La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el organismo que vela por el buen funcionamiento de la contratación pública en España, tiene sin cubrir la mitad de los puestos de la plantilla de 50 personas que tiene asignada, según recoge el informe anual de actuaciones que ha publicado recientemente.

“El número de puestos ocupados de la RPT [relación de puestos de trabajo] de la OIReScon a 31 de diciembre de 2022 era de 25”, dice la entidad. Esa RPT se amplió el pasado ejercicio de 43 en total a 50 efectivos con plazas de la Oferta de Empleo Público y varios expedientes aprobados por la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR).

La presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, María Luisa Araújo, ha mencionado en alguna comparecencia la necesidad de reforzar los medios humanos y materiales de este organismo, que se encarga de promover la concurrencia y combatir las ilegalidades en los contratos públicos. El pasado noviembre, reveló en el Congreso que la entidad contaba con una plantilla de 25 efectivos, que es la misma con la que cerró 2022.

Con ese personal, advirtió, debe analizar “un elevado volumen de información procedente de distintas fuentes de datos”, principalmente, la plataforma de contratación del Estado y las de las diferentes comunidades autónomas.

Son decenas de miles de adjudicaciones, ya que, como recordó, excluyendo contratos menores, en 2020 se publicaron en las diversas plataformas de contratación 129.000 licitaciones, y en 2021, otras 132.327. No obstante, la entidad “no se detiene en un expediente concreto ni en un órgano de contratación determinado”, sino que busca encontrar “puntos débiles” y “problemas sistémicos” en la contratación pública.

A ello se suman las funciones que tiene encomendadas la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), creada en 2022 e integrada en la entidad. Esta oficina debe analizar la sostenibilidad financiera de concesiones de obras y servicios. El año pasado, elaboró un total de 24 informes. 

En esa comparecencia en la Cámara Baja, Araújo explicó que si en enero de 2020 había 12 puestos de trabajo cubiertos en OIReScon, a diciembre de 2021 eran 19 y “hoy son 25”, cifra que se mantuvo a cierre de 2022. 

La presidenta del supervisor de los contratos públicos indicó que una de las prioridades de esta entidad, que es “aún joven” (se creó en 2018), pasa por “hacer crecer nuestra plantilla”. “La oficina tiene los recursos que tiene en un contexto en el que no es fácil contar con todo el personal que uno desearía, sobre todo porque tenemos en cartera muchísimos proyectos”. “No somos muchos, pero somos valientes”, indicó a los parlamentarios, a los que pidió que el hecho de incidir en el número de efectivos con los que cuenta no se interpretase como “una queja”: 

En el informe que acaba de publicar, OIReScon señala que en 2022, “como en años anteriores, se ha logrado avanzar de manera importante en la provisión de puestos de la RPT que estaban vacantes a principios del ejercicio”. Así, con las incorporaciones del pasado ejercicio, se llegó a cubrir ese 50% de la RPT, frente al 44,18% de enero de 2022.

El documento afirma que “se siguen dando pasos para dotar a la OIReScon de una plantilla cualificada de modo que se pueda llevar a cabo las funciones que se le atribuyen” en la Ley de Contratos.

Pero deja claro que cubrir esas plazas no es fácil: las funciones para esos puestos exigen “una alta especialización técnica por parte de su personal, de ahí que se pretenda la incorporación de funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Superiores de Interventores y Auditores del Estado, de Administradores Civiles del Estado, de Sistemas y Tecnologías de la Información o de Estadísticos del Estado”.

“Se trata de Cuerpos muy especializados de la Administración, con alta demanda por parte de gran número de centros directivos, lo que supone una dificultad adicional para su cobertura”. 

El “buen funcionamiento” de la OIReScon también requiere de efectivos de otros cuerpos, como los de Contabilidad, de Hacienda o de Gestión de Sistemas e Informática, “sin olvidar el necesario apoyo que prestan otros cuerpos de carácter más general y que garantizan el funcionamiento ordinario del conjunto de la Oficina”.

El informe subraya la necesidad de aprobar ya la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra el Fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, incluyendo un apartado o sección específica relativa a los contratos con financiación de la Unión Europea. “Este punto es de especial y considerable importancia en el marco de la ejecución de los Fondos Next Generation y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. 

La OIReScon aprobó in extremis el pasado diciembre la estrategia nacional de contratación pública que Bruselas llevaba años reclamando a España. Este instrumento jurídicamente vinculante, que debe aumentar la transparencia y la eficiencia en las compras del sector público, es un documento de 82 páginas cuyo primer objetivo “combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública”. Estaba contemplado en la Ley de Contratos de 2017 y era una de las medidas recogidas en el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea en 2021.

La oficina es también un organismo creado por imperativo de la UE. Está orgánicamente adscrita al Ministerio de Hacienda, pero no tiene presupuesto propio. Esta última es una de las cuestiones que criticó su primera presidenta, María José Santiago, antes de dimitir a mediados de 2020.

De los informes que publica el organismo se desprenden datos como el reciente récord de concursos públicos a los que se presenta una sola empresa o un máximo de denuncias por supuestos amaños en este tipo de procedimientos.

La contratación pública es un motor de la economía. En 2011 supuso el 11,49% del PIB español y el 22,71% del total del gasto público, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Un estudio publicado en 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados la Competencia (CNMC) cifraba el peso de esta actividad en hasta el 20% del PIB. Y advertía del amplio margen de mejora en este aspecto. “Los procedimientos abiertos y transparentes producen un ahorro de casi un 10% de media en los importes de las adjudicaciones”, advertía.