Este semana, volvían a repetirse los titulares: choque entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Un tándem de difícil convivencia en el equipo económico del Consejo de Ministros, que atesora multitud de enfrentamientos marcados por fuertes diferencias ideológicas. El último, y parece que lo será definitivamente ante la previsible salida de la vicepresidenta económica del Gobierno para presidir el BEI, aborda la reforma del subsidio por desempleo, en el que ambos equipos tienen posturas muy alejadas. Ya ha ocurrido antes: con la reforma laboral, el salario mínimo y otras tensiones menos conocidas, como a propósito de la Ley Rider y la inversión social europea, entre otras.

Las diferencias por el subsidio por desempleo han estallado esta semana ante la opinión pública, aunque se cocían desde hace meses. A pocas semanas de tener que aprobar la medida, Economía anunciaba dos de sus propuestas para la reforma legislativa –un subsidio de cuantía decreciente por debajo de los actuales 480 euros al mes y más control en el compromiso de vuelta a la actividad de las personas desempleadas– que el Ministerio de Trabajo, que lidera la reforma, no compartía.

Tras varias filtraciones a los medios de comunicación, en un movimiento poco habitual, Trabajo levantó las cartas que está jugando cada equipo en la negociación para señalar a Calviño por querer recortar la protección asistencial por desempleo. Por ejemplo, reduciendo el tiempo máximo de cobro de la ayuda, de los 30 meses actuales a solo 12, así como reduciendo la cuantía en un sistema decreciente con mensualidades de hasta 300 euros al mes.

En cambio, el Ministerio que lidera Yolanda Díaz plantea una regulación que aumente la protección de los subsidios, una "ampliación" pactada expresamente con Bruselas en el Plan de Recuperación. En este sentido, Trabajo subraya que –tras muchas reuniones–negoció con Bruselas una regulación sin recortes, al igual que con la reforma laboral, algo que ahora Economía quiere introducir motu proprio no porque lo exija la Comisión.

La propuesta de Yolanda Díaz consiste, principalmente, en aumentar las cuantías de los subsidios (a los 660 euros al mes, que decrecerían durante el cobro de la ayuda hasta los actuales 480 euros mensuales), así como la inclusión de dos colectivos hasta ahora sin derecho –los menores de 45 años sin cargas familiares y los eventuales agrarios del conjunto del país– y la eliminación del mes de espera entre el cobro de la prestación y el subsidio.

Además, ambas partes plantean que se pueda seguir cobrando el subsidio si se encuentra un empleo, como método para impulsar a la reactivación laboral. Sin embargo, en el caso de Trabajo limitan esta posibilidad a 45 días y Economía apuesta por un mayor periodo de tiempo, aplicando una cuantía decreciente de la ayuda.

En el departamento de Díaz señalan solo a Economía, no al ala socialista del Gobierno en general. Ni siquiera a Hacienda, Ministerio siempre pendiente de los aumentos de gasto público y la reducción del déficit, que hasta el momento no está poniendo pegas a la reforma del subsidio. Su titular, María Jesús Montero, procede de Andalucía, una región donde el paro golpea con más fuerza dentro del mapa nacional.

Tras ambas propuestas, como en tantas otras ocasiones, se revelan dos posturas ideológicas muy diferentes, casi opuestas. Nadia Calviño es una insigne representante de la ortodoxia económica, fraguada en las instituciones europeas, mientras que por otro lado Yolanda Díaz es una abogada laboralista que se crio rodeada del movimiento sindical y que hizo carrera política desde su militancia en el Partido Comunista y Esquerda Unida.

Esa enorme distancia en sus currículums se refleja en las negociaciones y sus propuestas políticas. Nadia Calviño defendió este jueves ante inversores en Nueva York: "Lo que queremos es que el marco pase de subsidiar el paro a apoyar el empleo". La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo rechaza frontalmente este planteamiento (subsidiar el paro) y de hecho celebra la existencia de "este derecho de todos y todas" a esta red asistencial de protección por desempleo para cuando a las personas les cuesta más encontrar trabajo o no llegaron a cotizar lo suficiente para acceder a la prestación.

