La Dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador a más de una treintena de pequeñas comercializadoras de electricidad por, supuestamente, aprovecharse de la denominada excepción ibérica para comprar electricidad barata en España y venderla posteriormente más cara en Francia, según ha avanzado El País y confirman fuentes del sector.
La CNMC, que tiene 18 meses para resolver este expediente, investiga desde el pasado 16 de marzo si se han violado las reglas europeas de transparencia de mercado, conocidas como Remit.
Esto en principio implicaría posibles sanciones de entre 600.000 y 6 millones de euros para cada una de las investigadas, aunque la apertura de un expediente no prejuzga su resultado final. Al estar en manos de la Dirección de Energía, implicaría sanciones a priori menos cuantiosas que si el procedimiento lo llevara la Dirección de Competencia del organismo. Las prácticas investigadas no habrían tenido incidencia en los precios que pagan los consumidores españoles.
Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente, la CNMC ha encontrado indicios de lo que podría considerarse una infracción del artículo 65.31 de la ley eléctrica, que castiga "cualquier infracción por manipulación de mercado también en fase de tentativa, uso de información privilegiada o falta de difusión de información privilegiada," conforme a lo establecido en un reglamento europeo de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía.
Entre las empresas investigadas hay muchas compañías semidesconocidas, pero también otras como Cox Energy (que acaba de adjudicarse los activos de Abengoa en una subasta judicial), Fenie Energía, Holaluz, las cooperativas Som Energía y Goiener o Eleia (de ACS).
Competencia está analizando las transacciones que se realizan a través de la interconexión entre España y Francia mediante un mercado que se abre todos los días a las 3 de la tarde. Hasta febrero de este año, el único criterio que se aplicaba era elegir al primero que llegaba para vender y comprar energía a través de ese cable, hasta que la conexión entre ambos países llega al máximo de su capacidad, independientemente del precio que se oferte. Un procedimiento que el operador del mercado, OMIE, acaba de cambiar para no mirar solo el orden de llegada, sino también el precio que se ofrece.
Ese criterio abrió una oportunidad de negocio cuando en junio empezó a aplicarse la excepción ibérica, cuya prórroga hasta final de año prevé convalidar el Congreso este jueves. El tope al gas, sumado a los problemas de las centrales nucleares francesas, hizo que la energía en el mercado mayorista español fuera mucho más barata que en el lado francés.
Fuentes conocedoras del expediente apuntan que en el origen de esta investigación está la utilización de un software informático proporcionado por una consultora de este sector para empezar a enviar ofertas en cuanto se abre ese mercado y entrar los primeros.
Las investigadas son Agri Energía; Aire Limpio; Alpex Ibérica de Energía; Alterna Operador Integral; Alumbra Corporación; Ausarta Prima; Cibeles Energía Century21 Go; Cox Energía Comercializadora España; Cye Energía; Eléctrica Sollerense; Electricidad Eleia; Energía Nufri; Enerplus Energía; Enerxia Galega Mais; Estabanell Impulsa; Estrategias Eléctricas Integrales; Fenie Energía; Foener Energía; Gaolania Servicios; Globelight Energy; Goiener S. Coop.; Hola Luz-Clidom; IM3 Energía; Integración Europea de Energía; Inteligencia para el Ahorro Energético; Neuroenergía; Next Energía XXI; Potenzia Comercializadora; Renewable Ventures; Som Energia; Swap Energía; The Yellow Energy; Tu comercializadora de energía de luz, dos, tres; Union Electro-Industrial; y Vatio Wholesale.
Una de las empresas investigadas señala que “no se ha realizado ninguna práctica tipificada como infracción de mercado y las ofertas se han ajustado a las reglas de mercado en todo momento”.
