que no evalúa los impactos ambientales reales a corto y largo plazo".

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha denunciado presiones de la Junta de Castilla y León y de Berkeley para autorizar la mina de uranio en Retortillo (Salamanca): la primera explotación a cielo abierto de Europa. Según ha publicado el diario El País, la empresa minera ha emprendido en los últimos tres meses una campaña para instar al consejo a que resuelva el expediente de esa autorización en el municipio salmantino de Retortillo, en la que también ha participado el Gobierno autonómico.

Desde el 16 de octubre, la compañía minera ha enviado varias cartas órgano supervisor de le energía atómica: una firmada por Francisco de Paula Bellón, presidente de Berkeley, dos de asociaciones que supuestamente defienden a los accionistas y otra más del despacho de abogados.

Según fuentes de organizaciones ecologistas, hay sospechas de que la empresa pueda llegar a reclamar 500 millones de euros si al final no recibe la autorización, e incluso ampararse en el Tratado de la Carta de la Energía, aunque la matriz sea australiana, porque tiene la filiar en Londres y hay precedentes de casos similares.

Juantxo López de Uralde, presidente de la Comisión de Transición Ecológica y portavoz de Unidas Podemos, ha pedido la comparecencia de el presidente del CSN, Josep María Serena i Sender, para que pueda "denunciar en sede parlamentaria estas prácticas inaceptables, que no hacen sino demostrar cómo los poderes económicos tratan, una vez más, de condicionar el normal desarrollo de la actividad de los y las representantes políticos, democráticamente elegidos".

La comparecencia está anunciada para el 25 de febrero, casi en vísperas de la aprobación prevista de la Ley del Clima española, para abril, una de cuyas líneas rojas es la explotación del uranio, lo cual haría imposible la mina de Berkeley en Retortillo.