En Economía insisten además en que esta reforma debe contribuir a "reducir la economía sumergida". Desde este marco, defiende un mayor control de la vuelta a la actividad, como hacer firmar presencialmente cada mes a los parados para poder seguir recibiendo la ayuda, así como mayores sanciones al cobro del paro mientras se participa en la economía sumergida, explican fuentes de Trabajo.

Desde la cartera de Yolanda Díaz sostienen que este enfoque es el mismo al que aplicó el Partido Popular en sus últimas reformas de la protección por desempleo, mermándola. Consideran que este marco "estigmatiza" a la personas que cobran ayudas, centrando la mirada en los casos de fraude que puedan existir, frente a otra apuesta enfocada en proporcionar más y mejores salidas laborales a todos los desempleados a través de los servicios públicos de empleo.

Calviño está defendiendo también esta reforma como "fundamental" para alcanzar la meta del "pleno empleo" en esta legislatura. Economía destaca que hay puestos que no se ocupan en el mercado de trabajo, con plazas vacantes, pese haber multitud de personas en paro.

El Ministerio de Trabajo rechaza por su parte la visión de que endurecer los subsidios de paro vaya a mejorar la inserción laboral y destaca que las personas dentro del sistema tienen el acceso a los servicios del SEPE (que han de mejorar), mientras que fuera tienen menos apoyo público y están más expuestos a la pobreza y vulnerabilidad social.

El enfrentamiento entre ambas responsables económicas del Gobierno tiene una amplia lista de antecedentes. Una de las broncas más ruidosas afectó a la reforma laboral, cuando Calviño quiso tomar las riendas de la negociación –respaldada por el presidente– una vez que ya estaba avanzada con los agentes sociales. La negociación no solo fue dura con los empresarios, sino también dentro del Ejecutivo.

Otro de los choques más conocidos, y repetidos, afecta a las subidas del salario mínimo interprofesional por las resistencias de la Vicepresidencia económica a incrementos que pudieran dañar el empleo o ralentizar el crecimiento y la actividad económica. Especialmente durante el año 2021, pero también se reflejó el año pasado, en plena crisis de inflación, cuando Economía insistió para añadir un anexo al informe de expertos sobre el salario mínimo que defendía un aumento mucho más moderado (3%). Finalmente, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pactaron un alza del 8%.

En el Ministerio de Trabajo recuerdan que las pugnas han sido constantes, algunas menos públicas como la que afectó a la Ley Rider contra los falsos autónomos en empresas como Glovo y Deliveroo, o a las prórrogas de los ERTE o las medidas de apoyo por la crisis de inflación y la guerra en Ucrania.

De nuevo, el departamento de Yolanda Díaz señala que no es una cuestión partidista, ya que Calviño también se ha opuesto a posiciones del conjunto del Gobierno y del ala socialista, como la defensa de España en la Unión Europea de que la inversión social pueda no computar (o tener ciertos descuentos) de cara al déficit, que ha liderado el ministro José Luis Escrivá.

De la mano de Bélgica, España ha logrado que se alcanzara una opinión a favor de esta medida, que ya ha suscrito la nueva ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, pero en Trabajo lamentan que no ha contado con el apoyo de Calviño, clave de cara al Ecofin y que prospere la medida en la discusión sobre las reglas fiscales.

De cara a la reforma del subsidio, la cuenta atrás ha comenzado. Nadia Calviño ha reiterado que la regulación "es necesaria para que se produzca el cuarto pago de los fondos europeos". Este punto supone que "la reforma debe estar aprobada antes de que termine el año, si queremos mantener el flujo de llegada de fondos europeos", indican desde Economía. Y, aunque Calviño sea elegida para liderar el BEI, "la vicepresidenta puede seguir siendo tal hasta el 31 de diciembre", añaden en su departamento.

Es decir, que Yolanda Díaz y Nadia Calviño tendrán que consensuar una postura. O –como también ha ocurrido en el pasado– que el presidente Sánchez acabe definiendo con la líder de Sumar el planteamiento final de la coalición. En Trabajo subrayan su confianza en que el gobierno progresista recién formado “está comprometido con que no haya ningún recorte en la protección por desempleo”.