Tras el turno del contundente informe de la Fiscalía, que solicita más de sesenta años de cárcel para Rodrigo Rato en el juicio sobre el origen de su fortuna, ha llegado el de las defensas. La abogada del que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP), María Massó, ha tomado la palabra para pedir la libre absolución de su defendido y ha afirmado que la causa que ha llevado a Rato al banquillo por tercera vez es “un castillo de naipes”.
“La acusación se ha elevado sobre imputaciones de renta inciertas, sobre un alzamiento de bienes inventado, se ha construido sobre el análisis exhaustivo de toda la documentación incautada… pero los castillos de naipes caen fácilmente y veremos cuántos soplidos aguante este”, ha sostenido la abogada, que ha criticado que las defensas hayan tenido que “demostrar” su inocencia. “Se sostienen tesis, teoría e hipótesis criminales más propias de quien redacta una denuncia que de quien tiene que acreditar una conducta culpable. Se miran los hechos por parte de las acusaciones de una forma sesgada para mantener tesis irrazonables. Tesis arbitrarias”, ha añadido.
Así, la abogada ha hablado de varios “soplidos” que, a su juicio, desmontarían las tesis acusatorias. El primero es el relativo a la residencia. Las acusaciones sostienen que él era residente en España cuando era gerente del FMI. La cuestión es relevante porque la Fiscalía le atribuye delitos fiscales en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio. Habría defraudado casi 2,5 millones de euros, según los cálculos del Ministerio Público.
Pero, según Massó, Rato no podía ser residente en España “con arreglo a la normativa española”, lo que supone que en esos ejercicios no hubo defraudación tributaria alguna. “Si eso es así, no habría cuota defraudada hasta julio de 2010, y por tanto no hay cuota que blanquear y, por tanto, no hay conexidad”, ha apostillado. Y ha añadido que, de esta forma, decaería lo que ha definido como “monstruosa acusación” de 11 delitos fiscales, puesto que habría que acogerse de nuevo a los plazos de prescripción de cinco años“.
La fiscal Elena Lorente, sin embargo, mantuvo este lunes que aunque residía en Washington su domicilio fiscal estaba en España. “El señor Rato no podía ni tuvo la residencia fiscal americana. Lo que se está aquí pretendiendo es que era un apátrida fiscal, que es el último recurso. Yo entiendo que hay que defender al señor Rato, pero es una defensa que, a mi juicio, roza la absurdez”, dijo la fiscal, que en otro momento de su intervención había tirado de cierta sorna para afirmar que se le tenía que situar “en mitad del océano desde el punto de vista fiscal”.
Otro “soplido” de ese castillo de naipes, siempre según la defensa del exbanquero, sería la la amnistía fiscal a la que se acogió Rato en 2012 y que, a su juicio, “borra el delito”. El Ministerio Público, sin embargo, sostiene que fue un “afloramiento controlado” de su patrimonio porque “necesitaba” traer dinero a España y “llevarlo limpio” a Alemania para sus inversiones en ese país. No obstante, insistió en que declaró “una parte muy pequeña de su patrimonio” y sólo tuvo que pagar a Hacienda 11.000 euros.
