España ha reforzado la inversión en su estado del bienestar en los últimos años y su gasto público se acerca a la media de la Unión Europea, del 50,6% y el 51,5%, respectivamente. Es uno de los resultados de un reciente estudio de Fedea, que analiza la evolución de distintas partidas que componen este pilar social, como las pensiones, la sanidad y la educación, entre otras, entre 2015 y 2021. Alerta no obstante de que España también se sitúa entre los Estados europeos con más deuda pública, por lo que urge a abordar "cuanto antes" una reforma fiscal que aumente "estructuralmente la recaudación, y hacerlo de la manera más eficiente posible".

El informe difundido este miércoles por Fedea, Evolución del gasto público por funciones en España y en la UE (2015-2021), de los economistas Manuel Díaz y Carmen Marín, analiza cómo ha evolucionado el gasto público respecto al producto interior bruto (PIB) en España y en el resto de los países de la Unión Europea en este periodo. El seguimiento abarca desde el gasto en "Servicios generales y asuntos económicos" (asuntos económicos generales y comerciales, agricultura, energía y carburantes, minería, construcción, transporte, comunicaciones, etc.), el dinero público que se va en intereses, la partida de defensa y seguridad y las relacionadas con el gasto social.

Entre las materias del llamado estado del bienestar, destaca el alza de la inversión pública en pensiones, con el mayor aumento de los países de la UE en estos años, hasta situarse ligeramente por encima de la media europea en 2021: 13,2 puntos del PIB en España y 12,3 puntos del PIB de media en la UE.

También sobresale el mayor gasto público en educación, con el segundo mayor incremento entre los 27 países europeos, solo por detrás de la República Checa, que ha permitido que España se sitúe "muy cerca de la convergencia con la media de la UE (4,6% vs. 4,8%)". Un estudio sobre gasto público difundido por el Banco de España el pasado verano destacaba la educación como una de las partidas "más favorecedoras del crecimiento a largo plazo", en la que recomienda evitar ajustes en los procesos de "normalización" de las finanzas públicas tras la pandemia.

Si miramos los incrementos por partidas en España, destaca el empuje del gasto público en sanidad (+1,1 puntos del PIB) y en el "resto de protección social", título que engloba la inversión pública contra la pobreza, de apoyo a la familia y la vivienda, entre otras. Esta última ha crecido en España el doble que en la UE en este periodo (+1,1 puntos y +0,5 puntos, respectivamente), pero aun así se mantiene todavía bastante por debajo de los niveles medios europeos, destacan los investigadores.

En este ámbito (pobreza, familia, vivienda) es donde la brecha España-UE se mantiene todavía más abierta, con una inversión del 4,7% del PIB en 2021 mientras que la media europea alcanza el 6,5%. Aunque inferior, también en sanidad hay todavía casi un punto de distancia con el promedio europeo. Por último, España sobresale en Europa en todo el periodo por su elevada inversión en protección por desempleo, debido a sus niveles de paro, con la tasa más alta de la UE.

En conjunto, el gasto público relacionado con el estado de bienestar –pensiones, sanidad, educación, desempleo y resto de protección social– "supone el 65% del total (siendo el dedicado a pensiones el 25%)", resume el estudio. "Este porcentaje es común tanto para España como para la media de la UE y se mantiene prácticamente sin cambios entre 2015 y 2021", añaden los economistas.

El estudio analiza dos periodos: una etapa prepandemia, hasta 2019, con una reducción bastante generalizada del gasto, y una impactada por la COVID, entre 2019 y 2021, en la que la comunidad europea –y España en particular– ha apostado por un refuerzo de la inversión pública para hacer frente a la salida de la crisis por la emergencia sanitaria, por ejemplo con los ERTE, el paro de los autónomos y los primeros pasos del ingreso mínimo vital, entre otras medidas.

"España siempre ha tenido un gasto público inferior a la media de la UE-27, pero esa diferencia se ha ido reduciendo, sobre todo, en los últimos años", destacan los autores. En 2015, la distancia entre el gasto público en España y la media europea alcanzaba cuatro puntos de PIB (44% frente a 48,1%), mientras que en 2021 la brecha se reducía a algo menos de un punto, con los mencionados 50,6% y el 51,5% del PIB.

La reducción de la brecha de gasto público se debe, en una parte, a un "peor comportamiento del PIB" en España en 2021, con una recuperación económica de la pandemia más lenta por el mayor peso del turismo, pero también por un mayor aumento del gasto. "Así tenemos que entre 2021 y 2019, el gasto público de España creció en 8,3 puntos de PIB", pero esta cantidad se desglosa "entre 6,9 puntos de aumento del gasto considerando el PIB constante y 1,4 puntos del efecto de PIB". En el caso de la UE, el aumento del gasto público es de 4,9 puntos del PIB, "que se divide en 6,5 puntos de PIB de aumento del gasto y -1,6 puntos de efecto PIB", indica el estudio.

Esta lógica de mayor inversión pública impregna el Plan europeo de Recuperación y Resiliencia por la pandemia, posterior a este análisis y que está suponiendo un refuerzo de financiación pública que se mantendrá en los próximos años, así como también se ha mantenido como respuesta a la crisis inflacionista y el impacto de la guerra en Ucrania.

Los economistas llaman la atención sobre otra cara de la moneda: la deuda pública. "España se sitúa detrás de este grupo de tres [Grecia, Italia y Portugal] siendo el cuarto país con mayor deuda de la UE", advierte el informe, y también de los que más la han incrementado en el periodo analizado. "El deterioro de nuestro saldo fiscal junto con la caída del PIB sufrida durante la pandemia explica que seamos uno de los países con un aumento de la deuda más pronunciado en el periodo 2015-2021", recoge el estudio.

Los investigadores subrayan que "en un contexto económico complicado como el actual, con fuertes subidas de precios y de tipos de interés, que están afectando tanto al aumento de las pensiones como también de los salarios públicos y del resto de costes para proveer los servicios públicos, debería incentivarse más que nunca una buena gestión y control del gasto público para mejorar en eficiencia".

Pero hace falta algo más que medidas sobre el gasto, consideran los economistas, que abogan por que España "debe abordar cuanto antes una reforma fiscal que aumente estructuralmente la recaudación, y hacerlo de la manera más eficiente posible". Para ello, sitúan como "un buen punto de partida" las recomendaciones del comité de personas expertas que encargó el Gobierno de coalición para la prometida reforma fiscal, de las más relevantes que quedan en el tintero de la legislatura.

El mencionado informe del Banco de España también señala la necesidad de actuar en este sentido. "Cualquier aumento en los niveles de gasto público en España solo sería compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas si se acompaña de medidas por el lado de los ingresos públicos". El cierre de la reforma de pensiones recién aprobado apuesta por esta lógica de incremento de los ingresos, a través de las cotizaciones sociales, frente a las pasadas legislaciones centradas en la reducción del gasto.