El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un trámite clave para concluir la conocida como Operación Campamento, una transformación urbanística en el sur de Madrid, que lleva años sobre la mesa de las diferentes administraciones y que supondrá la construcción de un parque de viviendas asequibles.

“Es el desbloqueo de una gran operación inmobiliaria”, ha asegurado la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En concreto, lo que hoy ha aprobado el Gobierno es un trámite por el que autoriza al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), que depende del Ministerio encabezado por Margarita Robles, la venta de 1,63 millones de metros cuadrados a Sepes, la entidad pública del Suelo, que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El proyecto urbanístico, ha indicado Isabel Rodríguez, supondrá la construcción de 12.000 viviendas, de las que al menos el 60% tienen que ser asequibles. “El Gobierno pretende que la vivienda sea un derecho cuyo acceso sea garantizado por las Administraciones Públicas”, ha asegurado. En concreto, esas viviendas quedarán bajo el paraguas de algún tipo de protección oficial.

Hace unos días, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida acusó de "parálisis" al Gobierno en la tramitación de esta ejecución inmobiliaria. Una tramitación que es compleja, por los diferentes organismos implicados. Por ejemplo, para poder dar luz verde a la transacción que hoy ha aprobado el Gobierno, se ha tenido que contar con un informe favorable de la Intervención General de la Administración del Estado, que llegó el 15 de septiembre de 2023. Ahora la transacción se llevará a cabo mediante adjudicación directa.

A partir de este paso, Sepes adquirirá los terrenos correspondientes a siete fincas registrales, que permitirán a la entidad disponer de la propiedad de aproximadamente el 98% del aprovechamiento de la operación, lo que le otorgará la iniciativa urbanística y poder liderar la que está considerada como mayor actuación de vivienda pública del país, según indican fuentes del Ministerio de Transportes.

En el último año se han realizado una serie de trámites para acelerar la Operación Campamento. En abril, el Consejo de Ministros autorizó a Transportes la transferencia de 260 millones de euros a Sepes para financiar la adquisición de los terrenos. Un mes después, la entidad pública de suelo ejecutó el pago a Invied el 5% del precio de tasación de los terrenos, que equivale a 13,6 millones de euros, en concepto de señal.

Además, de forma paralela, según indican las citadas fuentes, se han impulsado el marco jurídico y la asignación de recursos económicos para garantizar que el proyecto sea viable. Entre ellos, la puesta en marcha de una oficina técnica propia, que ha llevado a cabo la definición de la propuesta de actuación y ha iniciado los trabajos necesarios para el desarrollo de diferentes estudios sectoriales: movilidad, viabilidad económica y de carácter ambiental. Entre ellos, un estudio de contaminación del suelo. Además, apuntan que, durante los últimos meses, Sepes ha mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento de Madrid para trazar el futuro de la operación.

El desarrollo de Campamento lleva casi 40 años en las mesas de las administraciones públicas. Se trata, en total, de 211 hectáreas, donde estuvieron instalaciones de Defensa, antiguos cuarteles situados entre la Casa de Campo, Alcorcón y Pozuelo de Alarcón. En su transformación y planeamiento están implicado el Ayuntamiento, porque las competencias de Urbanismo son municipales; y la Comunidad de Madrid, porque las de Vivienda son suyas.

La primera vez que se habló de la Operación Campamento fue en los años 80, con Joaquín Leguina como presidente madrileño y Narcís Serra como ministro de Defensa. Desde entonces ha habido varios intentos de desbloquear esos miles de inmuebles que no llegaron a concretarse y que ahora están desbloqueándose en la recta final de 2023.