El apetito de las constructoras por el dinero público no tiene límites. Las principales patronales de las compañías de infraestructuras españolas han pedido al Gobierno que limite el uso de los medios propios de la Administración para la ejecución de proyectos, con el fin de incentivar también el ámbito privado. La licitación de obra pública se situó en 2022 en 30.074,07 millones de euros, lo que supone un 27,9% más que los 23.514,76 que se alcanzaron el año anterior, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.

La petición de las constructoras llega en un momento polémico por el anuncio de Ferrovial, una de las constructoras que más se ha enriquecido con la obra pública, de trasladar su sede de España a Holanda.

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández, ha asegurado en unas jornadas organizadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que los encargos realizados por empresas públicas casi se duplicaron el año pasado.

En concreto, ha citado que empresas como Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o Ineco, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, recibieron 1.888 encargos en 2021, pasando en 2022 a más de 3.120 proyectos.

"La progresividad que se está produciendo en la utilización de medios propios por parte de la Administración es preocupante", ha advertido Fernández, proponiendo a continuación la aprobación de una disposición que limite la utilización de estos medios públicos.

"Proponemos que solo se permita utilizar un porcentaje del presupuesto a través de encargos a medios propios y que se establezca un procedimiento ágil para encomendar remanentes, porque muchas veces se les otorga a medios propios para que los hagan rápidamente, ya que de lo contrario esos fondos se perderían", ha explicado.

La petición del representante de esta patronal también llega cuando la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, confirmó en el Congreso que el organismo aplicará “directamente” la prohibición de contratar para empresas multadas por falsear la competencia. 

El anuncio llegó después de que en noviembre el organismo sacara a audiencia pública su propuesta para fijar directamente la duración y el alcance del veto a empresas multadas por incurrir en infracciones graves de la normativa de competencia, en lugar de remitir sus resoluciones a la Junta de Contratación del Estado, como ha hecho hasta ahora. Ese organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, en el que se sienta la patronal de las grandes constructoras (que concentran buena parte de las propuestas de veto que ha hecho la CNMC) no ha tomado nunca una decisión al estar las sanciones recurridas ante la justicia.

Al margen de este asunto, el presidente de la patronal de la construcción, junto con otros representantes de otras asociaciones empresariales de infraestructuras, han denunciado que los fondos europeos "no están llegando a la empresa".

El presidente de la patronal de ingeniería (Tecniberia), Joan Franco, ha argumentado que se está dando más peso a las reformas que a las inversiones, lo que supone que "el dinero no está llegando todavía a la economía real".

Franco también ha aprovechado su intervención para pedir que la parte técnica cuente más en las adjudicaciones que la económica, hasta una proporción del 80% y 20%, respectivamente, como pasa en otros países europeos. Esta reivindicación la hizo en otro foro un representante de Ferrovial al principio de la semana.

Por su parte, la presidenta de la patronal de las constructoras no cotizadas (Anci), Concha Santos, ha advertido de que en 2024, si no hay una nueva prórroga, volverán las reglas europeas de control de déficit en el 3%, por lo que ha sugerido establecer un modelo de financiación en el que entre el ámbito privado.

De su lado, el presidente de Seopan, Julián Núñez, que representa a las grandes constructoras, ha hecho alusión a la falta de un decreto para revisar de forma extraordinaria los precios de la obra pública. Núñez tuvo que salir a desmentir que su patronal respaldara el traslado de Ferrovial a Holanda tras la publicación de un comunicado y señaló que el respaldo a la constructora de la familia Del Pino

Por último, el presidente de la patronal de las empresas de conservación de carreteras (ACEX), Pablo Sáez, ha denunciado que ese subsector está "olvidado" en el reparto de los fondos europeos, al mismo tiempo que ha pedido que se lleva a cabo una evaluación del grado de cumplimiento de la ejecución de los fondos. "Si sobra dinero, la infraestructura puede levantar la mano y decir que hay capacidad para hacerlo", ha concluido.