El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de vivienda, que afronta ahora su tramitación en el Senado. Ha pasado más de un año desde que el texto salió de Moncloa y ahora la Cámara Baja da su visto bueno con los votos a favor de las formaciones del Gobierno de coalición, de ERC, EH Bildu o Más País. En contra, las formaciones de derechas, como PP, Vox, Cs, Junts, PDeCat y PNV.

La ley se ha aprobado con 176 votos a favor; 167, en contra y una abstención, en una votación a la que han acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La ley –cuyas claves pueden consultarse en esta información– es la primera en la historia de esta democracia que reconoce la vivienda como un derecho.

Su debate en el Pleno de la Cámara Baja ha dibujado una clara división entre las sensibilidades políticas del hemiciclo. Por ejemplo, la ley es un "disparate", según la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas; o una "aberración", según Carlos García Adanero, de UPN. En cambio, para grupos parlamentarios como BNG o la CUP, se podía haber ido más lejos.

La ley la han defendido dos ministras, Ione Belarra, responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030; y Raquel Sánchez, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Ione Belarra ha recalcado que "las casas son para vivir y no para especular" y ha agradecido el trabajo de asociaciones y activistas en favor del derecho a la vivienda. "El alquiler es una bomba de extraer recursos desde las clases precarias a las rentistas" y por ello "era fundamental incluir la regulación, por eso hemos tardado tres años" en aprobar este texto. También, que en las últimas décadas se ha configurado la vivienda como "un negocio construido sobre el consenso del pelotazo". La premisa de que "los pisos no van a bajar", que derivó en una "burbuja que estalló sobre los hombros de miles de compatriotas" con viviendas vacías que se van a poner a disposición a través de la Sareb. Hoy pierde la banca, los buitres, los fondos de inversión y gana la gente, los que tienen un alquiler o una hipoteca, pero hoy no acaba nada", ha resumido Belarra.

Cuando entre en vigor, "la vivienda, junto con educación, sanidad, pensiones y trabajo" se convertira "en el quinto pilar del estado de bienestar", ha resaltado Raquél Sánchez, que ha salido en defensa de la "solidez" del texto "que no va en contra de nadie y que protege tanto a arrendadores como arrendatarios". "Una democracia avanzada debe esforzarse en ofrecer vivienda digna a todos los ciudadanos", ha apuntado porque "el desempleo y no tener vivienda abocan a la pobreza". "Parece que todas estas medidas sorprenden o molestan a quienes han defendido otro tipo de modelo, confiamos en que los avances en los derechos sean irreversibles", ha concluido.

"Las derechas saben que no hay un solo mercado que no esté regulado", ha afirmado el diputado de Más País, Íñigo Errejón, que en el caso de la vivienda esta regulado a favor de "bancos, especuladores y fondos buitre". También ha apuntado que la de hoy en el Congreso no es la única votación sobre la ley de vivienda, sino que habrá otra el próximo 28 de mayo en las elecciones municipales y autonómicas, que son quienes tienen las competencias.

El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, asume que la ley "es un paso corto para lo que nos gustaría", pero es "el momento de pasar de las palabras a los hechos". Ha incidido en que la vivienda es un "problema ideológico" entre quienes la entienden como derecho o como bien de mercado. Matute ha ahondado en que la ley "interviene y regula" con "un control efectivo, topes anuales, la intervención sobre los grandes tenedores y el impulso al alquiler social".

En cambio, el PP ha cargado contra la nueva legislación. "No convence a nadie y es moneda de cambio, porque da protagonismo a ERC y EH Bildu", ha asegurado Ana María Zurita. En su opinión, "no responde a los problemas de las personas vulnerables o jóvenes". De hecho, Zurita ha ironizado con el alcance este legislación comparándola con las "zapatillas de Trujillo", la medida que puso en marcha la exministra de vivienda, Maria Antonia Trujillo, y ha asegurado que "es imposible" que sus dos hijas "se puedan emancipar", por los precios del mercado. "No hace falta esta ley, lo que hace falta es construir", ha resumido.

El diputado del PNV,  Íñigo Barandiarán, ha recalcado en su intervención en el pleno, que la nueva regulación "interfiere en las capacidades" de las comunidades autónomas, porque se "extralimita e invade competencias" y ve que es una "demostración de incoherencia" de quienes se declaran independentistas.

Pilar Vallugera, de ERC, ha cifrado en más de 400 días la negociación de esta ley, que ha sido difícil pero que "marca el camino". "¿Queremos intervenir el mercado de rentas de alquiler o nos vamos a quedar en no intervención con la excusa de las competencias?", ha preguntado. "Ni PdeCat ni Junts están por parar los desahucios". También ha respondido a las críticas sobre el "intervencionismo" del texto. "Solo contenemos las rentas, no que alquilen un 50% más barato". En el caso de los grandes tenedores, vinculándolo a "un índice"; y, los pequeños, "a un contrato anterior". ¿Están perdiendo dinero ahora? ¿Qué historia están vendiendo?".

Vox y Cs han hecho énfasis en que la nueva regulación va a golpear la oferta de vivienda en alquiler y en que favorece la okupación.

"Esta ley genera sensaciones", ha asegurado Inés Arrimadas de Cs, porque, entiende, da "más tranquilidad a los okupas y más intranquilidad a los propietarios". Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, ha afirmado que se va a reducir el parque de viviendas "ya está ocurriendo en España". Esta ley "bendice" la okupación y convierte a España en un "paraíso para los okupas".

También el PP ha sacado a colación este tema, según su diputada Ana María Zurita, el texto pactado por las formaciones progresistas es un "robo a mano armada". "Lo saben, solo favorece a los okupas".

Oskar Matute, en cambio, ha enfatizado que la "okupación ha descendido en 2022. No lo dice EH Bildu, lo dice el CGPJ. Lo que ha aumentado son los desalojos de personas vulnerables". Por su parte, Pilar Vallugera, de ERC, ha preguntado "¿A qué llaman okupas?" A los que no han podido pagar unos recibos de la hipoteca, cuando llevan pagando 30 años. No son okupas son vecinos que pasan un mal momento".

Tras la aprobación de la ley, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado las “gracias a los distintos grupos parlamentarios con los que hemos logrado uno de los principales hitos de la legislatura y de la democracia”, informa Alberto Ortiz. “Estamos cambiando el paradigma, dejando atrás la ley del suelo del 98 y el modelo neoliberal que trajo especulación y mucho dolor social con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria”, ha sostenido el jefe del Ejecutivo, que ha aprovechado para reprochar al Partido Popular su oposición a esta ley y su voluntad, según ha manifestado, de “boicotear” la norma en los territorios donde gobierna. “Es una oposición a la deriva”, ha criticado.